La juez condena a un hombre por intentar subastar miles de diapositivas de fotógrafos como Navia o Gervasio Sánchez

El anuncio los citaba expresamente. Sus nombres, al fin y al cabo, eran el gran reclamo. “Enorme conjunto de diapositivas, procedente de una publicación madrileña, compuesto por miles de imágenes realizadas, mayoritariamente, en Madrid entre 1990 y 1994 por fotoperiodistas como Paco Elvira, Navia, María Espeus, Gervasio Sánchez, Juantxu Rodríguez, Carlos de Andrés, Quim Llenas, Marcos González, Carlos Carrión […]”, rezaba el texto que anunciaba, en noviembre de 2011, la subasta, en Barcelona, de 17 cajas de material fotográfico. Precio de salida: 10.000 euros. Valor estimado: el doble. Pero los fotógrafos nada sabían de aquella operación, ni mucho menos del vendedor. Lo descubrieron solo por la publicidad. Y empezaron una batalla legal que, casi ocho años después, les acaba de dar la razón: el Juzgado de lo Penal nº 2 de Barcelona ha reconocido su autoría sobre las diapositivas y ha condenado al vendedor por un delito contra la propiedad intelectual “en grado de tentativa” a cinco meses de prisión.

Termina así la primera ronda del pleito. La sentencia, emitida el 3 de abril y notificada recientemente a las partes, también condena al vendedor al pago de 5.000 € de indemnización por daño moral a cada uno de los denunciantes, así como a devolver las obras. Aunque Marisa Castelo, abogada de los seis creadores (Gervasio Sánchez, José Manuel Navia, Juantxu Rodriguez, Javier Rodríguez, Juan Carlos Barberá y Carlos Carrión) da por hecho que el condenado recurrirá el fallo.

Mientras, la letrada intenta conseguir que las obras —un reportaje de Navia en Bruselas sobre el ingreso de España en la OTAN o un retrato del joven Pedro Almodóvar por Rodríguez— vuelvan a sus autores y celebra la sentencia. En un comunicado, sus defendidos hablan de fallo “pionero en España e histórico”. Ella, en conversación con EL PAÍS, aclara: “Es muy importante porque es difícil obtener condenas penales por temas de propiedad intelectual, más allá de las redes de piratería organizada; porque sobre las ventas de casas de subastas se suele pasar de puntillas. Y porque los derechos de los fotógrafos siempre generan complicaciones”.

También en este caso. El condenado aseguró durante el proceso que las obras eran copias y que, aunque fuesen originales, él tan solo estaba vendiendo los objetos, no sus derechos de reproducción. “Eran claramente originales. Y unas diapositivas están destinadas precisamente a la reproducción”, rebate Castelo. Para la abogada, el condenado esperaba además convencer a la juez de que las obras ya eran suyas, al haberse cumplido los seis años necesarios para la usucapión. El término esconde una forma peculiar de propiedad: quien adquiera un bien cuyo dueño no esté identificado ni lo reclame en ese momento y lo mantenga con justo título —que la compra no haya incluido elementos criminales o ilegalidades— y buena fe, se convierte en dueño legítimo al cabo de un cierto periodo.

En concreto, el condenado compró las diapositivas gracias a una ocasión. Una mujer vaciaba el inmueble madrileño ocupado hasta entonces por un medio de comunicación que se había marchado. Atrás, el periódico había dejado sobre todo maquinarias pero, también, una habitación repleta de cajas de fotos. La mujer tan solo quería deshacerse de todo ello. Así que el hombre adquirió el lote por 26.000 pesetas, a finales del siglo pasado. En la subasta de 2011, ya valía al menos 10.000 euros.

Los denunciantes defienden que habían dado por perdido el material. A la sazón, en pleno ocaso del modelo analógico, ellos entregaban sus diapositivas a la agencia fotográfica Cover; esta pasaba a su vez el material a los medios que lo necesitaran. Tras el uso, los periódicos devolvían a la agencia el material, junto con el pago. Entre el cierre de varios medios y la liquidación de la propia Cover, sin embargo, miles de diapositivas jamás regresaron a sus autores: se volatilizaron. Hasta su reaparición en el anuncio de 2011.

Desde entonces, la pelea ha durado casi ocho años. El relato de Castelo sirve para reconstruir sus momentos claves. Los fotógrafos intentaron primero contactar con la casa de subastas, pero aseguran que fueron ignorados. La misma suerte tuvo Castelo, en una primera llamada: pidió suspender temporalmente la puja, pero recibió una negativa. “Actuábamos contrarreloj, la venta se celebraba en unos días”, explica la letrada. Por ello optó por la vía penal, para congelar cuanto antes la transacción. Así fue: tras la denuncia a la Brigada de Delitos contra el patrimonio y la propiedad intelectual de la Policía Nacional, los agentes precintaron el lote entero, deteniendo su posible venta.

A partir de ahí, intervino la justicia. Un perito independiente dio la razón a los denunciantes. La juez, también.