Suspendidos los derribos de seis casas del Cabanyal de forma cautelar

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia ha dictado esta tarde un auto por el que ordena la suspensión "cautelar provisionalísima" de los derribos de seis inmuebles en las calles San Pedro y Luis Despuig del barrio del Cabanyal, tal y como pedía el grupo municipal socialista. Esta misma mañana los socialistas presentaron un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, en la que se aprobó conceder las licencias de derribos de esos inmuebles.

El auto judicial indica que contra esa resolución no cabe recurso alguno y que será notificada por medio de telegrama o fax al Ayuntamiento de Valencia, así como al recurrente, a la vez que cita a ambas partes, el próximo jueves 21, ante este juzgado. En esa vista se tratará el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, según el artículo 135 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que una vez celebrada la comparecencia, el juez o tribunal "dictará auto, que será recurrible conforme a las reglas generales".

"Hasta tanto recaiga sentencia firme"

El Ayuntamiento de Valencia había logrado proseguir con el Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, gracias a un decreto ley del Consell que anuló la orden del Ministerio de Cultura que declaraba expolio la actuación urbanística municipal (prolongar una avenida hasta el mar derribando la trama histórica de ese barrio marítimo) y la paralizaba. El recurso del grupo socialista se ha interpuesto contra cuatro resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno Local el 15 de diciembre en las que se concedía licencia de derribo de los inmuebles situados en los números 27, 29, 31 y 61 de la calle San Pedro, y en los números 16 y 18 de la calle Luis Despuig, que forman parte de un ámbito declarado en su conjunto Bien de Relevancia Local.

El PSPV pedía la suspensión inmediata de la ejecución de las resoluciones al haberse dictado la concesión de licencia de derribo sin mediar autorización previa de la Conselleria de Cultura y sin que exista un proyecto de edificación sustitutoria, aspectos preceptivos según la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Asimismo, el recurso solicitaba la suspensión de la ejecución de esas licencias "hasta tanto recaiga sentencia firme". Los socialistas ya habían conseguido anteriormente la suspensión de la ejecución de las licencias de derribo de los inmuebles ubicados en el número 170 de la calle Padre Luis Navarro y del número 155 de la calle Barraca.

Las alegaciones del PSPV indican que las recientes declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "afirmando que va a proceder a la demolición inmediata de inmuebles del conjunto histórico, demuestran una contumacia que si bien no extraña, resulta indiciaria de la posición de rebeldía en la que se ha enmarcado el Gobierno municipal. El recurso asegura también que esa postura es seguida "bien de cerca" por la Generalitat, y califican de "maniobras torticeras" las posiciones adoptadas tanto por la administración municipal como de la autonómica, que "no pretenden otra cosa que dejar sin efecto la calificación de BIC a golpe de decreto-ley del Consell". Para los socialistas, la "disposición del Consell no tiene otro objeto que cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y cometer de forma consciente un expolio del patrimonio histórico".

Esta mañana, la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch, durante el anuncio de la presentación del recurso, ha afirmado que Barberá "debería actuar con cautela y prudencia, y no como un agente demoledor, respetando el Estado de Derecho que tanto invoca pero que a la hora de la verdad no respeta como debería respetar". "Lo más prudente es que se suspendan las actuaciones hasta que se resuelva el conflicto de competencias que pretenden plantear", ha asegurado la concejal socialista, quien ha lamentado "los continuos intentos del Partido Popular de promover la confrontación entre instituciones y gobiernos", en vez de "emplearse en rehabilitar y revitalizar el barrio del Cabanyal".