El Constitucional avala el envío de los ‘papeles de Salamanca’ a Cataluña

Se acabó el litigio por los papeles de Salamanca. El Tribunal Constitucional ha dado la puntilla definitiva a uno de los asuntos que más polémica despertó a propósito de algo de apariencia tan inocente como unos documentos. En una sentencia del pasado 31 de enero de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, se desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra varios artículos de la ley de 2005, que contemplaba la restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, y que durante la dictadura franquista fueron depositados en Salamanca. Esta documentación, en el momento de la devolución, estaba custodiada en el Archivo de la Guerra Civil. La misma ley recurrida contemplaba la conversión de este archivo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, como así ocurrió.

El alto tribunal considera que la norma perseguía "una finalidad razonable" y "no se muestra desprovista de todo fundamento". Aunque pueda discreparse de la solución planteada, el fallo concluye que no puede calificarse de "arbitraria la transferencia de la documentación ope legis [de pleno derecho] a Cataluña frente al restablecimiento de un procedimiento distinto para el resto de las Comunidades Autónomas".

El Ayuntamiento de Salamanca, cuyo alcalde es Alfonso Fernández Mañueco, también secretario general del PP en Castilla y León, considera que el traslado a Cataluña de los documentos "no ha cumplido la ley". El consistorio salmantino "acatará la sentencia", pese a que en este asunto "no se cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devolución", ha explicado la institución en una comunicación. En su comunicado ha invocado a Montesquieu para decir: "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa".

Razonamientos de la Junta

En su recurso, la Junta de Castilla y León planteaba, entre otros razonamientos, que la restitución dañaba la integridad del archivo ("se ve seriamente mutilado convirtiéndose en un archivo parcial o un almacén parcial de restos documentales") salmantino y suponía "una expoliación al suponer la perturbación del cumplimiento de la función social que a los fondos y al Archivo General de la Guerra Civil les corresponde".

La sentencia del Constitucional llega poco más de un año después de que el Tribunal Supremo diese otro varapalo a la administración de Castilla y León, que no se ahorró llamar a la puerta de cuanta instancia judicial -y con cuanto argumento jurídico encontró- para tratar de revertir la salida de material hacia Cataluña. En noviembre de 2011, el Supremo dio la razón al Ministerio de Cultura, que se había negado a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el edificio donde está el archivo (el Colegio de San Ambrosio). Esta petición tenía como finalidad proteger la integridad del archivo e impedir la salida de documentación.

También la Audiencia Nacional avaló a finales de 2008 el envío de documentos y rechazó la petición del Ayuntamiento de Salamanca para anularla. En aquella resolución también rechazaba presentar una cuestión ante el Tribunal Constitucional al considerarla que se ajustaba a la Carta Magna.

El retorno de papeles a Cataluña se supervisó por una comisión mixta -y fue avalado por el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica- y se realizó en varias entregas. En los últimos años, además de documentos oficiales han salido legajos de propietarios catalanes particulares y organizaciones sindicales y políticas. De todo el material hay copia digitalizada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que en los últimos años ha engrosado sus fondos con colecciones y archivos destacados de la época de la República, la Guerra Civil y la dictadura.

Tras la aprobación de la ley en 2005, el traslado de los papeles a Cataluña se convirtió en una gran bronca política entre administraciones y partidos, que utilizaron la movilización social para tratar de influir en las decisiones. La pugna ha sido tal que en los últimos años se han sucedido reiteradamente fallos judiciales (casi siempre a favor de la devolución de los documentos), pero la trascendencia de la sentencia dictada por el Constitucional podría ser el punto final a la batalla.