“Sacado del Gobierno Civil por fuerzas del mismo”

Federico García Lorca “lo reunía todo” en el imaginario demoníaco del régimen franquista aunque no desempeñara “actividades conocidas”: era poeta, socialista, masón y además, estaba tildado de “prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser voxpopuli”.

Descrito así, no es de extrañar que García Lorca sintiera miedo durante los primeros días del “Glorioso Movimiento Nacional”, cuando registraron en dos ocasiones su domicilio en Granada. Y que buscara refugio en la vivienda de sus amigos los hermanos Rosales, quienes “por el hecho de haberle ocultado en su domicilio, fueron después objeto de duras recriminaciones”, llegando incluso “a correr un grave peligro” de ser sancionados, “algo que evitó la Falange”.

A pesar de su conversación con el gobernador civil de Granada, durante la que “obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro su vida”, las huestes falangistas no lograron impedir que García Lorca fuera “sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.

Poeta, socialista, masón, homosexual: un demonio para el Movimiento

La versión de la policía franquista, redactada casi 30 años después del asesinato del poeta, es el resultado de unas pesquisas que pudieron no haber sido más que superficiales y basadas en testimonios orales ya conocidos. La veracidad de los hechos descritos es campo abonado para los historiadores, que ya han comenzado a desmenuzar los detalles del informe e incluso a criticarlo.

A vuelapluma, y entre las novedades que pudiera ofrecer la documentación que hasta ayer mismo dormía el sueño de los justos en un archivo oficial, está el hecho de que el Gobierno Civil de Granada fuera el origen de la orden de detención del poeta. Durante esa operación de apresamiento, se llegó a rodear la casa de los hermanos Rosales “con gran aparato por Milicias y Guardias de asalto que tomaron todas las bocacalles y tejados próximos”.

Todas las pesquisas contenidas en la nota informativa de la jefatura superior de policía de Granada tienen origen en una petición realizada desde fuera de España por una periodista francesa, fascinada por la vida y la obra del poeta, a quien llegó a conocer. Ella se llamaba Marcelle Auclair y quería escribir un libro sobre Lorca. No constan las razones por las que decidió solicitar información de manera oficial a la embajada de España en París. Lo hizo, quizás con la esperanza de obtener detalles hasta entonces desconocidos, quizás confiando en una respuesta que confirmara ideas o datos concretos.

La petición siguió su curso administrativo y acabó en la mesa de dos ministros del Gobierno de Franco, el de Exteriores —Fernando María Castiella— y el de Gobernación —Camilo Alonso Vega— quienes, pese a no tener muy claras las implicaciones de la solicitud e incluso no creer conveniente ofrecer información alguna, acabaron manejando el informe encargado a la 3ª Brigada Regional de Investigación Social.

Milicias y guardias de asalto tomaron calles y balcones para detenerle

La periodista Marcelle Auclair nunca obtuvo contestación alguna sobre la petición oficial que había realizado. Y nunca supo que se había redactado una nota informativa. De hecho, su Vida y muerte de García Lorca no menciona detalle alguno referido a este informe sobre el que se recogen detalles en el libro póstumo de Eduardo Molina Fajardo, Los últimos días de García Lorca.

Las cartas de los dos ministros no tienen desperdicio. Además de las dudas que les plantea la solicitud de Auclair, dan noticia de las opiniones de su compañero de gabinete, el ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne, quien creía “conveniente el revisar la cuestión y averiguar si podemos o no abrir nuestros archivos sobre el episodio García Lorca”.

Castiella añadía a su compañero Camilo Alonso Vega que Fraga veía “útil designar un magistrado de toda confianza y máxima autoridad que estudiara con urgencia el problema e informase inmediatamente al Gobierno acerca de las posibilidades de dar la información que poseamos sobre la muerte del poeta”. En su respuesta, Alonso Vega le expresó su inquietud ante la posibilidad de desenterrar “tan desdichado asunto”. “Peor es menearlo”, concluye el ministro de Gobernación.

Javier Torres es jefe de Cultura de la cadena SER.