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Las dos caras de la relación entre los medios y los gigantes tecnológicos

Expertos, abogados y creadores se reúnen en un congreso para debatir cómo defender los derechos de autor y la propiedad intelectual

De izquierda a derecha, Nemesio Rodríguez (FAPE); José María Sánchez (Prodware Spain), José Manuel Gómez Bravo, de PRISA Radio, y el ex ministro de Cultura César Antonio Molina.
De izquierda a derecha, Nemesio Rodríguez (FAPE); José María Sánchez (Prodware Spain), José Manuel Gómez Bravo, de PRISA Radio, y el ex ministro de Cultura César Antonio Molina.

Con el decorado, a solo unos metros, de las casetas de la Feria del Libro, expertos en legislación, escritores, representantes de los medios de comunicación y de las asociaciones de defensa de los derechos de autor han debatido este jueves cómo lograr que se puedan seguir produciendo, sin que sea ruinoso para nadie, esos libros que hojeaban los visitantes de la feria. Y por extensión, películas, series, música, obras de arte y periódicos. El Retiro acoge las ponencias y debates del I Congreso Internacional sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, organizado por la Feria, el Ayuntamiento de Madrid y el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo.

En la sesión de la tarde ha destacado el intercambio de pareceres sobre la relación que los medios deben tener con los grandes nuevos operadores: Google, Amazon, Netflix, Facebook… El director de propiedad intelectual y de negocios de derechos de PRISA Radio y de la cadena SER, José Manuel Gómez Bravo, ha reclamado “un pacto de entendimiento entre los medios tradicionales y los emergentes en el que también participen los usuarios”. Para Gómez Bravo, son imprescindibles “unas políticas públicas y leyes que lo favorezcan” y ha hecho un llamamiento a que las autoridades nacionales se impliquen “en las regulaciones internacionales del sector y en los organismos multilaterales”. Todo ello porque ha cambiado el concepto que existía "de los derechos, los soportes y el público”.

Luis Ventoso, director adjunto del Abc, ha lamentado que el comienzo de los periódicos en Internet fue “un gérmen fatal”, por la generalización de que la información debía ser gratis. “Hoy somos rehenes de Google y Facebook, que se han convertido en los mayores editores, mientras nuestros ingresos publicitarios están estancados. La moribunda edición impresa siguen aportando más a los periódicos”. Una situación por la que se ha mostrado partidario de un “pleito a nivel europeo para defender los derechos”.

En esa línea, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha asegurado que “estas grandes plataformas se han aprovechado de la debilidad de los medios por la crisis, y no están pagando por usar sus contenidos”. Teresa Martínez Belli, subdirectora de asesoría jurídica de ATRESMEDIA, criticó que gigantes como YouTube o Netflix “no tengan que pagar a entidades de gestión de derechos, como nosotros, ni por el sostenimiento del cine español, ni tampoco pagan los impuestos que las empresas españolas por su domiciliación fiscal. Jugamos con desventaja”.

Mientras, el director general de la consultora de tecnologías de la información Prodware Spain, José María Sánchez, matizó que “no hay que criminalizar” a esas empresas porque también han permitido que los periodistas puedan llegar a los lectores de una manera directa. Sánchez se mostró partidario de una colaboración porque, lo contrario, “sería ponerle puertas al campo”. El director de la asesoría jurídica de La Razón, Francisco Hiraldo, alertó de que la falta de respeto a los derechos de propiedad conlleva “una banalización de la información”. Con el exministro de Cultura César Antonio Molina de moderador, también participaron en la tertulia Retos de la digitalización y la tecnología Ernesto Real, de RTVE/RNE, y Lidia Barrera, de Unidad Editorial.

En la sesión matutina del congreso intervinieron, entre otros, miembros de entidades de defensa de los derechos de autor y el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva. Todos estuvieron de acuerdo en reclamar al Gobierno que los creadores puedan compatibilizar el cobro de derechos de autor con la jubilación, sin tener que renunciar a parte de la pensión o arriesgarse a multas. La legislación española castiga así a los creadores si sobrepasan los 10.000 euros brutos al año en en este concepto por cobrar además una pensión. Villanueva protestó: “España no puede ser cicatera con sus creadores”. Como esos escritores que a esa hora firmaban y vendían libros a unos metros.