El Ministerio de Asuntos Pendientes de Rodríguez Uribes
La pandemia lastró los resultados del mandato de año y medio del exministro de Cultura y Deporte, que deja tras de sí escasa producción legislativa y promesas por cumplir: desde el cierre del acuerdo con la baronesa Thyssen al Estatuto del Artista
José Manuel Rodríguez Uribes tomó posesión como ministro de Cultura y Deporte, cargo del que ha sido relevado este sábado, a finales de enero de 2020. Recibió la cartera de José Guirao, hombre, este sí, bregado en la gestión cultural que había estado un año y medio en el cargo, la tercera parte del tiempo en funciones. El mundo de la cultura recibió a Rodríguez Uribes como a un extraño. Filósofo del Derecho y autor de libros sobre asuntos como la laicidad, parecía más un hombre de partido (fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y forma parte de la comisión ejecutiva federal del PSOE) que alguien de los suyos. A su aterrizaje no contribuyó que, poco más de un mes después, llegara la pandemia y mandara pararlo todo, con lo que a su falta de experiencia hubo que añadir un ministerio vacío, además del cierre de teatros, cines, librerías y museos, y una crisis que atacó los medios de subsistencia de gran parte del mundo de la creación.
La comparación con la reacción que otros países tuvieron en esas primeras semanas de estupor en defensa del sector, especialmente Francia y Alemania, donde rápidamente llovieron los millones, le generó las primeras críticas, que trató de paliar dando la cara en reuniones telemáticas y con una comparecencia en la que una cita cinéfila (su gran pasión) a Orson Welles (“Entre la vida y el cine, elijo la vida”) le jugó una mala pasada. El Gobierno acabó destinando 76,4 millones de euros a la protección del sector cultural.
Esa ha sido una de las constantes estrategias de su fugaz carrera al frente de la cultura en España; dejarse ver. Detectó un déficit de representación en los actos de todo tipo y se prodigó en festivales de cortos, obras en marcha en Almería o encuentros de flamenco y música andalusí. Era su forma, decía, de acercar su cargo a “lugares donde nunca habían visto un ministro ni en pintura” y de apoyar la idea de que la cultura era segura en tiempos de pandemia. Tuvo parte en el mérito de haber conseguido, frente a otros países europeos, que los ciudadanos españoles encontrasen solaz en la cultura, una vez pasado el confinamiento estricto, en los museos, los teatros (especialmente el Real, que cuajó una gran temporada sin casi interrupciones) y los cines abiertos.
En el último tramo de su mandato, siguió dándole vueltas en sus comparecencias al famoso Estatuto del Artista, que nunca llegó y de momento queda aplazado a 2022, pero al menos pudo anunciar la inminente reforma de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Se trata de una norma que en 1985 resultó ejemplar en su formulación, aunque andaba necesitada de adecuación al siglo XXI para proteger nuevas realidades como el patrimonio inmaterial, el cinematográfico o el subacuático.
En materia de protección del patrimonio, su equipo estuvo acertado en la gestión del supuesto caravaggio aparecido en una casa de subastas madrileña con un precio de salida de 1.500 euros. El ministerio blindó con rapidez su salida de España. También se mostró activo en la resolución de la crisis del Sidereus Nuncius, de Galileo, robado de la Biblioteca Nacional en 2014 y denunciado en 2018. Pero, al final, ha resultado ser otro caso que ha quedado abierto en la bandeja de pendientes de su sucesor, Miquel Iceta, otro hombre alejado del sector cultural.
Uribes también estaba llamado a ser el ministro de Cultura que por fin iba a ponerle el cascabel al gato de la colección de Carmen Cervera. Llegaron en enero a un acuerdo para alquilar las obras durante 15 años. A finales del mes pasado anunciaron una tercera prórroga y Uribes, durante su visita a Arco esta semana, aseguró que la firma, lastrada por diferencias entre la baronesa y su hijo, y entre los deseos fiscales de aquella y las exigencias de la Abogacía del Estado, era “inminente”. El traspaso de carteras añadirá, a buen seguro, más tiempo a la consecución de un pacto que ha pesado a 11 ministros del ramo, desde el primero, Mariano Rajoy, allá por 1999.
Se despide, además, con la entrada de Picasso en el Museo del Prado, un tabú hasta ahora en la división de las colecciones entre la pinacoteca y el Reina Sofía, fruto de una generosa donación de la familia Arango, que puso como condición que tuviera ese destino.
También queda en el aire la transposición de la normativa europea de derechos de autor, llamada a crear un ecosistema de compensación más justa por los contenidos culturales en plataformas como Google y Facebook, así como la creación de la Agencia Estatal del Cine, cuya negociación ha empezado su andadura este mes. También inició la reforma de la Ley del Cine, que está en el proceso de la consulta pública. Podría estar terminada en 2023.
La relación entre Uribes y los toros, por su parte, ha estado marcada por las buenas palabras, los sonrientes y cordiales codazos en situación de pandemia y una nula gestión en favor de la tauromaquia. El ya exministro de Cultura se reunió con la Fundación del Toro de Lidia (FTL) cuantas veces su presidente, Victorino Martín, se lo demandó, la escuchó, tomó nota de sus reivindicaciones y no hubo más. En mayo de 2020, la FTL le hizo entrega de un documento con 37 medidas a favor de la tauromaquia, del que no se ha vuelto a tener noticia. En octubre del pasado año, provocó un serio revuelo en el sector al señalar en una entrevista que “desde el Ministerio de Cultura entendemos que no podemos ni debemos prohibir la tauromaquia, porque está reconocida como patrimonio inmaterial por leyes de estos años pasados, pero tampoco me parece que yo deba fomentar ir a los toros... Yo creo que mi deber es de respeto institucional, pero creo que tampoco debo animar a la gente a ir a los toros”.
Con motivo de la negativa del Ministerio de Trabajo a reconocer a los toreros como artistas y, en consecuencia, a que tuvieran derecho a ayudas con motivo de la pandemia, Rodríguez Uribes los apoyó en sede parlamentaria, y los animó, simplemente, a recurrir las solicitudes denegadas.
En la parte relativa al deporte, la salida de Uribes no afectará, en principio, a los actuales responsables del Consejo Superior de Deportes (CSD), que han recibido del presidente Sánchez y del nuevo ministro, Miquel Iceta, la garantía de que no habrá cambios, según informa Carlos Arribas.
Al frente del CSD seguirán José Manuel Franco, secretario de Estado, y el director general, Albert Soler. A dos semanas de los Juegos de Tokio (del 23 de julio al 8 de agosto), Franco, el tercer secretario de Estado de Deportes de la época de Pedro Sánchez, dispondrá, pues, de la continuidad necesaria para seguir con el diálogo abierto con las diferentes federaciones, sacar adelante la nueva Ley del Deporte, pergeñada ya por María José Rienda hace tres años durante su etapa como presidenta del CSD, y seguir la tramitación parlamentaria de la nueva ley antidopaje.
