Los toros volverán a Bogotá y la alcaldía lo desaprueba

La plaza de toros de Bogotá tendrá que estar reformada para el comienzo de la temporada taurina de 2017, es decir en enero. La alcaldía de Enrique Peñalosa ha declarado la mañana del lunes que cumplirá el fallo de la Corte Constitucional colombiana de 2013 que obliga a la administración local a "reanudar los espectáculos taurinos" en La Santamaría. “Estoy totalmente en desacuerdo con orden [de la] Corte Constitucional de permitir corridas de toros en Plaza Santamaría, pero ellos son poder supremo”, ha manifestado en su cuenta de Twitter el regidor.

Para que los toros vuelvan a la capital colombiana no solo hace falta que un alcalde cumpla una sentencia (decisión que se ha convertido paradójicamente en noticia), también debe acarrear con la reforma de un edificio en peligro de derrumbe que pertenece al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). "No compartimos la decisión, rechazamos que a Bogotá vuelva una forma de maltrato animal", ha reiterado a EL PAÍS Clara Lucía Sandoval, gerente de Protección Animal. La responsable asegura que la reforma "seguirá sin dilación" aunque no garantizan "el resultado final".

La administración Peñalosa comparte la misma filosofía antitaurina del antecesor en el cargo, el progresista Gustavo Petro, pero en todo momento se distancia de la política combativa del exalcalde. "Lo que no vamos a hacer es seguir boicoteando el fallo. No vamos a alterar ni hacer trampas para pasar por alto la decisión de la Corte que fue muy categórica", ha dicho Sandoval. Uno de los caballos de batalla de Petro fue dilatar el cumplimiento de la sentencia. En 2013 el alto tribunal dictó que los alcaldes "no eran competentes para prohibir las corridas en municipios con tradición taurina" después del cierre de La Santamaría. Desde aquel momento, el anterior regidor con el apoyo de los grupos animalistas promovieron una consulta popular entre los bogotanos para decidir el futuro del recinto. En 2015, los magistrados no solo volvieron a reclamar la apertura de la plaza, también establecieron un límite de seis meses a partir de marzo de 2016 para que se cumpliera.

Las obras de reforma comenzaron el pasado año. El (IDPC) reabrió la licitación para adjudicar los trabajos de refuerzo estructural de la plaza por un valor de 6.500 millones de pesos (unos dos millones de dólares) a cargo de la alcaldía. "Esta es la única inversión que vamos a hacer", ha dicho Sandoval, "no vamos a poner ni un solo peso en la promoción de espectáculos taurinos, solo vamos a reformar un escenario". El proyecto de la administración local se basará en promover el recinto para "otro tipo de manifestaciones artísticas". Una vez que La Santamaría esté en buen estado, se abrirá un proceso de contratación para que empresas privadas gestionen las corridas. "Por nuestra parte, promoveremos un proyecto de ley en el Congreso para que se prohiban los toros", ha concluido la gerente de Protección Animal.