La mitad de la cúpula de la SGAE demanda a Sastrón por simular un chantaje del Ministerio de Cultura

En la SGAE, la tormenta nunca escampa. El Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha recibido una demanda de la mitad de la junta directiva contra el presidente, José Miguel Fernández Sastrón y su equipo, al frente de la entidad de gestión de derechos de autor, como ha podido saber EL PAÍS. La denuncia —a la que ha tenido acceso este periódico— impugna la convocatoria anticipada de elecciones, el próximo 26 de octubre, y pide al juez que detenga el proceso. Al tiempo, los demandantes han remitido la demanda al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, para que interceda y ejerza sus funciones de fiscalización.

Tras varias cartas y denuncias públicas, el frente crítico de la junta directiva, que reúne a 17 de sus 39 miembros, ha dado un paso más, al demandar a la otra mitad, afín a Fernández Sastrón. El enfrentamiento entre facciones, que divide a la SGAE desde hace meses, llega así a los tribunales. A la demanda también se han sumado la Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) y la Asociación de Compositores de Música para Audiovisual (MUSIMAGEN).

Los demandantes aseguran que la convocatoria es “ilícita”, porque el presidente y su equipo de dirección suministraron “información ficticia y engañosa” a los miembros de la junta, para lograr su conformidad. La demanda explica que Sastrón -en una junta extraordinaria, el pasado 10 de junio- justificó el adelanto porque “había sido solicitado por el Ministerio de Cultura y era condición para evitar que la SGAE sufriera la apertura de un procedimiento sancionador” si no se producía de forma inmediata.

Según el relato de los demandantes, el director de servicios jurídicos, Antonio J. Martínez Bodí, y el secretario general, Carlos López, aseguraron haberse reunido con representantes de Cultura, que les plantearon la convocatoria de elecciones antes del 15 de julio —fecha límite que el ministerio había concedido a la SGAE para presentar sus nuevos estatutos, conformes con las directivas europeas— si querían evitar la sanción por no haberlos conseguido aprobar. De esta manera, se forzó a la cúpula a alterar con unas elecciones la estrategia acordada de reforma estatutaria.

Los enviados de la SGAE afirmaron que, cuando reclamaron a los mediadores de Cultura una prueba por escrito de la propuesta, estos aclararon que “el ministerio no va a poner nada por escrito, pero dijeron que, en su caso, emitirían un comunicado una vez el ministro le diese el visto bueno”, tal y como figura en las actas de la junta extraordinaria. Finalmente, el comunicado ministerial se transformó en teletipo difundido por Europa Press, “contando con el visto bueno del ministro”. A varios miembros de la junta el comportamiento del ministerio les pareció “cuasi chantajista” y así quedó reflejado en las actas.

El director de servicios jurídicos zanjó la sorpresa aclarando que, tras el comunicado, se pusieron en contacto con los funcionarios del ministerio y confirmaron “que habían difundido esa noticia y que habían contado con la ratificación del ministro para hacerlo”. Los demandantes, entre los que se encuentran las discográficas Universal Music, Warner Bros, EMI, PEER, BMG y SLU, aseguran que “la información facilitada no es cierta”. Explican que cuando Cultura tuvo conocimiento de que el voto electrónico no estaría disponible en las elecciones, envió un comunicado a la SGAE reclamando información para verificar que, en efecto, se hubiera atribuido al ministerio la iniciativa de las elecciones y que estas se pretendían desarrollar sin el voto electrónico.

El Subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, Carlos Guervós Maíllo, confirmó por escrito a un editor y miembro de la junta directiva de la SGAE que “la convocatoria de elecciones fue una propuesta personal de la Secretaría General y de los servicios jurídicos de la SGAE”. De cualquier manera, la demanda obliga a Guirao a dar un paso al frente y aclarar si planteó el “chantaje” y si la convocatoria ha quedado pervertida y debe anularse.

La “mentira” no es el único motivo de la denuncia. La segunda actuación por la que quieren detener el proceso electoral es la eliminación —“por acuerdo de su presidente”— “del derecho de los socios a ejercitar su voto de forma electrónica” para la elección de los futuros miembros de la junta. “En realidad, la estrategia de convocar elecciones súbitamente y la decisión de forzar (por acción u omisión) la desaparición del voto electrónico responde a una voluntad deliberada para secuestrar la voluntad de la mayoría de los socios y pretende asegurar el control de la entidad a manos de un grupo minoritario”, puede leerse en la demanda. Se refieren a la rueda, un presunto fraude millonario entre socios de la SGAE y directivos de televisiones que investiga la justicia.

La demanda hace referencia al reconocimiento del voto electrónico recogido en el artículo 6.4 de la Directiva de 2014, que dice que “las entidades de gestión colectiva permitirán a sus miembros la comunicación con la entidad por vía electrónica” —y aquí viene la parte clave de la cita— “incluso a efectos de poder ejercer sus derechos como miembros”.

Los noes por voto electrónico contribuyeron al revés de Fernández Sastrón el pasado 21 de junio: en la última Asamblea de la SGAE, los socios rechazaron su gestión, sus cuentas y los estatutos que proponía. La crisis que se abrió a continuación llevó precisamente al adelanto electoral.

La última palabra del futuro de la entidad está en manos de la justicia, que tendrá que decidir si el acuerdo de elecciones impugnado es nulo por vulnerar el derecho de los miembros del órgano de gobierno a recibir una información veraz y si la ausencia del voto electrónico “abate el derecho democrático de participación de los socios”. En caso de pronunciarse a favor de la demanda una vez se celebraran las elecciones, su resultado sería anulado. Mientras, la pelota está en el tejado del Ministerio de Cultura.