El ladrón confeso del ‘Códice’ pide la nulidad de todo el proceso

No se trata de “un árbol de raíces envenenadas”, sino de “un auténtico jardín botánico”, dijo ayer la abogada del ladrón confeso del Códice Calixtino, José Manuel Fernández Castiñeiras, y de su esposa e hijo en la primera sesión del juicio que se celebra en Santiago hasta el 5 de febrero. La letrada Carmen Ventoso ha jugado todas sus cartas a una sola baza: conseguir la anulación, desde el primer folio hasta el último, de la instrucción del juez José Antonio Vázquez Taín, basándose en que está cuajada de ilegalidades y pruebas que la Audiencia de A Coruña, a su criterio, debe rechazar. “Este modo de actuar ilegal del instructor hace que nos hallemos ante un Guantánamo procesal”, llegó a afirmar. Entre el aluvión de evidencias que señalan al que fue electricista de la basílica como autor del robo del manuscrito, y sobre todo de la sustracción de unos 2,3 millones de euros de la catedral, están los vídeos de las cámaras de seguridad del claustro y del despacho del administrador; la declaración en sede judicial; la (insólita en España) instalación de micros en el piso habitual del entonces todavía sospechoso o los propios registros tras una detención que la defensa también cree “ilegal”.

La abogada pretende que hoy, tras una deliberación del tribunal y antes de que comience la toma de declaraciones a los acusados (Castiñeiras, su esposa, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernández), la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Santiago, dé carpetazo a los principales elementos que constituyen los cimientos y el edificio de la instrucción construida por el juez y la policía nacional. No obstante, tanto el fiscal, Antonio Roma, como el abogado de la catedral, José Antonio Montero, se opusieron radicamente en su turno a los argumentos que esgrimió la defensa.

“Todo lo actuado es nulo de pleno derecho, todo un manual de cómo contravenir los criterios jurisprudenciales de los dos altos tribunales de este país, de cómo contravenir de modo clamoroso los derechos fundamentales. Un manual, en definitiva, de lo que no se debe hacer”, empezó su intervención la abogada, que ocupó una hora y cuarto de la jornada reservada para las cuestiones previas. Ventoso acusó al juez de “vulnerar” los derechos a la defensa o la dignidad, de “faltar a la verdad incluso por escrito”, de “coaccionar” con sus preguntas al principal acusado y sus familiares imputados, o de seguir instruyendo el caso a pesar de que había dos recusaciones presentadas que él mismo, en un principio, resolvió.

“A los acusados les faltó la figura del juez imparcial”, concluyó la abogada. Un juez que, además, según reiteró una y otra vez Ventoso, se dedicó a conceder innumerables entrevistas sobre el caso a periódicos y televisiones de toda España. “No se trata de un juicio al instructor”, llegó a cortarla en un momento el presidente del tribunal, Ángel Pantín.

Las citadas grabaciones que recoge el sumario, unas en el claustro (la presunta sustracción del Códice) y otras muchas, unas 40, en el despacho del administrador de la catedral (retirada de fajos de billetes de la recaudación del cepillo), se entregaron a la policía medio mes después de la detención de Castiñeiras y, por tanto, según cree la abogada del electricista, no hay garantías de que no fuesen “manipuladas”. Además, la catedral podría estar vulnerando la Ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad, dijo.

Sin embargo, el fiscal defendió que la metodología de la instrucción responde a la “singularidad” y “gravedad” del caso, el robo de un manuscrito de altísimo valor. Y el abogado de la catedral insistió en que el hallazgo de estas grabaciones fue casual y muy posterior a la investigación sobre el robo del Códice, después de que se hallaran ingentes cantidades de dinero en los domicilios del acusado. Además, aseguró que el despacho del administrador es una dependencia “privada”, aislada del resto de la catedral por una sucesión de dependencias y puertas, incluido el vestidor de los curas. Un despacho donde este miembro del cabildo “ni siquiera recibía”. Para el letrado, por tanto, las grabaciones registradas en la cámara son lícitas. Pero Ventoso insistió en que fue “a posteriori” cuando el cabildo se puso en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos para regularizar la situación de sus cámaras.

Por pedir, la defensa pidió incluso que se anule el registro en el que se halló el Códice. La aparición “no se le puede imputar” al acusado, entonces bajo arresto, porque “no estaba presente”.