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Europa se pone manos a la obra

Los fondos de Bruselas abren la vía para que las empresas de España participen en proyectos de transporte, energía, agua y edificios

Fondos europeos España
El equipo de construcción (en el que participan empleados de la española Acciona) celebra la conclusión de la excavación de un túnel ferroviario en Noruega.

Bruselas ha lanzado a sus socios comunitarios un salvavidas keynesiano de 800.000 millones de euros para que puedan salir a flote de la crisis de la covid elevando el gasto público. Pero Next Generation EU (NGEU) no es una barra libre. Para usar sus recursos es condición esencial que el dinero se gaste en proyectos alineados con los intereses medioambientales, tecnológicos y políticos del bloque.

En España, las patronales del sector de la construcción han identificado más de 2.000 actuaciones por un total de 145.573 millones que cumplen los criterios del programa y podrían ponerse en marcha para avanzar en la transición energética y los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, el nuestro no es el único país de la UE que va a ponerse en obras con ese doble enfoque. Ya casi todos los gobiernos han presentado a la Comisión Europea ambiciosos planes para poner al día sus dotaciones: desde redes eléctricas que saquen del aislamiento a las islas griegas del Egeo hasta la digitalización del tráfico ferroviario en Finlandia, NGEU promete convertir a esta parte del hemisferio norte en un hervidero de proyectos.

El reglamento de los fondos está sujeto a la directiva comunitaria de contratación pública, así que, mientras cumpla los requisitos de solvencia y capacidad técnica, cualquier empresa de la UE o extranjera puede licitar por los proyectos financiados con el programa. Eso deja campo abierto a las ingenierías y constructoras españolas para competir por las obras que se van a convocar a lo largo y ancho del territorio comunitario en los próximos cuatro años, plazo límite fijado por Bruselas para gastar los recursos.

Por su experiencia internacional en multitud de infraestructuras, las firmas nacionales están en buena posición para hacerse con un puñado de estos contratos. “Llevamos años trabajando en todo el mundo, pendientes siempre de los planes de inversión y de la seguridad jurídica que los países ofrecen. En el caso de los NGEU se conjugan ambas variables, por lo que el interés es máximo”, confirma Concha Santos, presidenta de ANCI, asociación de constructoras no cotizadas.

Araceli García, secretaria general de Tecniberia, asociación de ingenierías, comenta que un aliciente para que las empresas españolas pujen por proyectos del NGEU más allá de nuestras fronteras es que en la UE los servicios de consultoría se retribuyen mucho mejor que en España, donde los precios de los contratos públicos son “especialmente bajos”. “En Noruega se paga el doble que aquí, donde no se le da a la ingeniería el valor intelectual que tiene. En momentos como este, en que la oferta es muy alta, eso puede ir en detrimento de los intereses nacionales”, advierte.

Pese al filón de negocio que abrirá el NGEU al sector, el impacto que tendrá en la cartera europea de las empresas variará dependiendo de cómo encajen esas obras en la estrategia de cada una. Desde Ferrovial, por ejemplo, reconocen que, si bien siguen de cerca las distintas oportunidades que van a surgir, su foco continúa puesto en sus mercados más grandes: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Polonia, Chile, Colombia y Perú. “Nos centramos en los países en los que tenemos las capacidades adecuadas, como son España y Portugal”, puntualizan.

Desde Sacyr, por su parte, esperan que los fondos NGEU incrementen su cartera en Italia y Portugal, sus mercados europeos prioritarios. “Los principales proyectos a los cuales licitaremos serán ferroviarios y de agua. En los países escandinavos, sobre todo Suecia y Noruega, valoramos oportunidades en tren y metro, en los que hay inversiones importantes en marcha”, precisan.

Llevar en la hoja de servicios obras como el AVE de California, el metro de Riad o los túneles de Follo Line en Noruega, es una carta de presentación que abre puertas en cualquier parte del mundo. García, de Tecniberia, apunta que, si acaso hay una barrera en la UE, esta es la diversidad de normativas locales y de idiomas. Al respecto, José María Blasco, director de infraestructuras de Icex, recuerda que las empresas deberán prepararse para entregar documentación y ofertas en idiomas diferentes al inglés, por ejemplo, en Alemania. Además, deberán cumplir estándares ambientales, laborales, de salud y seguridad más altos que los exigidos en destinos extracomunitarios, todo lo cual hace conveniente que refuercen sus equipos con personal especializado.

Fuentes de Acciona coinciden en que la clave para ganar las licitaciones será el conocimiento del mercado: cadena de suministros, subcontratistas, legislación nacional… “Y, por supuesto, contar con socios locales, que siempre son garantía de éxito. Por ejemplo, en Italia existen empresas que trabajan internacionalmente, como Ghella, Webuild o Pizzarotti, que unas veces son aliados y otras, competidores, pero que siempre aportan valor a los proyectos, mucho más si estos se van a desarrollar en su propio país”, refieren.

A continuación, algunos de los proyectos que los NGEU pondrán a tiro de las empresas españolas en los diferentes países de la UE:

Ayuntamientos, oportunidades y papeleo

Los ayuntamientos ejecutan alrededor del 45% de la inversión pública de la UE, según un informe del Banco Europeo de Inversiones. “A pesar de los esfuerzos generalmente crecientes en términos de inversión en infraestructuras en los tres años anteriores al verano de 2020, la mayoría de los municipios señalan brechas. Las principales oportunidades están relacionadas con el cambio climático, la digitalización y el transporte urbano”, dice Joan Basora, jefe de división del sector público e instrumentos financieros del BEI.
Dado que será en este nivel de la Administración donde se va a concentrar el grueso de las actuaciones, la dispersión normativa puede llegar a suponer un handicap importante, ya que los proyectos de infraestructura suelen requerir largos plazos de tramitación para la obtención de licencias y permisos. “Las autoridades y las empresas tenemos que trabajar coordinadas con el objetivo de que se puedan ejecutar íntegramente los fondos en los plazos marcados”, expresa Santos, de ANCI. 
Fuentes de Acciona exponen que en España, de los 19.013 millones ya recibidos, 17.228 millones ya están comprometidos, y 11.247 millones, asignados a las comunidades. “Pero no es lo mismo decidir a qué se va a destinar el dinero que desembolsarlo realmente, para lo que se necesitan recursos humanos y una buena coordinación con las administraciones y los bancos. Detrás de estas cifras hay problemas, tanto de gestión como de excesiva burocracia, que no solo confunde a los potenciales beneficiarios de las ayudas, sino que también dilata los tiempos”, avisan. “España no es la excepción: todos los países arrastran problemas. Claro que algunos como Francia o Alemania tienen más margen para endeudarse y adelantar dinero”, matizan.
Los gobiernos han intentado responder a esta preocupación con medidas que aceleren la tramitación de los proyectos. España ha eximido a estas obras de la autorización del Consejo de Ministros para su contratación y permitido su despacho de urgencia cuando las circunstancias impidan hacerlo de manera ordinaria en plazo. Francia también ha simplificado sus procedimientos y ha implementado un comité de evaluación que emite un informe periódico de seguimiento. En Italia se han reforzado las plantillas de empleados públicos y los fondos están sujetos a licitaciones competitivas que convoca el Gobierno central, mientras que en Portugal se publica información actualizada sobre su ejecución. 

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