El obispo de Barbastro sienta en el banquillo al obispo de Lleida por 111 obras de arte

Las ciudades de Lleida y Barbastro están separadas por apenas 65 kilómetros de distancia, pero pertenecen a dos comunidades distintas –Cataluña y Aragón– y a dos diócesis eclesiásticas diferentes desde que en junio de 1995 el Vaticano aprobara la creación de la Diócesis de Barbastro-Monzón. Desde ese momento, más de un centenar de parroquias dejaron de pertenecer al obispado de Lleida y pasaron al de nueva creación. En ese momento también comenzó la reclamación del patrimonio que se conservaba hasta entonces en el Museo Diocesano Comarcal de Lleida. Tras un cuarto de siglo las reclamaciones continúan. Este jueves comienza un juicio civil en el Juzgado número 1 de Barbastro (Huesca), en el que, por primera vez, se sentarán en el banquillo dos altos cargos de la iglesia: el obispo Ángel Javier Pérez Pueyo, de Barbastro-Monzón, como demandante, y el prelado Salvador Giménez Valls, de Lleida, como demandado.

En febrero de 2018, 43 parroquias oscenses dieron un poder a su obispado para demandar a su equivalente leridano y al Museo de Lleida por retener durante 24 años 111 obras de arte, entre las que figuran altares, retablos, pinturas, esculturas, urnas y cruces. El pleito va más allá del terreno religioso, ya que el Gobierno de Aragón se ha sumado a la demanda de la diócesis de Barbastro y la Generalitat de Cataluña es una parte demandada como parte del patronato del Museo Diocesano de Lleida. No es la primera vez que estos objetos, conocidos como "bienes de la Franja Oriental de Aragón" son objeto de litigio en los tribunales. Después de varios fallos siempre a favor de Aragón –en 1998 de la Nunciatura Apostólica y en 2006 por la Congregación de Obispos–, hace 13 años, en abril de 2007, el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica sentenció en un decreto, en resolución firme, a favor de las demandas de las parroquias escindidas y ordenó que el obispado de Lleida entregara las 111 obras al de Barbastro-Monzón en el plazo de 30 días. Pero nunca llegó a cumplirse. Entre otras cosas porque el mismo juzgado de Barbastro que ahora sienta en el banquillo a los dos obispos denegó en 2010 la ejecución del decreto apostólico (que había solicitado el obispado de Barbastro-Monzón y la Comunidad de Aragón) por entender que un juzgado civil no puede ordenar que se cumplan en España las sentencias del Vaticano.

El motivo alegado por el obispo de Lleida para no devolver las obras es que la iglesia solo es propietaria del 5% del Museo Diocesano Comarcal de Lleida. El resto pertenece a las otras administraciones que forman parte del patronato: Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento y Diputación de Lleida. También que las 111 obras (como las 1.810 del museo leridano) están catalogadas como bienes culturales catalanes desde marzo de 1999 y son una colección indivisible, por lo que es la Generalitat la que ha de descatalogarlas y entregarlas.

Desde la Diputación General de Aragón se asegura que la denuncia civil que ahora se juzga nada tiene que ver con las diferencias políticas manifiestas entre los Gobiernos del socialista Javier Lambán en Aragón y el nacionalista Quim Torra en Cataluña. Estas divergencias resultan evidentes en el otro conflicto patrimonial que enfrenta a las dos comunidades: el de los bienes del monasterio de Villanueva de Sijena; polémica que en primera instancia ha dado la razón a Aragón pero que Cataluña ha recurrido a instancias superiores. Coincidencia o no, la denuncia del obispado se presentó, con el respaldo de la Junta de Aragón, en febrero de 2018, durante la aplicación del 155 por el que la Generalitat estaba intervenida por el Estado.

Está previsto que las sesiones de la vista duren dos días, jueves y viernes, en la que declararán, además de los dos obispos, cerca de una veintena de expertos y peritos de las dos partes que explicarán los informes que han aportado al juez. En la primera resolución de 1998 que obligaba a devolver las piezas se decía que estaban “a título de depósito y no de propiedad, mientras la diócesis de Lérida no pruebe lo contrario en cada caso”. En la vista será fundamental el trabajo publicado en 2018 por Carme Berlabé, conservadora del Museo de Lleida, que estudió por primera vez en profundidad la formación del museo. Entre los documentos figuran 352 cartas intercambiadas entre cuatro obispos y los párrocos de las iglesias que hablan de la adquisición de las obras. También los títulos de propiedad de 83 de las 111 obras que se reclaman y que legitiman a los responsables de Lleida ante el juez. De las 28 restantes Lleida reconoce la propiedad aragonesa.

En esta documentación aparece el obispo de Lleida Josep Meseguer que, entre 1890 y 1905, adquirió 434 piezas del museo, entre las que están casi todas las que están en litigio, a los párrocos de la diócesis (antes de su escisión) siguiendo las directrices y normas canónicas establecidas a finales del siglo XIX por el papa Leon XIII para proteger el patrimonio de las diferentes diócesis. Las mismas normas que se siguieron por obispos de la mayoría de museos diocesanos españoles. Sin embargo, desde el obispado aragonés de Barbastro aseguran que estas compras no caben en el derecho canónico ya que no es posible que un obispo compre un bien a un párroco y esta será una de las alegaciones en la que fundamentarán su demanda.

En la capital de la comarca del Somontano esperan todas estas obras desde finales de 2010. Ese año se inauguró un nuevo museo para la diócesis con un hueco para estas piezas; sobre todo para las más destacadas, entre ellas el frontal de San Vicente Tresserra, el frontal y la arqueta de San Hilario de Buira, el retablo de Montanuy, la tabla de San Martin de Lascuarre o la Virgen de Zaidín, entre otras muchas. Según el peritaje de uno de los técnicos de la parte leridana que ha trascendido el valor total de las obras ascendería a 7,6 millones de euros, gastos de conservación y restauración durante todos estos años, aparte.

Este pleito que ahora comienza se alargará en el tiempo, porque sea la que sea la sentencia del juzgado de primera instancia, obispados y gobiernos autonómicos recurrirán a instancias superiores hasta que haya una sentencia firme. Y de eso pueden pasar entre seis y ocho años, según fuentes judiciales.