Un tribunal suspende el derribo de seis casas en El Cabanyal a petición de los socialistas

El Cabanyal sumó ayer otra victoria en su carrera contra el derribo de una parte del barrio. Los tribunales suspendieron de forma cautelar la demolición de seis inmuebles en las calles de San Pedro y de Luis Despuig a petición del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Su portavoz, Carmen Alborch, anunció a las 11 de la mañana un recurso contra los derribos autorizados en diciembre por el equipo de gobierno que preside Rita Barberá y pocas horas después el juez atendió la solicitud hasta que el próximo viernes las partes acudan al juzgado, expongan sus argumentos y el titular confirme o no la paralización de las demoliciones.

"La alcaldesa debería actuar con cautela y no como un agente demoledor. Lo más prudente es que [el consistorio] suspenda las actuaciones hasta que se resuelva el conflicto de competencias", comentó Alborch. El Ministerio de Cultura dictó a finales de diciembre una orden contra el plan de Barberá que prolongará la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de la destrucción de una parte del barrio al considerarlo "expolio patrimonial". La reacción del Consell y el consistorio que preside Barberá fue anular por decreto ley -ya convalidado por las Cortes- la protección de El Cabanyal-Canyamelar. El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional por conflicto de competencias en unos días.

Alborch: "Un alcalde socialista jamás habría hecho una cosa así"

Los vecinos contabilizan 90 derribos en la zona de la prolongación

En un acto de entrega de llaves de 42 viviendas de protección pública, la alcaldesa de Valencia aludió al recurso de los socialistas. Todavía no se conocía la decisión del juzgado de suspender cautelarmente los derribos. "Que salgan a la calle y hablen con los vecinos del barrio, en lugar de castigarlos con la paralización", dijo Barberá a los socialistas. La alcaldesa insistió en la idea a la que se ha referido en días pasados de que los socialistas consideraban en el PGOU de 1988 la prolongación de Blasco Ibáñez.

"Un alcalde socialista jamás habría hecho algo así", replicó Alborch.La portavoz socialista criticó el intento del PP de que la actuación del Gobierno se vea como una agresión contra la autonomía de las instituciones valencianas. "Muchos valencianos no sólo no se sienten agredidos por la orden ministerial sino todo lo contrario. Es la única protección con la que cuentan", subrayó Alborch. El concejal Vicente González Móstoles, que compareció con la portavoz, insistió en que hasta la fecha han logrado paralizar también el derribo de dos inmuebles, esta vez situados en la zona protegida como Bien de Interés Cultural (BIC). De nuevo enfatizó que el PGOU de 1988, que elaboraron los socialistas, sólo recogía que el planeamiento diferido podía "o no" contemplar la conexión con el mar. "Pero eso no era la prolongación. Es falso de toda falsedad", dijo el concejal.

No es la primera vez que los socialistas piden a los tribunales la suspensión de los derribos en tanto se resuelve el conflicto que vive el barrio marinero desde hace una década. El pasado verano ya recurrieron otra remesa de demoliciones que todavía están pendientes de resolución. La plataforma Salvem El Cabanyal también ha seguido esta vía. Cada demolición aprobada por el consistorio de Barberá ha sido recurrida ante los tribunales. La orden del Ministerio de Cultura les ha supuesto un refuerzo a sus argumentos.

Aun con toda esta oposición, las demoliciones avanzan cada año. Según datos recopilados por la asociación de vecinos del barrio, desde que se aprobó el plan de El Cabanyal se han derruido unos 90 inmuebles en la zona donde está prevista la prolongación de la avenida. Inmuebles todos que el consistorio ha adquirido a lo largo del tiempo y que ha echado abajo a pesar de que el consistorio no tiene todavía un proyecto constructivo para esta zona, se quejaba recientemente Maribel Doménech, de la plataforma de Salvem El Cabanyal.

El consistorio, por su parte, insiste en que la batalla en El Cabanyal se prolonga desde hace años y que los tribunales han dado la razón en más de una ocasión al equipo de gobierno. "Yo voy a seguir", dijo tajante Barberá. "Me amparan la legislación y las sentencias". Desde el equipo de gobierno insistieron en que ellos acatan las sentencias "mientras otros", en alusión a los socialistas, "las utilizan".

La dirección del PSPV-PSOE de Valencia, que ayer se reunió con las agrupaciones del partido en el marítimo, aplaudió la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Valencia. Para Salvador Broseta, secretario general de la ciudad de Valencia, "está en juego el patrimonio de los valencianos". El dirigente socialista situó el conflicto en la "necesidad de decidir entre la especulación o la conservación del legado histórico-cultural que heredamos de nuestros antepasados".

Vicente Gallart, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, se mostró satisfecho con la decisión "cautelarísima" del juzgado. "Espero que la decisión final sobre la que se apoye el juez arrojará luz sobre qué mandará realmente en todo este conflicto; si la orden ministerial del Gobierno o el decreto ley del Consell". Gallart pidió sentido común en esta historia y recordó que el colectivo vecinal lleva años cuestionando, más que el plan en sí, con el que no están de acuerdo pero sobre el que se han mostrado dispuestos a hablar con el consistorio, la estrategia unilateral que ha llevado adelante el equipo de Barberá desde que aprobó el plan para la prolongación de Blasco Ibáñez.

La asociación también advirtió de que las plantas bajas de los inmuebles situados en los números 27 y 29 de la calle de San Pedro y el bajo de la vía de Luis Despuig, número 16, no son de propiedad municipal y, "por tanto, el Ayuntamiento no puede dictar así como así licencia de derribo".