El presidente de la SGAE, imputado por el ‘caso rueda’

La SGAE defendió desde el estallido del caso rueda que este no afectaba a la entidad, sino solo a un puñado de socios. Sin embargo, la investigación ha terminado arrastrando a su presidente: el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado este miércoles como imputado a José Miguel Fernández Sastrón (Madrid, 1959) por este presunto fraude millonario entre socios de la entidad de gestión de derechos y directivos de televisiones, que generaban ingresos disparados gracias a las canciones emitidas de madrugada en varias cadenas. Sastrón deberá declarar el próximo 4 de octubre en la sede judicial, junto con otras siete personas, citadas para esa jornada y para el día anterior: José Arturo Morales, Juan Manuel Muruve, Raquel Camíns, Antonia Prieto, José Luis Rupérez y María Sanz Núñez de Villavicencio.

"No creo que pueda estar imputado de ninguna manera en el caso de la rueda", afirmó hace un año Sastrón, en una entrevista con EL PAÍS. Y en otra charla, el pasado abril, reiteró el concepto: "No considero ninguna posibilidad de que me investiguen". El juez, sin embargo, ha desmentido al presidente de la SGAE, en funciones desde la convocatoria de elecciones para el próximo 26 de octubre, para las que no podrá presentarse ya que superó el límite de dos mandatos en la junta directiva. "José Miguel Fernández Sastrón muestra su máxima disposición a colaborar con la justicia y dará al juez todas las explicaciones que le requiera. Hace un año, Fernández Sastrón ya compartió con todos los miembros de la junta directiva de la entidad sus liquidaciones de derechos de autor correspondientes al periodo comprendido entre 2005 y 2017", aseguran a EL PAÍS fuentes de la SGAE.

La Audiencia Nacional consideró en su primer auto que el fraude de la rueda ascendió a 100 millones entre 2006 y 2011, perjudicó a todos los socios de la entidad y condicionó sus gobiernos. La recaudación nocturna llegó a representar el 70% de los ingresos que generaba para la SGAE la emisión de su repertorio en televisión, pese a suponer el 1% de la audiencia. La trama funcionaba a tres niveles: algunos socios de la SGAE grababan miles de temas, ya fuera en primera persona, o encargandolos a otros músicos o estudiantes. Podían ser canciones nuevas u obras de dominio público con pocos arreglos, o incluso ninguno. Entonces, las registraban en la SGAE, atribuyéndose la autoría o aprovechando testaferros y familiares. Empleados de varias televisiones nacionales y autonómicas adquirían las canciones con las editoriales de las emisoras y llenaban la programación nocturna con estos temas. Así conseguían el llamado retorno: las cadenas de televisión perciben un 50% de los ingresos generados por el uso de esos temas y compensan así en parte la cantidad fija que han de pagar a la SGAE por su repertorio. En resumen, cuanto más emitan sus canciones, mejor para toda la rueda.

Las sospechas salpicaron a Sastrón ya desde la primera operación judicial contra esta trama, el 20 de junio de 2017, que terminó con la detención de una veintena de personas. Pocos días después, el presidente de la SGAE aparecía como imputado, aunque solo policialmente, por el presunto delito de administración desleal, en una ficha del sumario del caso, a la que accedió EL PAÍS.

Varios socios de la entidad apuntaron ya entonces, de forma anónima, que Sastrón se había hecho con la presidencia gracias a los votos de la rueda y que hasta se había beneficiado de ella. El presidente aclaró que algunos de sus temas se emitieron de madrugada, sin generar mucho dinero, e hizo hincapié en una diferencia clave, según él: en la noche hay "muchos músicos importantes" y eso no tiene nada que ver con las presuntas ilegalidades de unos pocos. Lo cierto es que Sastrón figuraba como uno de los compositores en la web de Eurodelta Music, una de las compañías que investiga la justicia, fundada por Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez, a los que Moreno considera cabecillas de la rueda. "Los conozco hace muchísimos años. No hemos trabajado habitualmente, pero la relación es buena. Un contrato editorial dura hasta 70 años después de que te mueras, así que seguirá figurando que mis temas están en Eurodelta. Me pidieron una música, la grabé y se emitió. Nunca me propusieron cualquier práctica extraña. Me hacen eso y yo denuncio", defendió Sastrón en julio de 2017 a EL PAÍS.

La decisión de Ismael Moreno dispara en todo caso la presión sobre los hombros del presidente de la SGAE: Sastrón ya afronta la oposición de media junta directiva, que ayer martes presentó una demanda en su contra; un ministerio de Cultura cada vez más preocupado con su gestión y que ya no descarta intervenir la entidad; la posible retirada del repertorio internacional de los grandes sellos musicales; la inquietud que le trasladaron en sendas cartas las principales entidades de gestión de Francia, Inglaterra, Alemania o México, que le piden medidas urgentes o amenazan con llevarse la gestión en el mercado español de sus artistas a otro organismo. Faltan solo seis semanas para las elecciones en la SGAE. En este contexto, parecen una eternidad.