La Audiencia de Huesca rechaza un recurso por la sentencia de Sijena

La Audiencia Provincial de Huesca desestimó ayer el recurso de reposición presentado por la Generalitat de Cataluña el pasado 12 de diciembre contra la sentencia que este mismo organismo emitió el 30 de noviembre en la que se ratifica una anterior que declaraba que la compraventa de las obras del monasterio entre las monjas de Sijena y la Generalitat era ilegal. La sentencia de Huesca coincidió en el tiempo con la acción del juez provisional que exigió ejecutar la de 2015 y ordenó a la Guardia Civil que fuera al Museo de Lleida a buscar las 44 obras que no se habían devuelto todavía al monasterio oscense.

Los Servicios Jurídicos de la Generalitat pedían en su recurso, tal y como publicó este diario que tuvo acceso al texto, dejar sin efecto la sentencia última atendiendo a una irregularidad procesal al estimar que no había habido tiempo para debatir la sentencia dictada el mismo día en que se había convocado a la sala para su deliberación, votación y fallo.

La Audiencia de Huesca, en un auto dado a conocer ayer, explica que en la fecha en la que se produjo la deliberación, votación y fallo de esos recursos, el 30 de noviembre, “como ocurre en asuntos de cierta complejidad”, se produce “la última deliberación”, habiendo tenido lugar “deliberaciones anteriores” entre los miembros de la Sala. Esto supone que “en un mismo día puede aprobarse el proyecto definitivo de sentencia, firmarse dicha resolución y notificarse a las partes, sin que ello signifique, obviamente, que no ha habido deliberación”, según explica la Audiencia.

Este recurso desestimado nada tiene que ver con los otros dos que presentaron los Servicios Jurídicos de la Generalitat los días 5 y 12 ante las providencias del juez que fijaban las cero horas del lunes 11 para trasladar las obras y por lo tanto pedía que las piezas se devolvieran al Museo de Lleida. Unos decretos que el Ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo ordenó el día 15 que se retiraran dada la autoridad que tiene el gobierno central sobre la Generalitat en función del artículo 155 de la Constitución, algo que fuentes del ministerio insistieron ayer que efectivamente se ha cumplido.