La Comisión de la Propiedad Intelectual da razón a las radios en su conflicto con las entidades de gestión

La Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) ha fijado las tarifas que las entidades de gestión cobrarán a las emisoras de radio por la música emitida. Esta es la primera resolución de conflictos que dicta la Comisión, en concreto la Sección Primera, que ha decidido que la cantidad a pagar consistirá en un tipo o porcentaje que se aplica sobre una base compuesta fundamentalmente por los ingresos de publicidad. Y tiene en cuenta la relevancia y la intensidad del uso de los fonogramas (la música), con lo que se diferencia claramente lo que pagarán las emisoras musicales y la factura de la radio hablada.

El conflicto de las entidades de gestión AGEDI y AIE (la entidades de gestión de los productores fonográficos y de los intérpretes y ejecutantes) con las emisoras de radio integradas en la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) arrancó en 2010 y se centraba en torno al importe que deben pagar las radios por el uso de fonogramas en su programación. Aquel año había finalizado el contrato que existía entre ambas partes, momento en el que AGEDI y AIE decidieron incrementar la tarifa. Ante esa repentina subida de precios las radios optaron por pagar a cuenta la misma cantidad del contrato anterior, y aun así se quejaban de la tarifa.

Además, la AERC defendía que las tarifas aplicadas a la radio musical no podían ser las mismas que las de la radio hablada, donde las canciones no son parte sustancial de la programación. Las entidades de gestión abogaban, sin embargo, por una tarifa plana, independientemente del uso de la música, calculada en función de los ingresos de las emisoras. En 2016 explotó la situación cuando en la última revisión de tarifas, que nació con la Ley de Propiedad Intelectual de 2015, los precios subieron entre un 100% y un 150% en algunas modalidades.

El enfrentamiento se llevó por delante al presidente de la CPI, Julio Costas, que presentó su dimisión el pasado viernes 21 de septiembre tras denunciar "presiones" del Ministerio de Cultura y de las entidades de gestión. Antes de irse dejó firmada ya esta resolución. Con este documento por primera vez el precio por el uso de los derechos de las entidades de gestión lo decide un tercero independiente y no las propias entidades.

La AERC destaca en un comunicado que es "la primera vez en la que, al menos en el sector de la radiodifusión, se garantiza el principio de que pague más el que más utilice y más valor extraiga al repertorio de las entidades de gestión" y aunque creen que hay puntos discutibles, "se felicita de la contención y la moderación de precios que introduce en su conjunto, frenando las excesivas pretensiones económicas de AGEDI y AIE". Es probable que las entidades recurran la resolución ante la Audiencia Nacional. Como asegura una fuente de la AERC, "no discutimos pagar derechos de propiedad intelectual, sino la proporcionalidad de esa factura".

De fondo, también están las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual que incluyen variar la composición de la Sección Primera de la CPI. Según la AERC, las enmiendas que se tramitan en el Congreso no solo lesionan al sector de la radio sino a otros usuarios como televisiones (públicas y privadas), la prensa, las universidades, los Ayuntamientos, festivales, hoteles y negocios de Internet. Cambiar ahora la composición de la SPCPI en su número de vocales frenaría en estos momentos su labor. En cuanto a otras enmiendas, esta resolución podría restablecer el sistema de pago basándose "en un tipo o porcentaje" y en la variación según radio musical o hablada. Ahora queda ajustar eso en un criterio objetivo, como apuntan desde AERC.