Más de 250 historiadores desmontan las acusaciones de Vox contra Largo Caballero y Prieto

Más de 250 profesores de Historia Contemporánea de universidades españolas y extranjeras han publicado un detallado “informe técnico”, con 13 puntos, que responde a la propuesta de Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de retirar las calles, placas y estatuas de los dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto de la capital. Los historiadores señalan que su texto está sustentado “en investigaciones de solvencia acreditada entre la comunidad científica”. En él aseguran que la iniciativa de Vox, “más allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa mayoría de los mismos, recurre a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”. Los investigadores se muestran dispuestos “a aportar pruebas documentales” de sus afirmaciones. Eduardo González Calleja, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha recopilado las firmas, ha asegurado a EL PAÍS que no quieren “hacer política”, sino “forzar a que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tome una decisión con arreglo a escuchar a los que saben de estos temas”. “Se han adherido casi todos los catedráticos de Contemporánea de universidades españolas”. Entre los firmantes se encuentran José Álvarez Junco, Julián Casanova, Matilde Eiroa, Gutmaro Gómez Bravo, Emilio La Parra, Xosé M. Núñez Seixas, Juan-Sisinio Pérez Garzón, Paul Preston y Ángel Viñas.

Los primeros puntos del documento se extienden sobre la figura de Francisco Largo Caballero (secretario general de la UGT de 1918 a 1938, presidente del PSOE de 1932 a 1935, ministro de Trabajo de abril de 1931 a septiembre de 1933 y presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra de septiembre de 1936 a mayo de 1937, ya durante el conflicto). Del político madrileño se afirma que “solo fue condenado en una ocasión: por el consejo de guerra que dictó sentencia por sedición contra el comité organizador de la huelga general de agosto de 1917”. Una condena por delito político “y no por pillaje como asevera Vox”. De aquellos hechos se añade: “Los dirigentes del PSOE y la UGT exigieron un Gobierno provisional que convocara Cortes constituyentes” y dieron instrucciones “en las que se insistía en que el paro fuera indefinido y pacífico, y ordenaron que solo se emplease la violencia en acto de legítima defensa”. Las fuerzas del Ejército “provocaron la muerte de no menos de 55 huelguistas y 62 pacíficos transeúntes”. Largo Caballero fue condenado a cadena perpetua, pero se benefició de la amnistía del 8 de mayo de 1918, “como consecuencia de su elección como diputado en los comicios del 24 de febrero”.

Posteriormente, fue imputado por la jurisdicción castrense por “un presunto delito de rebelión militar, a raíz de los preparativos de la Revolución de octubre de 1934” en Asturias. Sin embargo, los historiadores recuerdan que “tras la presentación de un recurso (...)", la Sala Segunda del Tribunal Supremo “le absolvió de los cargos por falta de pruebas” en noviembre de 1935.

Sobre otra cuestión recurrente en historiadores y medios de derechas, “el oro de Moscú”, los historiadores dicen que “ni Largo Caballero, ni [Juan] Negrín ni Prieto robaron las reservas del Banco de España, sino que, en acto de legítima defensa, las emplearon en la adquisición de armas para sostener la resistencia de la democracia republicana contra el golpe militar-monárquico-fascista, como está demostrado documentalmente desde hace más de medio siglo”.

Durante el mandato de Largo Caballero como presidente del Gobierno no se "cometieron las mayores atrocidades en la zona republicana”, como asegura Vox, “sino todo lo contrario: la recuperación de la autoridad del Estado con la eliminación de las milicias de vigilancia en retaguardia y la limitación de la represión política (habitual en toda guerra) por medio de los tribunales populares”, replican los historiadores.

“Deriva revolucionaria”

El informe se centra en Prieto a partir del punto 10. La afirmación de Vox de que la llegada del asturiano a la presidencia del PSOE, en 1935, “supuso el comienzo de una deriva revolucionaria y radical junto a Largo Caballero como secretario general de UGT, es errónea: fue en 1933-1934 cuando Prieto se sumó a la vía revolucionaria dominante en el PSOE, pero desde el verano de 1935 son de sobra conocidas sus discrepancias con Largo, con quien mantuvo un tenso forcejeo político que tuvo como momento culminante el veto, el 11 de mayo de 1936, del grupo parlamentario socialista para la formación de un Gobierno bajo su liderazgo”. A continuación se le exime de cualquier responsabilidad en la detención y asesinato del político conservador José Calvo Sotelo en Madrid solo cinco días antes de la sublevación de Franco y otros militares contra el Gobierno del Frente Popular en la Segunda República.

Los historiadores rebaten que la propuesta de Vox, apoyada por el PP y Cs, cite como argumento el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se ordena a las administraciones “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Los expertos señalan la incongruencia de acusar a “figuras políticas que se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la Guerra Civil y por ser víctimas de la dictadura”.

Por último, recuerdan que Vox justificó su propuesta en una resolución del Parlamento Europeo, de septiembre de 2019, de condena a los regímenes totalitarios y a sus representantes, cuando fue “la democracia republicana la que se defendió con todos los medios legales a su alcance del ataque del militarismo y el fascismo”.