Camisetas a 9,95 con ilustraciones pirateadas

“Sinceramente, ocurre todo el tiempo. No pasa un día sin que alguien robe su trabajo a un artista. Eso mata nuestra profesión y nos frustra más que nunca”, asegura el ilustrador francés de 32 años Jeremy Combot. Lo hace tras descubrir que cuatro de sus dibujos se están vendiendo, estampados en camisetas, a 9,95 euros, en la cadena de ropa femenina low cost Mulaya, con 24 tiendas en Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona y otra online. No es el único, este periódico ha comprobado en los últimos días que hay en sus tiendas 11 modelos de camisetas con dibujos de ocho autores —de Francia, Austria, Canadá, Italia, Reino Unido y Holanda— que aseguran que nunca dieron su permiso para ello. Informada la empresa al respecto, responde por correo electrónico: “El tema que nos dice está siendo gestionado con nuestro departamento legal que ya contactó con los autores para solucionarlo”.

José Eugenio Martín de la Vega, abogado de la compañía, matiza después por teléfono que solo uno de los ilustradores se ha puesto contacto con ellos para reclamar y que se han retirado de la venta “de forma preventiva” las camisetas con su dibujo hasta que hablen con su proveedor. “Nosotros se lo compramos a un fabricante y lo primero que tenemos que hacer es hablar con él. No sé si me va a enseñar alguna autorización [para usar los dibujos]. En todo caso, será responsabilidad suya si lo han copiado; nosotros no lo confeccionamos”, asegura Martín de la Vega. La mayor parte de las camisetas en cuestión proceden, según sus etiquetas, de un mismo fabricante: Prodtex Clothes S. L., con sede en el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, en Madrid. Este periódico ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con dicha empresa.

Sí ha hablado con seis de los ocho artistas afectados: el propio Combot, Marialaura Fedi, Petra Braun, Bodil Jane, Janice Sung y Poppy Magda. Todos ellos profesionales de la ilustración y el diseño, muestran su intención de contactar con Mulaya para quejarse —como los responsables de su venta al público—  y se declaran indignados con algo que, aseguran, ocurre constantemente en su campo: alguien coge un dibujo suyo, seguramente de Instagram o de su web, y lo empieza a vender sin preguntar en una mochila, un póster, una camiseta... Normalmente, explica desde Ámsterdam Bodil Jane, las empresas retiran el producto inmediatamente al ser avisadas, aseguran que no sabían lo que estaba ocurriendo y apuntan al proveedor. “Y nunca hay una fuente clara. Es casi imposible saber dónde empezó todo. En este caso, no creo que empezara Mulaya”, señala.

En definitiva, que más allá de mandar cartas de desistimiento, el coste y los esfuerzos suelen exceder el posible beneficio de llevar el asunto a los tribunales, sobre todo cuando se trata de pleitos transnacionales. "El problema viene si quien infringe los derechos de autor está en otra jurisdicción. Ahí ocurre lo de siempre: quien tiene medios puede ejercer su derecho, quien es pobre de solemnidad añade a su pobreza el tener que soportar la injusticia", dice el abogado experto en propiedad intelectual Javier de la Cueva. "Lo que pudiera existir [en este caso] es una infracción de los derechos propiedad intelectual que puede ser plagio, en el caso en el que quien copia además de copiar se atribuye una autoría que no es suya, o una copia ilícita, que son los casos en que el autor no le ha dado permiso al copista", añade.  

Carla Berrocal, presidenta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM), explica que en España se suele llegar a acuerdos extrajudiciales con las empresas, porque la compensación final se hace en función de lo que habría obtenido el artista al venderlo y no por lo ganado por la marca. Reclama multas y que se desarrolle el punto del Estatuto del Artista que permitirá a agrupaciones como la suya ejercer como asociaciones de consumidores. “Que el pez pequeño pueda defenderse del pez grande”, dice.

Varios empresarios del sector minorista —que prefieren no dar sus nombres— aseguran por su parte que ahora mismo no tienen capacidad ni herramientas para asegurar la procedencia de todos los productos que compran a sus proveedores, por lo que quizá también sería necesario alguna especie de mecanismo o certificado de buenas practicas de propiedad intelectual que poder pedirles.