El PP apoya el 'decretazo' del Cabanyal con un furibundo ataque al Gobierno

"Una nueva agresión deliberada del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero". "Una respuesta de extrema necesidad para preservar nuestro fuero". "Otro atropello a la voluntad popular y a las instituciones legítimas". "Se ha desafiado al Ayuntamiento y al Consell". No son expresiones proferidas por dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya, ni de Convergència i Unió, ni del Bloque Nacionalista Galego, ni tampoco del Partido Nacionalista Vasco. Son sólo algunas perlas de la argumentación con la que justificaron ayer el Consell, por boca de su vicepresidente Juan Cotino, y el PP valenciano, por boca de su portavoz parlamentario, el también consejero Rafael Blasco, el decretazo autonómico que ha despojado de la protección de bien de interés cultural (BIC) al barrio de El Cabanyal de Valencia, en respuesta a la orden del Ministerio de Cultura de paralizar un proyecto urbanístico que pretende que la avenida de Blasco Ibáñez lo atraviese para llegar al mar.

Alborch asistió al debate, pero no Barberá, que es diputada autonómica"

¿Quién nos asegura que no querrán un día prolongar la avenida del Oeste?"

La Diputación Permanente de las Cortes Valencianas, con la mayoría absoluta de que disponen los populares, convalidó el decreto ley del Consell y acordó tramitarlo de urgencia como proyecto de ley. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, despliega así otra furibunda ofensiva antigubernamental para responder al revés sufrido por una alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que, pese a ser también diputada, no se dejó ver por el Parlamento, como sí lo hizo la portavoz socialista, Carmen Alborch, junto a representantes de la plataforma Salvem el Cabanyal.

El victimismo político volvió a imponer su ley en el palacio de Benicarló, aunque todo el mundo es consciente de que las espadas quedan en alto, porque el futuro de El Cabanyal está en manos del Tribunal Supremo, que emplazó precisamente en una sentencia del pasado mes de mayo al Gobierno a pronunciarse sobre la posibilidad de que el proyecto urbanístico de Barberá incurra en expolio sobre un núcleo histórico declarado BIC por las propias Cortes Valencianas en 1993. A raíz de esa resolución judicial ha emitido el ministerio su orden de paralización.

Cotino, en su defensa del decreto ley, arremetió contra Zapatero, describió la prolongación de la avenida de Valencia al mar como "una aspiración histórica" de la ciudad, argumentó sus propósitos de regeneración y revitalización del barrio y acusó a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de "sentenciar al Cabanyal a una muerte lenta y dolorosa" por impedir que se ejecute el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que centra la polémica desde hace más de una década. Blasco, que llegó a acusar a Zapatero de usar el Boletín Oficial del Estado para conseguir "lo que no le dan los votos", reiteró que el proyecto de prolongación de la avenida ha formado parte del programa electoral de Barberá y explicó la contundente reacción del Consell como "una defensa máxima de la autonomía de los valencianos" y "una barrera a los atropellos que no estamos dispuestos a seguir consintiendo". Entre esos atropellos citó la derogación del trasvase del Ebro, la financiación autonómica e, incluso, proyectos urbanísticos en núcleos históricos de la ciudad de Barcelona, como la Barceloneta o El Raval, sobre los que el Gobierno no ha intervenido.

El portavoz socialista, Ángel Luna, negó que el decreto ley pretenda defender competencias autonómicas frente al Gobierno central y sí impedir el cumplimiento de una sentencia. Tras calificar el documento de "esperpéntico y claramente inconstitucional", vaticinó que los tribunales acabarán poniendo a cada uno en su sitio, recordó que si el Ejecutivo socialista dispone del Boletín Oficial del Estado es porque lo han hecho posible los votos ciudadanos y defendió la "urgente necesidad de rehabilitar el barrio de El Cabanyal y no abandonarlo para que la gente huya de allí". El diputado del PSPV-PSOE explicó que el decreto ley "vulnera todos los procedimientos legales para la declaración y la extinción de BIC", que prevén una participación pública, y no obedece a urgencia alguna sino a "un abuso de poder". Luna pronosticó: "Ese esperpento jurídico que han parido en una mala noche va a tener muy poca vida normativa".

"Su decretazo es una muestra de deslealtad institucional", aseguró la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, que lo calificó de "manifestación gravísima de autoritarismo". Según la diputada, la orden del ministerio supone "un revés político monumental" para el PP y para Rita Barberá.

También la portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, que vestía una camiseta de Salvem el Cabanyal, arremetió contra la alcaldesa de Valencia y consideró que el PP ha cometido una "barberidad". Oltra acusó a los populares de actuar como "insumisos ante el Estado de derecho" -"¿quién nos asegura que no querrán un día prolongar la avenida del Oeste y levantar la protección del barrio de El Carme?", se preguntó-, denunció intereses económicos tras el proyecto, con una alusión directa a las empresas de la familia del propio Cotino, y auguró que la oposición ciudadana y la razón harán que el PP pierda una batalla que se ha convertido en "el talón de Aquiles de Barberá".

"SIN VALOR JURÍDICO". El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que visitó ayer El Cabanyal (en la imagen), aprovechando una visita a Valencia para pronunciar una conferencia invitado por Acció Cultural, aseguró que el decreto ley del Consell sobre el barrio "afecta a una competencia del Estado que no está transferida" y "no tiene ningún valor jurídico".