Los denunciantes estiman en 400 millones de euros los fondos de la SGAE desviados

La Fiscalía Anticorrupción lleva dos años investigado la supuesta desviación de fondos en las actividades de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que ha desencadenado esta mañana en el registro de su sede en Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El abogado de la Asociación Española de pequeñas y medianas empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), Josep Jover, estima en unos 400 millones de euros la cantidad presuntamente desviada, una parte de la cual procedería del canon digital, aunque reconoce: "Cuando se junta el dinero en una misma caja no puedes presumir que todo ese dinero proviene del canon". El presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y otros tres imputados pasarán a disposición judicial a lo largo del día por un delito de apropiación, informa F. J. Barroso.

Jover fue el letrado que representó a la tienda Padawan que se rebeló contra el canon digital y a quien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón en octubre de 2010. El abogado señala que mientras recopilaba la documentación para preparar el procedimiento contra el canon digital en 2007 empezó a ver que había cosas que "no casaban". "Nos dimos cuenta de que había un entramado de empresas que trabajaba para la SGAE, gestionadas por directivos y socios de la misma entidad", concreta Jover.

"Descuadres" en las cuentas

El abogado asegura, además, que encontraron "descuadres" entre las cuentas reales de la institución y las que declaraba ante el Ministerio de Cultura para beneficiarse de subvenciones extra del ministerio. Josep Jover explica que, aunque desconocían que la operación iba a desarrollarse hoy, llevan trabajando conjuntamente con el grupo de Anticorrupción de la Guardia Civil desde diciembre de 2010. "El proceso se pone en marcha por la denuncia de Anticorrupción ante la Audiencia Nacional. Han esperado a que la SGAE comunicara el resultado de las elecciones para que no pudiera interpretarse como una interferencia en la votación" o en su desenlace. La candidatura de los partidarios de Bautista ha logrado el respaldo mayoritario, según se ha sabido esta misma mañana.

La operación tiene su origen en un informe que presentaron, en noviembre de 2007, la propia Apemit junto con la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. "Ahora se va a entender todo", avanza el presidente de la AI, Víctor Domingo quien, en nombre de la Plataforma Todos Contra el Canon, fue el encargado de informar a la fiscalía en 2007 de las presuntas irregularidades por parte de los responsables de la SGAE. Según Domingo, estas presuntas irregularidades consisten en la "desviación de fondos" de los creadores hacia un entramado de empresas y sociedades, que nada tenían que ver con el objeto de la SGAE. Esta información fue ampliada en 2009, a petición de la fiscalía, "y hasta el momento" no tenían "ningún tipo de información", explica Víctor Domingo, que asegura que "ahora", con la intervención policial, "se van a entender muchas cosas".

Domingo precisa también que la información comunicada a la fiscalía ha sido publicada en los diferentes medios de comunicación: "Nosotros no hemos presentado una denuncia, sino que simplemente hemos comunicado lo que ya se sabía". El informe argumenta que sociedades como Microgénesis y Coqnet, ajenas en apariencia a la SGAE, han compartido sede social y directivos con la entidad de gestión.

"Un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley"

Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley". A su juicio, estas actividades pueden ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".

La encendida batalla de la Asociación de Internautas contra la SGAE comenzó el 1 de septiembre de 2003 cuando Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) y las organizaciones representantes de los derechos de autor acordaron empezar a gravar los soportes vírgenes con un canon en concepto de compensación al entender que estos dispositivos conllevaban una copia ilegal. Un año después de la entrada en vigor de la tasa, la AI estimó que la SGAE se había embolsado cinco millones de euros y que el sobreprecio había costado a los usuarios 36 millones. En mayo de 2010, por primera vez, los músicos ingresan más por el canon que por la venta de discos. En octubre de 2010, la SGAE fue objeto de un ataque de Anonymous, el grupo de ciberactivistas que defiende la libertad total en Internet y lucha contra la corrupción de los Gobierno a través de ataques masivos que colapsan las páginas webs de instituciones y empresas. Recibió 13 millones de ataques.