El juez permite derribos en el Cabanyal

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia ha acordado esta tarde el levantamiento de la suspensión cautelar de las licencias de derribo correspondientes a seis inmuebles en el barrio valenciano del Cabanyal-Canyamelar, al considerar que se encuentran ubicados fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y del conjunto histórico protegido. Los socialistas valencianos habían pedido que se paralizaran las órdenes de demolición tras la decisión del Ministerio de Cultura de paralizar el plan de dividir el barrio en dos para prolongar una avenida hasta el mar. El juez aceptó suspender cautelarmente los derribos el pasado 18 de enero, a la espera de que las partes expusieran sus argumentos.

El auto se ha dictado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que esta mañana se celebrara una vista de algo más de una hora a la que habían sido citados el grupo municipal socialista como demandante y el Ayuntamiento para argumentar sus posturas, después de que el tribunal decidiera adoptar la medida de suspensión "cautelar provisionalísima" tras un recurso presentado por el PSPV. El auto dictado hoy establece que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación.

El abogado del PSPV, Luis Alventosa, ha defendido ante el magistrado que los inmuebles afectados por las licencias de derribo se encuentran en el conjunto histórico protegido del barrio, que son Bien de Relevancia Local (BRL) y que para actuar sobre ellos se requiere la autorización de la Consejería de Cultura y un proyecto de edificación sustitutorio.

Por su parte, el letrado del Ayuntamiento, José Vicente Sánchez-Tarazaga, ha rebatido estos argumentos y ha presentado ante el juez sentencias que han avalado la legalidad del plan de remodelación interior, así como escritos que refrendan que "no se vulnera la ley urbanística ni la de patrimonio" y demostrarían la "inexactitud" de los argumentos de la parte contraria.

Los inmuebles afectados están situados en las calles de San Pedro y Luis Despuig, donde el Ayuntamiento quiere abrir un nuevo bulevar perpendicular a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. El juzgado argumenta que estos edificios están fuera del entorno BIC declarado por la Generalitat en 1993 y no están amparados por ningún tipo de protección. No obstante, el auto destaca que en este momento del procedimiento, en el que se ha decidido sobre una paralización cautelar, "no se trata de entrar a valorar en profundidad lo que constituye el fondo del asunto".

El plan urbanístico, que arrastra una larga polémica desde que se aprobó en 2001, continuará en los tribunales, ya que el Gobierno prepara acciones judiciales contra el decreto ley aprobado por la Generalitat para burlar la orden del Ministerio de Cultura de parar el plan y modificarlo. El proyecto prevé el derribo de más de 450 inmuebles con la apertura de la avenida, que atraviesa el BIC de El Cabanyal.

Las demoliciones permitidas hoy por el juzgado están pendientes de que el Ayuntamiento y la Generalitat, que actúan conjuntamente para desarrollar el plan de El Cabanyal, concluyan la tramitación del proceso de expropiación el mes próximo. Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos han denunciado que se presiona con la aprobación de las licencias de demolición a los vecinos que no quieren vender sus casas al Ayuntamiento. La plataforma y las asociaciones de vecinos del barrio han convocado para el próximo 31 de enero una manifestación contra el plan de la alcaldesa, Rita Barberá.

El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, ha celebrado la resolución judicial que permitirá ejecutar los derribos y ha asegurado que al equipo de gobierno "le asiste la razón, el derecho y lo que desean los vecinos" del barrio valenciano. Por su parte, el concejal socialista Vicente González Móstoles ha afirmado que, "como siempre", su grupo acatará la decisión del juez, aunque ha insistido en que no se ha tratado el fondo del asunto en este auto. Los socialistas exigen que se rehabilite el barrio, al igual que Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, que ha insistido en que las viviendas afectadas por el auto de hoy son parte de un conjunto histórico en el que debe prevalecer la orden ministerial de paralizar el plan urbanístico.

Salvem El Cabanyal ha recordado que los afectados "abrazarán" las casas para evitar derribos y que el conflicto por el plan sigue abierto.