El ‘caso IVAM’, visto para sentencia: entre la cárcel por malversar y el derecho del heredero a reproducir obras de arte como originales

Visto para sentencia. El juicio por el presunto fraude en la compra-donación de 98 obras de arte de Gerardo Rueda (1926-1996) por parte del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) en 2004 y 2006 por 3,4 millones de euros ha concluido este martes con la lectura de las conclusiones de las partes. En el banquillo, la exdirectora del museo entre 2004 y 2014, Consuelo Císcar, el que era su director financiero, Juan Carlos Lledó, y el heredero del artista, José Luis Rueda. La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido la petición de penas de cárcel de seis años (como autora), cinco y medio y cinco (como cooperadores necesarios), respectivamente, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, además de una multa de 144.000 euros para Císcar y de 63.000 para Lledó. Y ha reducido la responsabilidad civil de los tres acusados de 3,4 a 1,8 millones de euros, debido a un último informe de los peritos judiciales Begoña Torres y Rosario Peiró.

Estas integrantes de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura constatan que entre las 90 obras donadas, 36 fueron hechas en vida por el artista, por tanto, son originales, y se valoran en 1,6 millones de euros. El resto no las consideran originales, no las valoran al no tener documentación sobre ellas. 44 piezas fueron fundidas y realizadas 10 años después de la muerte del artista. El IVAM se gastó en su fundición medio millón de euros.

Las defensas han pedido la absolución porque consideran que la operación cumplió con la legalidad y el heredero tiene el poder de fundir y reproducir las obras de su padre adoptivo, póstumamente, en un tamaño monumental y en materiales muy diferentes a los concebidos por el escultor. Debido a sus dimensiones, muchas de estas piezas se encuentran almacenadas en un centro logístico de la Generalitat.

Por el juicio, celebrado en la Audiencia de Valencia, han desfilado durante 14 sesiones como testigos trabajadores del museo, funcionarios, expertos, policías y como peritos diversos expertos que se han centrado en la naturaleza de una obra materializada tras la muerte del artista, con tamaños y materiales diferentes, sin firmar, sin estar seriada y sin unas especificaciones claras del autor. También se ha intentado esclarecer si el valor de esta se corresponde con el de un original. Sobre la primera cuestión, ha habido disparidad de opiniones. Sobre la segunda, apenas. El valor de una obra hecha en vida por el artista es superior al de una póstuma, según la opinión mayoritaria, manifestada, por ejemplo, por el exministro de Cultura y exdirector del Museo Reina Sofía, José Guirao.

Según la “práctica habitual” de los principales museos públicos del mundo y el “código deontológico” más extendido, las reproducciones no se pueden considerar originales, como argumentaron reiteradamente las peritas Begoña Torres y Rosario Peiró y los expertos y comisarios de exposiciones Josep Salvador, Jaime Brihuega, Javier Pérez o el exdirector de la Tate Modern Vicente Todolí.

Favorables a la originalidad o la autenticidad (a veces se diferenciaba entre ambos conceptos, otras no) de las reproducciones fueron Tomás Llorens, primer director del IVAM (se reprodujo su testimonio de 2018 durante la instrucción, ya que murió el pasado junio), el tasador Jaime Lavagne y el representante del fondo de capital riesgo Solomon, Ángel Enciso, como testigo. Todos ellos incidieron en que la Ley de Propiedad Intelectual ampara su posición. El experto legal Rodrigo Bercovitz subrayó que la norma se refiere “a la obra intelectual, al bien inmaterial”, independiente del soporte físico. Si este cambia, la reproducción sigue siendo original cuando cuenta con la autorización del artista o de su heredero.

En sus conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que para la adquisición de obras de arte son preceptivos informes de los conservadores del museo sobre la idoneidad y el precio, pero los “expedientes que obran son simulados”. “El único trámite preceptivo para la compra de obras no se celebró”, apunta en alusión a la reunión de la comisión de adquisiciones y a los testimonios de los trabajadores del museo en el juicio. “No discutimos los derechos que tiene el heredero de reproducir las obras, sino el valor de la obra creada cuando el heredero la reproduce sin respetar la voluntad del artista”, señala.

La acusación de la Abogacía de la Generalitat se ha sumado a la conclusión de la Fiscalía, y se ha preguntado por qué se ocultó al consejo rector del IVAM que las obras debían ser fundidas. “Si se hubiera especificado en los contratos”, el supuesto sería diferente, ha indicado el letrado, que ha incidido en la naturaleza de reproducción sin límites de una obras. La acusación popular también se ha sumado a la conclusión y petición de penas de la Fiscalía.

El abogado de Consuelo Císcar ha afirmado que “la ejecución por parte del heredero es legal y es muy clara la Ley de Propiedad Intelectual”. Y las acusaciones se basan en “códigos éticos que no están contenidos en leyes ni están consensuados”. Ha incidido en que las obras reproducidas son auténticas, apoyándose en el auctoritas de Tomàs Llorens, que colaboró con Ciscar en su etapa del IVAM y en que la operación fue muy ventajosa para el museo, haciéndole ganar más de tres millones de euros, según las valoraciones y pagos que ha realizado. Ha concluido que no ha habido ningún delito, si acaso alguna mera irregularidad administrativa.

El letrado de Lledó ha asegurado que su defensor ha sido acusado solo por ser el director financiero, “no por su participación”, porque nadie le ha reprochado “actuación alguna”. Ha abundado en que la Intervención de la Generalitat no encontró ningún hecho delictivo.

También ha insistido en este aspecto el representante de José Luis Rueda, hijo adoptivo del artista, al que conoció con 14 años, según declaró él mismo en el juicio. El abogado ha sido muy incisivo con algunos testigos, entre ellos los policías, la acusación y los peritos, y ha atribuido el juicio “a la represión por el cambio político que se ha producido en esta Comunidad Valenciana”, en alusión a que Ciscar fue nombrada directora del museo por la Generalitat gobernada por el PP y que, desde 2015, la institución está en manos de la izquierda.

“No ha importado nada aquí saber la verdad”, ha dicho el abogado, antes de insistir en las intervenciones de Llorens y, sobre todo, en los expertos legales, como el “catedrático Rodrigo Bercovitz”, para incidir en la legalidad de toda la operación y en la condición de originales de las obras. También ha acusado a Joan Llinares, actual director de la Agencia Valenciana Antifraude, de presentar el informe de la Intervención a la Fiscalía.

Consuelo Císcar ha vuelto a tomar la palabra, tras el primer día, para persistir en su inocencia. “Las obras son auténticas, legales y válidas”, ha afirmado. “Estoy orgullosa de uno de los periodos más brillantes del IVAM, durante mis 10 años de dirección”. “He permanecido estoica ante el linchamiento mediático y la polémica creada artificialmente”, ha añadido antes de quebrarse al recordar su “sufrimiento” y el de sus amigos. Císcar admitió en verano haber usado el IVAM en beneficio de su hijo artista, Rablaci, en una sentencia de conformidad de un año y medio de cárcel que no le obligaba a ingresar en prisión.

Juan Carlos Lledó y José Luis Rueda también han tomado la palabra para reiterar su inocencia y los argumentos expuestos por sus defensas. “No he malversado ni he consentido que se malversase ni un euro”, ha dicho el primero. “Mi padre no se merece todo esto. Mi padre era una artista: hizo maquetas, esculturas, collages, bastidores, monocromos, maderas... Julio González hizo esculturas. Y cuando alguien tiene esas capacidades es muy importante tenerlo en cuenta”, ha destacado el segundo.