La directora general de Industrias Culturales es una trabajadora en excedencia de la SGAE

Adriana Moscoso del Prado trabajó en la SGAE hasta diciembre de 2016. Entonces se marchó, con una excedencia. Recaló en Cisac, la organización que reúne a las principales entidades de gestión del mundo. Y de ahí pasó, hace unas semanas, a ser nombrada directora general de Industrias Culturales y Cooperación, dentro del ministerio de Cultura. Es decir: una de las encargadas públicas de controlar y tutelar a la SGAE (entre otras tareas) sigue siendo, a la vez, una empleada en excedencia del mismo organismo —donde era secretaria general del Instituto de Derecho de Autor y asesora de Asuntos Públicos y Jurídicos Europeos e Internacionales—, tal y como confirmaron a este periódico fuentes de la entidad. Desde Cultura destacaron que la trayectoria de Moscoso es la de una gran experta en propiedad intelectual, justo el perfil que el ministerio buscaba, y que no supone ninguna incompatibilidad. Aunque la situación sí puede generar dudas sobre eventuales conflictos de interés.

Tal vez por eso el ministerio se apresuró a aclarar que Moscoso “no firma ni asiste a ningún acto o reunión que tenga que ver con SGAE. Se inhibe de todos los actos vinculados a la entidad”. “Las decisiones del ministerio las tomará el ministro”, agregó Cultura tras la publicación de la información, que adelantó El Mundo.

Como ejemplo, desde Cultura se cita “el requerimiento informativo que se envió a la SGAE” el pasado jueves, en el que se amenazaba a la entidad con empezar los pasos para una intervención, si no permitía el voto electrónico en sus elecciones, previstas para el 26 de octubre. El documento “lo firmó el subdirector de Propiedad Intelectual, y eso que es un acto informativo”, destacan desde el ministerio. Sin embargo, la propia carta reza: “Siguiendo las indicaciones de la directora general de Industrias Culturales y Cooperación, se recuerda que los miembros de la SGAE tienen reconocido el derecho a votar electrónicamente a distancia en unos comicios electorales”. Preguntadas por ello, fuentes de Cultura afirman que Moscoso no va a tomar decisiones sobre la entidad pero eso no excluye que el ministerio aproveche su conocimiento de la materia.

“Resulta muy difícil de entender que se inhiba de todos los actos vinculados a la entidad y que no asista a ninguna reunión que tenga que ver con SGAE ya que el último requerimiento se nos dirigió 'siguiendo indicaciones de la directora general de Industrias Culturales' y que estamos convocados a una reunión el próximo día 30. Entendemos que el ministerio la ha contratado por su conocimiento del sector y es ella quien debe informar de su situación laboral”, defendió la SGAE. Cultura respondió que ya se había transmitido informalmente a la entidad que el encuentro del 30 está cancelado y que, “tras la confusión generada”, se le volvería a comunicar, por escrito.

El nombre de Moscoso —que también había trabajado en la SGAE al comienzo de su carrera, entre 1998 y 2006, como asesora jurídica— aparecía también en otro contexto relacionado con la entidad: un convenio con Cultura, que se ha publicado hoy miércoles en el BOE. El ministerio lo atribuyó a un error: “Se firmó con prisa el 20 de julio, para dar cobertura legal a una colaboración del Ministerio en un curso especializado en derechos de autor en países de América Latina, concretamente en Bogotá (Colombia), que se iba a celebrar del 23 al 27 de julio”. Mañana jueves en todo caso, según Cultura, se publicará en el BOE la anulación del convenio.

Esta noche, en cambio, vence el plazo para la información que el ministerio ha requerido a la SGAE sobre la garantía del voto electrónico en los comicios. La entidad asegura que entregará la documentación, aunque insinúa que sus estatutos no obligan a implementar esta medida, a la vez que su gobierno está en funciones y no puede tomar decisiones de ese calado. A la espera de la respuesta de Cultura, hay una certeza: la tensión entre SGAE y ministerio no para de crecer.