Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Junta de Andalucía estudia pedir la titularidad de la Mezquita de Córdoba

La Junta andaluza disputa al obispado la propiedad, el control y la gestión del edificio

Una plataforma reúne 80.000 firmas para recuperarlo “para la ciudadanía”

La Mezquita-Catedral de Córdoba, monumento Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Ampliar foto
La Mezquita-Catedral de Córdoba, monumento Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. EFE

Los más de 22.000 metros cuadrados de la Mezquita de Córdoba, símbolo tanto de las cotas más sublimes de la arquitectura como de la concordia entre las civilizaciones, han estado sujetos a siglos de tensiones entre quienes querían preservar esta joya del arte andalusí y quienes pretendían conferirle una imagen puramente católica. La polémica, recrudecida en los últimos años al mismo ritmo al que el obispado de Córdoba laminaba poco a poco la presencia de lo musulmán en la ecuación (llegó a borrar el término mezquita de los folletos y carteles), desembocó a finales de 2013 en la iniciativa de un grupo de ciudadanos (docentes, periodistas, juristas...) de crear una plataforma cívica para tratar de frenar este proceso. En un manifiesto que ha recibido más de 80.000 firmas en la web Change.org, la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos exige la titularidad y gestión pública del inmueble para que deje de ser instrumento al servicio de la Iglesia. Y las intenciones cívicas ha recibido un reconocimiento oficial: la Junta anunció que ha encargado un informe para saber si es competente para pedir la gestión o la titularidad de la joya de la arquitectura andalusí.

La Plataforma teme que, si el clero sigue dando un uso excluyente a la Mezquita, pueda peligrar el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad que la Unesco le dio hace justo 30 años. Un reconocimiento que resaltaba no solo su singularidad artística y arquitectónica, sino también el carácter simbólico del edificio como ejemplo del paradigma en el que Córdoba siempre ha querido sentirse identificada: la concordia entre creencias y civilizaciones.

Por contra, el obispado ha agudizado su función evangelizadora incluso en las visitas turísticas, sobre todo desde que en 2006 inmatriculó por 30 euros como suyo el templo en el Registro de la Propiedad, gracias a una ley de la etapa de Aznar. El mejor ejemplo de este giro se encuentra en las visitas nocturnas a la Mezquita, inauguradas en 2010 tras más de un lustro de negociaciones entre Ayuntamiento e Iglesia. Al final, un primer proyecto de corte más histórico y audiovisual fue descartado por presiones del clero y el gobierno municipal de IU y PSOE claudicó ante las demandas religiosas. Como resultado, las visitas que pretendían atraer tanto a creyentes como a no creyentes se encuentran con una descripción de la historia en la que la presencia andalusí y omeya acaba soterrada por una visión católica.

Durante el día, el obispado tampoco aligera el control. “Hay guardias jurado vigilando con normas muy estrictas”, señala Miguel Santiago, cristiano de base y portavoz de la plataforma. Hace un año, ocho jóvenes austriacos musulmanes fueron absueltos por un juez de Córdoba por un altercado producido en 2010 cuando rezaron delante del muro de la quibla, algo prohibido. La acción de los guardias de seguridad derivó en una pelea y en la detención de los turistas. Santiago se queja de que el obispado usa el monumento como un coto privado. “El control a los guías turísticos es férreo y hay llamadas de atención a cualquier ciudadano por el solo hecho de enseñar el monumento”, explica.

Entre los visitantes ajenos a esta polémica también llama la atención que cuando entran en la Mezquita de Córdoba apenas encuentren referencias musulmanas. “Todo es catedral, los carteles, las entradas...”, dice Alicia, una joven onubense de visita en Córdoba. “Es una lástima”.

La Plataforma ha concretado cuatro reivindicaciones en su manifiesto. En primer lugar, que deje de emplearse solo el término Catedral para referirse al monumento y que se use el aprobado por el el Ayuntamiento en 1994: Mezquita-Catedral. En segundo, exige un reconocimiento jurídico de su titularidad ciudadana. Además, reclaman una gestión pública y transparente, al estilo del patronato que rige la Alhambra. Por último, plantea la redacción de un Código de Buenas Prácticas para evitar acciones que perjudiquen a la imagen del monumento.

Además de las más de 80.000 firmas, el documento ha encontrado la adhesión de numerosos intelectuales, como los escritores Eduardo Galeano y Antonio Gala, el Premio Cervantes José Manuel Caballero Bonald, el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, el cineasta Benito Zambrano, el teólogo Juan José Tamayo o el guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar.

La santa Iglesia inmobiliaria

Luis Gómez

Una reforma de la Ley hipotecaria durante el Gobierno Aznar convirtió al obispo en una especie de notario y a la Iglesia católica (y solo a la Iglesia católica) en una gran inmobiliaria. Con la sola palabra del obispo, la Iglesia podía acudir a cualquier registro de la propiedad e inscribir a su nombre (proceso que se denomina inmatriculación) todo tipo de bienes inmuebles no registrados, entre los que se pueden incluir ermitas, casas del cura, cementerios, solares y un largo etcétera. Así, desde el año 2003, la Iglesia vivió también su particular boominmobiliario, una especie de desamortización al revés.

Como quiera que, en asuntos de dinero, la Iglesia católica tiene una organización muy descentralizada y muy acostumbrada a no rendir cuentas ni al Papa, es imposible conocer qué efectos económicos ha tenido este proceso de apropiación. Se sabe de algunos obispados cuyos ecónomos han procurado grandes beneficios e incluso han gestionado fondos financieros. Se sabe de ecónomos que contrataron los servicios de aparejadores para organizar una inmatriculación masiva de propiedades. Asociaciones como Europa Laica y la Plataforma en defensa del patrimonio de Navarra han combatido este fenómeno entre el desinterés general: solo en Navarra, donde el movimiento vecinal ha sido más activo, se han censado más de 1.000 municipios afectados por la voracidad eclesiástica.

Como la avaricia inmobiliaria no tiene límites, ni siquiera para la Iglesia, sobrevino el caso de la Mezquita de Córdoba, consumado en 2006 y conocido en 2009 (que transcurra el tiempo en silencio también es una ventaja para hacer irreversible la inmatriculación) por la sospecha de un conocido musulmán español. Por 30 euros, la Iglesia hizo suya la Mezquita y todo lo que ello significa: los ingresos de los cientos de miles de turistas que la visitan (sin pagar impuestos porque pagan donativo y no entrada) y todas las inversiones que han hecho las instituciones públicas para conservar el monumento. Por razones que nadie ha explicado, la Junta ha tardado cinco años en reaccionar. No es el único caso sorprendente: ocho años de Gobierno Zapatero tampoco sirvieron para frenar este proceso.

Más información