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El Gobierno llevará al Constitucional el 'decretazo' de El Cabanyal

El Consejo de Estado emitirá un dictamen previo

El decreto ley del Consell, convalidado el jueves por la Diputación Permanente de las Cortes, que levanta de un plumazo la protección patrimonial del barrio de El Cabanyal, en Valencia, acabará en el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha puesto en marcha el procedimiento para presentar un conflicto de competencias contra esta medida del Ejecutivo que preside Francisco Camps, adoptada como respuesta a la orden del Ministerio de Cultura que dicta la paralización, por expolio del patrimonio, del polémico plan que prevé atravesar el núcleo histórico del barrio, declarado bien de interés cultural (BIC), para que la avenida de Blasco Ibáñez llegue al mar.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, que sigue de cerca el caso, se limitó ayer a señalar: "Tengo la convicción de que el ministerio trabaja con celeridad y respetando los trámites que se han de cumplir".

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, por su parte, explicó que se está elaborando un informe jurídico sobre la invasión de competencias de la Administración central por el decretazo del Consell "o las posibles modificaciones que pudieran darse", en alusión al hecho de que la Diputación Permanente decidió tramitar el decreto como proyecto de ley en el próximo período de sesiones. Peralta recordó que, según la Constitución, es "competencia exclusiva" del Estado evitar el expolio del patrimonio.

El plan, que la alcaldesa Rita Barberá se ha empeñado en sacar adelante pese a la oposición de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal y a los informes en contra de entidades e instituciones culturales, será abordado en una próxima reunión de la comisión de seguimiento de disposiciones legales de las comunidades autónomas y, con toda probabilidad, se encargará de urgencia al Consejo de Estado un informe preceptivo para que el Ejecutivo central pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional. Con ese informe sobre la mesa, el Consejo de Ministros podrá presentar un conflicto de competencias que suspendería automáticamente el decreto mientras el Constitucional se pronuncia.

La Generalitat, a su vez, puede recurrir la orden ministerial por la vía de lo contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de enero de 2010