La SGAE cuestiona el ultimátum que recibió de Cultura

Tras las escaramuzas, el ministerio de Cultura y la SGAE han pasado a una nueva fase: la guerra fría. Mientras el tiempo corre hacia las elecciones del 26 de octubre en la entidad, se multiplican provocaciones y ultimatums. Ayer, prendió otra mecha. Porque Cultura recibió la documentación que había pedido a la SGAE. El ministerio tuvo constancia de que la entidad no iba a permitir el voto electrónico en sus comicios, de ahí que hace una semana requiriera a la SGAE información al respecto y la amenazara con una “intervención temporal”, si no rectificaba. Pues bien, la respuesta va en el sentido contrario: se alega que sus estatutos no la obligan a consentir el voto electrónico y que su gobierno está en funciones y no puede aprobar un cambio tan relevante, informaron fuentes de la SGAE a este diario.

“La respuesta va avalada por un informe interno y otro externo. En los estatutos de la SGAE se dice que ‘en su caso, el voto electrónico a distancia deberá respetar las mismas reglas que el voto por correo’. Ese reglamento no está desarrollado. Y una junta en funciones no puede hacerlo”, agregan desde la entidad. Lo cual pone a Cultura frente a una disyuntiva: aceptar las explicaciones, o seguir un camino que puede empezar por “el apercibimiento previo a la revocación de la autorización” y acabar en la “designación de un gestor interino”, como sostenía la carta enviada a la SGAE.

"Ante este hecho y las sucesivas irregularidades cometidas, queremos manifestar nuestra más profunda indignación y animamos al Ministerio, y al propio Gobierno de España, a actuar en defensa de los derechos de los asociados y a ejercer su facultad de control y tutela que la ley le atribuye sobre las entidades de gestión", pidió ayer a última hora un comunicado de Coalición Autoral, una de las organizaciones críticas con la actual gestión de la SGAE.

Con la misiva se ha generado otro roce, centrado en la nueva directora de Industrias Culturales y Cooperación, Adriana Moscoso. La responsable de tutelar y controlar las entidades de gestión es una trabajadora en excedencia de la SGAE. Para evitar sospechas, Cultura ha asegurado que Moscoso se va a inhibir de cualquier acto o decisión que tenga que ver con la entidad. Pero en la SGAE creen que la inhibición no está permitida por el Real Decreto Ley 817/2018, de 6 de julio, que regula la estructura del ministerio.

Según el texto, corresponde a Moscoso el ejercicio de “funciones principales” entre las cuales aparece la relación con las entidades de gestión. “El titular de un órgano administrativo no puede hacer dejación de las funciones atribuidas, salvo en las causas establecidas en la ley. Entre ellas, interés en el asunto, amistad o enemistad con los afectados por la decisión”, aclara a EL PAÍS Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Cultura entiende que se dan las condiciones para que Moscoso delegue. La SGAE insinúa lo contrario. El resultado, cómo no: otro desencuentro.