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Dimite el presidente de la comisión que estudia las tarifas de las entidades de gestión

Julio Costas deja el cargo tras aprobar la resolución sobre el conflicto entre AGEDI-AIE y las radios

Sede del Ministerio de Cultura.
Sede del Ministerio de Cultura.

El conflicto entre las entidades de gestión de derechos de autor y los usuarios en torno a la fijación tarifas por el uso del repertorio ha tocado de lleno a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI), encargada de controlar las tarifas y determinar los tipos en caso de conflicto entre las partes. El presidente de ese organismo, Julio Costas, presentó el viernes su dimisión. Denuncia "presiones" del Ministerio de Cultura y de las entidades de gestión en el contencioso que mantienen abierto con las radios desde hace años.

La dimisión de Costas (en realidad, una solicitud de cese, ya que su nombramiento procede del Consejo de Ministros) se ha producido un día después de que se aprobara la resolución del expediente que enfrenta a AGEDI-AIE y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que agrupa a la práctica totalidad de las cadenas, entre ellas la SER, Cope, Onda Cero y Kiss FM.

Esta resolución evaluaba algunas de las seculares reclamaciones efectuadas por las radios: pagar a las entidades de gestión por el uso efectivo del repertorio. La AERC siempre ha defendido que las tarifas aplicadas a la radio musical no podían ser las mismas que las de la radio hablada, donde las canciones no son parte sustancial de la programación. Las entidades de gestión abogaban, sin embargo, por una especie de tarifa plana, independientemente del uso de la música, calculada en función de los ingresos de las emisoras. En la última revisión de tarifas, que nació con la Ley de Propiedad Intelectual de 2015, los precios subieron entre un 100%  y un 150% en algunas modalidades.

Costa explica que en la madrugada del jueves al viernes, horas después de aprobarse la resolución del expediente (que aún no ha sido comunicada a las partes), las entidades de gestión AGEDI-AIE registraron en el Ministerio de Cultura una solicitud de recusación en su contra (la segunda, tras la del mes de julio). Y el viernes, ambas entidades presentaron una petición de desestimiento del procedimiento de fijación de tarifas, lo que en la práctica podría echar por tierra todo el trabajo efectuado por la SPCPI en este tiempo para intentar poner orden en un conflicto enquistado desde hace años.

“Las entidades de gestión pretenden que la resolución adoptada no se notifique. Si la Sección Primera lo acepta significa que se archivará el procedimiento”, dice Costas. De ser así, el enfrentamiento entre las radios y las entidades de gestión volvería a su punto de partida y no se aplicaría la decisión adoptada por la SPCPI. El expediente quedaría en nada.

Costas ha tomado la decisión de dejar el cargo en medio de un ambiente marcado, afirma, por las presiones de AGEDI-AIE ante Cultura, circunstancia que habría estado detrás de la destitución, la semana pasada, del secretario de la SPCPI, Raúl Rodríguez. “Fue relevado sin mi conocimiento previo y en contra de mi criterio”, sostiene Costas, que elogia el trabajo efectuado por Rodríguez. “Realizaba una labor excelente en un puesto de la Administración muy difícil de cubrir por la especificidad de la materia y ha trabajado a plena satisfacción de la sección”.

Rodríguez fue destituido por Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y del Libro, del Ministerio de Cultura, que procede del mundo de las entidades de gestión.

El presidente de la SPCPI desde 2015 afirma sentirse desautorizado por Cultura ante "las presiones de  AGEDI-AIE" y asegura que en este panorama no puede seguir ni como presidente ni como vocal en el organismo. Lamenta tener que haber tomado esta decisión porque "se estaba haciendo un buen trabajo técnico; neutral e independiente y esto se ha cercenado por presiones de una de las partes". Costas critica que "a las primeras cambio" han "dinamitado" la Sección Primera de la CPI. 

Otro de los motivos que le ha llevado a arrojar la toalla son las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pactadas por los cuatro principales grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) para incrementar el número de vocales de la SPCPI. Se trataría de pasar de cuatro a cinco. Este nuevo vocal sería nombrado por Cultura. "En algunas de las enmiendas veo mi nombre y apellidos", dice Costas, convencido de que las enmiendas están "claramente dirigidas a torpedear la composición de la SPCPI y modificar a mitad del partido el régimen de mayorías. En su calidad de presidente, Costas —que fue designado por el Ministerio de Economía y antes de acceder a este puesto fue miembro de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)— tenía voto de calidad.

Precisamente su antigua pertenencia al organismo regulador fue invocada por AGEDI-AIE para recursarle en el procedimiento sobre las tarifas de las radios. La primera recusación se presentó el 13 de julio y fue retirada tres días después. La segunda se registró el viernes pasado. Costas confiesa que en este tiempo ha advertido "una cierta inquina y animadversión" hacia él por parte de las entidades de gestión, toda vez que durante su etapa como consejero de la CNC participó en resoluciones que ponían de relieve las abusivas e inequitativas tarifas dictadas por las entidades de gestión.

Las enmiendas que se tramitan en el Congreso no solo lesionan al sector de la radio. Como usuarios que son del repertorio que representan las entidades de gestión, también afectan a la televisión (pública y privada), la prensa, las universidades, los Ayuntamientos, festivales, hoteles y negocios de Internet, entre otros sectores.

Las enmiendas pactadas por los cuatro grandes grupos han sido aplaudidas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual agrupadas en Adepi, que ha felicitado a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. En su opinión, la incorporación de un nuevo miembro en la sección primera de la CPI “mejorará la eficacia y la eficiencia imprescindibles en un organismo que debe ser verdaderamente independiente para velar por la equidad de las tarifas en lugar de ser utilizado como excusa para no pagarlas”, sostiene Adepi en un comunicado.