El Gobierno recurre el decreto de Camps que permite los derribos en El Cabanyal

El Ejecutivo pedirá al Constitucional que suspenda el plan del barrio marinero de Valencia mientras decide sobre el conflicto de competencias

El Ministerio de Cultura tiene competencias plenas para dictaminar que el plan urbanístico del barrio valenciano de El Cabanyal, que prolonga una de las grandes avenidas de la ciudad hasta el mar a costa del derribo de parte de su trama histórica, supone un expolio al patrimonio histórico. Así lo establece el informe del Consejo de Estado pedido por el Gobierno y así lo defenderá el recurso de inconstitucionalidad que ha decidido presentar el Ejecutivo contra el decreto ley que aprobó el Gobierno valenciano para intentar burlar la suspensión del plan. La presentación del recurso por el conflicto de competencias con el Consell de Francisco Camps incluirá la petición de que se suspenda el decreto ley valenciano, y en consecuencia la ejecución del plan municipal, mientras el Tribunal Constitucional decide.

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El Gobierno entiende que el decreto ley aprobado contra la orden ministerial de suspensión del plan "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado". No se justifica "la extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución para aprobar un decreto ley, sostiene el Ejecutivo. Además, infringe "las exigencias de la seguridad jurídica" al convalidar con carácter retroactivo el plan que impulsa la alcaldesa Rita Barberá.

El departamento que dirige Ángeles González-Sinde suspendió a principios de mes el plan municipal de derribar más de 450 edificios en El Cabanyal por suponer un expolio del patrimonio histórico. En contestación, el Ejecutivo valenciano aprobó un decreto ley para invalidar la orden ministerial y permitir a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, continuar con el proyecto, que se aprobó en 2001. El Gobierno español anunció poco después la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para el que primero era necesario el dictamen del Consejo de Estado analizado esta mañana en el Consejo de Ministros.

Horas antes, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha comentado el informe del Consejo de Estado. El documento niega la "urgencia" y "necesidad" para que el Consell aprobase un decreto ley. "Es patente las vulnerabilidad de los supuestos invocados por la Generalitat", dice el texto. Y va más allá. "La existencia o no de expoliación es algo que compete a la Administración General del Estado, de modo que la Generalitat no puede pretender que el Estado carezca de atribuciones", según Peralta. El delegado del Gobierno ha recordado, citando de nuevo el dictamen, que en este conflicto no se trata de jerarquías de un decreto ley sobre una orden ministerial, sino de competencias. "Y el ministerio la tenía y la Generalitat, no", ha destacado. "Desde luego el decreto ley (de la Generalitat Valenciana) carece de competencia y legitimidad para declarar y ordenar" que el plan municipal "no podrá verse menoscabado por los actos o acuerdos de otras administraciones públicas". El dictamen, elaborado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, ha sido aprobado por unanimidad.

El Consell, por boca del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha criticado antes de conocerse la decisión del recurso contra el decreto la "agresión" del Ejecutivo frente a las "legítimas competencias" de los valencianos, y ha criticado que se quiera "atentar" contra el "legítimo y estatutario derecho" de los valencianos a ejercer sus competencias. El vicepresidente ha adelantado que van a poner "a disposición de la legitimidad de los derechos" del Gobierno de la Generalitat todos los medios jurídicos para defender sus derechos y competencias, en defensa del "progreso de la ciudad de Valencia" y de un "avance evidente" que tiene "un apoyo mayoritario dentro del barrio".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha afirmado tras conocerse la decisión del Ejecutivo que es "el mayor ataque a los valencianos desde que Felipe V abolió los fueros". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también ha reaccionado al anuncio del recurso, que considera "claramente de injerencia, invasión y abuso de poder". La alcaldesa ha afirmado que el Gobierno "utiliza todos los instrumentos de la Administración del Estado al servicio de su conveniencia sin el más mínimo rubor", pero ha sentenciado que va a seguir adelante "agarrada a las competencias que tienen Ayuntamento y Generalitat".

Por su parte, la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, que defiende desde hace una década que se rehabilite el barrio en vez de destruir casas para una avenida, ha solicitado al Ayuntamiento que suspenda todas las actuaciones del plan. Especialmente el trámite de expropiación de viviendas en la calle de San Pedro, para el que han sido citados ya varios vecinos. Un juzgado avaló recientemente varias licencias de derribos en esa calle por estar situada fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), pero la orden del ministerio abarca también el resto de actuaciones del plan municipal. Los vecinos preparan una manifestación para el domingo en defensa de un nuevo plan que implique la demolición de viviendas.

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