Investigado el hijo de Gerardo Rueda por falsificación de obras para el IVAM

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha acordado este lunes investigar a José Luis Rueda, hijo adoptivo y heredero del pintor Gerardo Rueda, por prevaricación, malversación y falsedad documental en relación con la presunta venta de obras falsas al Institut Valencià d'Art Modern, más conocido como IVAM.

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La jueza ha adoptado esta medida tras requerirlo la Abogacía de la Generalitat en el procedimiento en el que se investigan presuntas irregularidades en la gestión del museo valenciano en la época de Consuelo Ciscar. Rueda está investigado por esos delitos, sin excluirle de su imputación en otros hechos delictivos que se investiguen en esta causa, según consta en un auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press.

La jueza acuerda además la investigación de las cuentas bancarias del nuevo investigado en el periodo correspondiente a los años 2004 a 2015, que es cuando ingresan las obras en el IVAM, investigación que hace extensiva al mandato de Ciscar, que es cuando se firman los contratos de adquisición de las obras de Gerardo Rueda.

Para la magistrada es en este momento cuando se puede dirigir la investigación hacia José Luis Rueda, cuyos argumentos han tenido reflejo "de manera determinante" en las manifestaciones del representante legal de la Fundición Capa y lo expuesto por trabajadores del IVAM que han declarado como testigos.

Así, considera que se debe investigar a Rueda por "haber transmitido a sabiendas al IVAM, bien por compra o donación condicionada, obras de arte sobre las que existen indicios fundados de su falsedad" y sobre las que afirmó que eran de su padre.

Los indicios de la falsedad se basan en tres aspectos: las obras dispuestas por Rueda y transmitidas al IVAM fueron reproducidas en su mayoría una vez fallecido el autor por la Fundición Capa, bajo las directrices impartidas por José Luis y "sin seguir los parámetros establecidos para ser consideradas originales". Además, la mayor parte de esas obras no existían en el momento de la firma de los contratos por los que son adquiridas por la institución y no detentaba el investigado título válido que acreditara ser propietario de las obras en el momento de su transmisión.

La magistrada considera acreditado que ninguna de las reproducciones ejecutadas por Capa diez años después de fallecer el artista (64 de las 98 adquiridas) cumplen con esos requisitos para ser consideradas originales, como se afirma en los dos contratos suscritos.

Asimismo, considera que las exposiciones e itinerancias tuvieron por objeto "sufragar con cargo a los fondos públicos la exhibición", no tanto de las reproducciones adquiridas por el IVAM, sino de las obras de la colección particular del heredero. Al parecer, este "daba instrucciones" a Ciscar y sus altos cargos "en aspectos fundamentales" para desarrollar las muestras.

De esta forma, se contravenía la norma de contratación pública y él pudo contar con el "trampolín" que el instituto le brindó "con la connivencia de los investigados para legitimar la originalidad de las obras transmitidas" e incrementar la valoración de ellas y de su colección particular. El perjuicio en este aspecto, según la Policía, ascendió a 719.987 euros.

En esta causa están investigadas una decena de personas, entre ellas Consuelo Ciscar y su hijo, el artista Rafael Blasco Ciscar o Rablaci. También figuran varios subdirectores generales en el periodo de la investigación y técnicos, así como el administrador de la empresa Logística del Arte.