Operación blanquear el franquismo

En el escrito en el que justifica su moción de censura contra Pedro Sánchez, Vox asegura que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la aplicación de Ley de la Memoria Histórica de 2007, “retiró todos los honores a personajes de la derecha [del periodo] 1931-78”. Sin embargo, si se pasea por muchas ciudades de España, uno se encuentra con calles dedicadas a Niceto Alcalá-Zamora (Madrid), Diego Martínez Barrio (Sevilla), Manuel Portela Valladares (Getafe) o Miguel Maura (Leganés). Todos ellos fueron políticos de derechas, pero leales a la República. También las hay dedicadas a personajes que empezaron siendo franquistas y defendieron luego la democracia, como Dionisio Ridruejo o Joaquín Ruiz-Giménez. Las que se han ido cayendo con cuentagotas del callejero, aunque quedan unas cuantas, son las avenidas de José Antonio y el Generalísimo y las placas de homenaje a los generales que encabezaron la sublevación del 18 de julio de 1936.

El rechazo a la ley de la memoria histórica es una de las señas de identidad de Vox desde su fundación, en 2014, y el hecho de que Mariano Rajoy no la derogase durante su mandato, una de sus más amargas críticas al PP. Sin embargo, el líder del partido, Santiago Abascal, ha evitado tradicionalmente meterse en el charco de justificar la dictadura y, cuando ha sido preguntado, ha insistido en que se trata de agua pasada que la izquierda se empeña en remover como cortina de humo. “Vox no tiene una postura sobre la Guerra Civil y el franquismo. Los españoles tenemos derecho a interpretar nuestro pasado cada uno como quiera”, declaraba en 2018.

La decisión de promover en el Ayuntamiento de Madrid la retirada de las calles dedicadas a Largo Caballero e Indalecio Prieto responde a un cambio de estrategia. Retorciendo el artículo 15 de la ley, que pide eliminar los símbolos de “exaltación de la Guerra Civil”, Vox ha tratado, con apoyo del PP y Ciudadanos, de poner en la picota a las dos principales figuras del socialismo español de la primera mitad del siglo XX. Ya lo intentó Javier Ortega Smith, cuando acusó a las 13 rosas (las jóvenes socialistas fusiladas en Madrid al inicio de la posguerra) de “torturar, asesinar y violar”, una falsedad tan grosera que el fiscal ha pedido al Supremo que actúe contra el secretario general del partido ultra por un delito de odio.

La ofensiva contra Indalecio Prieto y Largo Caballero ha sido una reacción ante la decisión del Gobierno de aprobar una nueva ley de Memoria Democrática, que amplíe y sustituya a la de Zapatero, reconocen fuentes de Vox. Pero el objetivo va más allá: se trata de contraponer un relato alternativo al que ha construido la investigación histórica más rigurosa, que la nueva ley quiere enseñar en las escuelas.

No se trata solo de subrayar los crímenes (reales algunos, imaginarios otros) de la izquierda española en los años treinta del siglo pasado, sino de cuestionar que el levantamiento del 18 de julio fuera un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo. El texto que justifica la moción de censura culpa a la izquierda de haber hecho “descarrilar” a la Segunda República con la quema de iglesias de 1931 y la Revolución de Asturias de 1934, y de haber ganado el poder en febrero de 1936, “adulterando las actas de las elecciones”.

El minucioso trabajo publicado en 2017 por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García (Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular) confirmó la manipulación de actas electorales de algunos distritos en favor de la izquierda, pero eso no supone que una derecha que se presentaba dividida y estaba lejos de formar un bloque homogéneo tuviera posibilidad alguna de gobernar, como ya advirtió el historiador Santos Juliá.

La teoría de que el Gobierno de la Segunda República era ilegítimo, fruto de un pucherazo, sirve a Vox para obviar que la rebelión militar fue un golpe de Estado. Según el relato de su moción de censura: “La sociedad española se dividió en los años treinta en dos mitades, que lucharon a muerte en una guerra fratricida”. Una guerra en la que ninguno de los dos bandos tendría superioridad moral o legal sobre el otro.

En el manifiesto que en el verano de 2018 suscribieron varios centenares de militares en la reserva, se proclamaba que Franco asumió, “en un momento crucial para la supervivencia de la Nación española, la responsabilidad que le entregaron sus compañeros de armas para ejercer el mando único de la España agredida y asediada por el comunismo internacional”. Dos de los firmantes de aquel manifiesto, los exgenerales Rosety y Asarta, se sientan hoy en los escaños de Vox en el Congreso.

El texto registrado por el partido ultra en el Parlamento no va tan lejos, pero atribuye al Gobierno de Sánchez el propósito “de identificar eternamente a la España de izquierdas con la libertad y la democracia y a la de derechas con el crimen y el fascismo”. Lo que obvia es que hubo españoles de derechas que se alinearon con la libertad y la democracia frente al fascismo.

El pasado 9 de septiembre, Abascal sorprendió a todos al asegurar en el pleno del Congreso que el Gobierno actual es “el peor que ha tenido España en 80 años”, incluidos los de la dictadura. No fue un lapsus. Se trataba de homologar al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (al que tacha de “ilegítimo y criminal”) con los del Frente Popular. Y de trazar una línea que no separe a las fuerzas políticas entre demócratas y antidemócratas, sino entre derecha e izquierda. Solo así puede Vox no quedarse solo en su moción de censura.