Un juez ordena el bloqueo en España de la web de descargas The Pirate Bay
Los proveedores deben suspender el acceso a la página centrada en contenidos musicales


La industria cultural acaba de ganar una nueva batalla en su particular lucha contra la piratería en España. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 5 de Madrid ha instado a los proveedores de servicios de acceso a Internet a la suspensión y bloqueo en España en el plazo de 72 horas de todos los dominios del grupo The Pirate Bay, plataforma de origen sueco de descarga de contenidos ilegales.
AGEDI, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, presentó hace dos años y cuatro meses ante la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual una solicitud de iniciación del procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual frente a la vulneración por los responsables de la sociedad Neij Holdings LMT, propietarios del grupo The Pirate Bay.
La resolución tiene una especial relevancia porque se trata del primer bloqueo de una web dedicada al pirateo de música y otros contenidos que sucede en España al amparo de la llamada Ley Sinde. Este bloqueo, de hecho, ya se había producido en otros 13 países, la mayoría europeos (Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Portugal e Italia), y más allá del continente, en Argentina, Malasia e Indonesia.
"Hemos recibido esta resolución con alegría, especialmente al conocer que este estandarte de la piratería ha caído también, por fin, en España", ha dicho a través de un comunicado Antonio Guisasola, presidente de Promusicae. "Ha sido un largo camino desde la primera sentencia de bloqueo contra The Pirate Bay dictada en 2009 por el Tribunal Supremo sueco, hasta lograr lo mismo de otros países. Y hoy el nuestro se pone en hora con los Estados que han decidido plantar cara a esta página creada para lucrarse del trabajo ajeno y perjudicar a creadores de todo el mundo", ha añadido.
El último informe del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, presentado por la Coalición de Creadores el pasado 10 de marzo, señalaba que el 87,94% de los contenidos culturales consumidos online en España en 2014 fueron ilegales —en 2013 fue del 84%—. De entre la marea de números del estudio, elaborado por la consultora GfK y que respalda la tesis de alarma de la industria, destacan dos: a lo largo del año se accedió ilegalmente a 4.455 millones de contenidos digitales y, sobre todo, hubo un lucro cesante de 1.700 millones de euros para la industria, dinero que hubiese ayudado a crear más de 29.000 empleos, según sus cálculos. A la caza de soluciones, el Observatorio apuntaba varias pistas entre los encuestados. Las dos medidas que consideraban más efectivas (65%) eran el cierre del acceso a webs y las campañas de sensibilización.
Este auto se suma a otras medidas ejemplares dentro de la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), en vigor desde enero. Recientemente, la Audiencia Nacional impuso a los dos responsables de YouKioske, una web que ponía a disposición cientos de revistas y periódicos europeos de forma gratuita e ilegal, una multa de hasta 600.000 euros y una condena récord de seis años de cárcel.
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