La reforma del depósito legal incluye los videojuegos entre las creaciones registradas para la posteridad

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las funciones del depósito legal. Este instrumento, que preserva y difunde gran parte del patrimonio cultural español, ha actualizado su normativa con 30 votos a favor y cinco en contra, con la única negativa de Vox. Entre las principales novedades destaca la inclusión en el registro de creaciones que hasta ahora no estaban contempladas, como los videojuegos, publicaciones de impresión bajo demanda, catálogos comerciales de librerías y subastas y marcapáginas. Además, la Filmoteca Española pasa a ser considerada como centro de conservación con todos los efectos y la Biblioteca Nacional de España cesará en su papel de inspección y coordinación del resto de los depósitos regionales.

Después de ser aprobada por la Comisión de Cultura, la medida pasará al Senado. Y una vez entre en vigor, todos los videojuegos producidos en España tendrán una copia que quedará en el registro, preferiblemente digital y, si la hubiera, también física. Por el contrario, se prescindirá del registro de las microformas, un formato que ha quedado en desuso.

El depósito legal funciona en España desde 1616, introducido por primera vez para registrar obras impresas en la Corona de Aragón. Tres años después se actualizó para incorporar también las de Castilla, cuando el rey Felipe III concedió a la Real Biblioteca de El Escorial el privilegio de recibir un ejemplar de todo aquel libro que fuera impreso. Un siglo después, en 1716, se actualiza de nuevo, cuando Felipe V extiende este privilegio a la Librería Real, hoy reconvertida en la Biblioteca Nacional de España, que entonces acababa de crearse. El depósito legal, más de 400 años después, se vuelve a actualizar.

La primera gran reforma de este instrumento durante la democracia fue en 1980. No se actualizó hasta 2011, con el fin de incluir a las nuevas tecnologías que habían aparecido. Según el Boletín Oficial del Estado, la función del depósito legal pasa por preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de la cultura de España. Pero, además, también tiene que hacerlo accesible a los ciudadanos para que “contribuya al desarrollo cultural, social y económico de España como sociedad libre y demócrata” y representar “una garantía de libertad de expresión y del acceso a la información”.

El portavoz de la Comisión de Cultura y Deporte y diputado del PSOE, Julio del Valle, ha explicado por teléfono que “todo está sujeto a cambio: desde los periódicos a los libros, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual... Eso hace que se necesiten nuevos instrumentos y nuevos recursos para que el depósito legal pueda seguir teniendo su cometido referencial para toda España en cuanto al depósito de bienes que son patrimonio del Estado”. María del Mar García Puig, su homóloga de Unidas Podemos, ha destacado que los diputados han hecho “un trabajo transversal”, en colaboración con “la Biblioteca Nacional, con la Federación del Gremio de Editores de España, las Comunidades Autónomas, la Asociación Española de Videojuegos y el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro)”, y que “se han dejado guiar por los expertos”.

Desde la oposición, el Grupo Parlamentario Popular, que ha apoyado la reforma tras haber trabajado de manera conjunta con el Gobierno en las enmiendas, ha marcado, sin embargo, su preocupación por las nuevas funciones de la Filmoteca: “Si se desarrolla con la vista puesta en los proyectos acogidos a los fondos europeos Next Generation, estos se deberían aplicar con la necesaria transparencia y sobre todo con el objetivo claro para ayudar al damnificado sector cultural, la creación de empleo y riqueza y el fortalecimiento de las empresas culturales”.

La otra intervención ha sido por parte de Vox, que ha votado en contra por la cesión en las funciones de inspección de la Biblioteca Nacional. El resto de los grupos parlamentarios ha destacado la opinión de esta institución, que aseguraba no tener recursos para llevar a cabo esta supervisión de manera adecuada.