El Museo de Lleida pide que el juez desestime la demanda de Barbastro por “falta de pruebas”

Ha quedado visto para sentencia la causa civil para dirimir la propiedad de 111 obras de arte proveniente de un centenar de parroquias que en 1995 se segregaron de la diócesis de Lleida y pasaron a la de Barbastro-Monzón, de nueva creación. El patrimonio lleva más de un siglo en el Museo de Lleida y ahora el obispado de Barbastro y el Gobierno de Aragón piden que se devuelva a las parroquias escindidas. Por eso, pusieron una demanda (en nombre de 43 parroquias de Huesca) en febrero de 2018 que ha llevado a declarar, además de peritos y expertos, a tres obispos en los juzgados de Barbastro (Huesca). Tras una primera jornada maratoniana, esta mañana se han leído las conclusiones de los abogados en las que han vuelto a dejar patentes los puntos de vista que los han enfrentado y que el juez tendrá que llevarle a emitir una sentencia.

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Puntos de vista contrarios e irreconciliables. Mientras que para la parte aragonesa, el obispado de Lleida no ha podido demostrar con títulos de compraventa ser el propietario de las obras, la parte demandada salía contenta de los dos días de vista al entender que toda la documentación aportada por ellos, sobre todo las más de 350 cartas entre el obispo Josep Meseguer y los párrocos de estas iglesias de comienzos de finales del siglo XIX y comienzos del XX en las que quedaba claro que vendían estas piezas a cambio de poder arreglar sus iglesias o de nuevos elementos para el culto, porque aquellos objetivos estaban “arruinados”, “indecorosos” o "en desuso”.

Esta documentación y las sentencias eclesiásticas que se han producido durante dos décadas (todas dando la razón a Aragón), desde que comenzaron las reclamaciones, centraron la intervención de los abogados de las dos partes. Mientras que desde Barbastro-Monzón sustentaron casi toda su intervención en estos decretos y su validez; desde Lleida dijeron que las sentencias de un estado extranjero como es el Vaticano no tienen jurisdicción en España, como ya se manifestó el juez del mismo juzgado de Barbastro en 2010.

Joaquín Guerrero, abogado del Barbastro Monzón, ha asegurado: “No hay documentos ni títulos que acrediten la venta, pero la defensa, muy inteligente, va por el hecho de que las sentencias de la Iglesia no tienen validez en España. Tampoco el hecho de que los diferentes obispos leridanos hayan asegurado que por ellos entregarían las obras, pero se lo impide el resto de administraciones que forman parte del museo leridano”.

Por su parte, José Luis Gómez, abogado del obispado de Lleida aseguraba: “En un litigio de 25 años las posiciones se han puesto en su sitio. El obispo de Lleida no retiene las obras, eso ha quedado claro. También ha reivindicado la propiedad de las piezas dentro del derecho civil y por eso hemos presentado una abundante documentación, más de 4.000 folios con los contratos, uno a una de todas las piezas”.

“Es una causa muy compleja, casi 12.000 folios, pero pese a eso estamos convencidos de que se han aportado argumentos sólidos y robustos”, explicó Jordi Vives, abogado del consorcio del museo leridano que pidió al juez en sus conclusiones que no acepte la demanda “por falta de pruebas”. “En realidad son varias nulidades. En esencia lo que el obispado de Barbastro es que apela a unas resoluciones canónicas que no son eficaces, por lo tanto, eso es definitivo. El otro dato que se omite es que hay otra sentencia del tribunal español del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que declara de forma firma que las piezas no pueden salir del museo en las condiciones en las que propone el obispado de Barbastro. Es firme y se debe cumplir. No puede haber discusión en algo que ya se ha zanjado en el año 2008”.

Durante la vista ha planeado el caso de los bienes de Sijena, el otro pleito que enfrenta a Cataluña y Aragón desde hace años. “Se trata de un depósito de obras como ocurre con las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de esta localidad, donde no hay contrato de venta”, dijo el abogado del Gobierno de Aragón. Frente a eso, Vives aseguró que se habla siempre de “depósito de las obras” y no de “venta”, pero en realidad no hay documento alguno que hable de obras depositadas. Y lanzó el guante a los representantes aragoneses: “Tendrán que demostrar que las obras están en depósito con documentos, pero no han presentado ninguno que lo acredite”. En realidad, prosiguió Vives, “releyendo la documentación de cada una de las piezas, queda claro que los párrocos nunca manifiestan su voluntad de recuperar los bienes, porque en ese momento los objetos ya solo tenían un valor económico e incluso el último valor que tenían era que con su venta podrían ayudar a solucionar problemas de la iglesia o comprar nuevos objetos litúrgicos”. “Es por eso, por ser objetos que no tienen un valor artístico en ese momento por lo que no se pide permiso a la Santa Sede para su venta”, remachó, un aspecto que la parte aragonesa ha aportado como prueba de la invalidez de la operación.