Exdirectores del ICAA sostienen que el fraude no es generalizado

Desde su creación en 1986, el ICAA, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el organismo encargado del cine en el Ministerio de Cultura, ha tenido once directores, entre ellos el fallecido Juan Miguel Lamet. Tres de ellos han accedido a hablar con EL PAÍS sobre el caso del fraude de las ayudas al cine. "Es algo que flotaba en el aire", dice uno de ellos sobre el taquillazo.

Fernando Lara (director del ICAA de diciembre de 2004 a abril de 2009). "Es una pena que el cine español esté mezclado otra vez en este tipo de informaciones. Da una terrible imagen del cine español. Desde el día en que se crearon las ayudas para la amortización se vio que era posible una práctica contra el espíritu de la ley, lo que se trataba era de favorecer a las películas en función de la asistencia del público. Y eso se ha falseado con esta situación. Siempre se dice que toda ley tiene su trampa, y en este caso parece que la había". Lara se refiere al hecho de comprar entradas, lo que no era ilegal si había dinero, el delito surge con falsas sesiones y matinales, o entradas que no son pagadas. "El problema surge con la Orden Ministerial de 2009, cuando yo no estaba ya en la Dirección, que pone 60.000 espectadores como el límite para alcanzar las ayudas. Es un mínimo muy alto. Mientras yo estuve en el ICAA se investigaba todo lo que podía, y a un cine de Madrid, el Luchana, le pusimos la máxima multa posible al inventarse matinales para aumentar las recaudaciones. Fue el único caso en el que tuvimos constatación fehaciente".

Ignasi Guardans (director del ICAA de abril de 2009 a octubre de 2010). "Hubo un cambio de reglas que nos hicieron más efectivos, y que acabaron con sanciones al cine madrileño Luchana o el barcelonés Capitol. Creo que nunca se ha hecho la vista gorda con el fraude por parte de los directores del ICAA posteriores a mí. ¿Antes? Puede. ¿Los casos actuales? Me molesta que se haga demagogia con ellos, y se generalice como si tuvieran todos los productores la culpa. Es miserable. Ahora bien, que se haga luz sobre todos los corruptos. Es cierto que el sistema tenía un posible vacío, pero una cosa es ese vacío y otra el fraude, que es violentar la norma. Si la norma está mal hecha, no es culpa de quien aprovecha el resquicio, sino de quien la ha hecho. Otra cosa es si es ético o no. Pero aquí hablamos de manipulación de documentos. En mi mandato, aunque la norma se publicó después de mi salida con cierto retoques, apostamos por contabilizar los visionados de Internet en las ayudas, y explicitamos que la falsedad de información tenía consecuencias penales de falsedad de documento público. Se crearon los mecanismos adecuados. Desde 2009 no hay muchos casos, eso sí, creo que antes funcionaba de otra manera".

Carlos Cuadros (director del ICAA de octubre de 2010 a enero de 2012). "No creo que sea generalizado, pero hemos investigado siempre lo que hemos podido. En verano de 2011 impulsé a los inspectores del ICAA a que no hacía falta levantar acta física. Me explico. En el artículo 38.3 del Real Decreto 2062/2008 del 12 de diciembre, que desarrolla la Ley de Cine, se explica el proceso de documentación física. Pero yo insistí en que aplicaran el 38.2, en el que queda claro que ya hay delito de falsedad documental si la información que aportan las empresas cinematográficas está manipulada. Así no hacía falta salir, solo con cotejar los datos cruzados por ordenador ya se podía elevar un informe. También empezamos a llamar a Ayuntamientos en los que las productoras decían que habían exhibido sus películas. En algún caso descubrimos que las salas habían cerrado incluso 30 años antes. Algunas de las subvenciones juzgadas estos días ya las paré yo en su momento ante la sospecha de fraude y empezó la correspondiente investigación".