Estados Unidos encabeza la ‘lista de morosos’ en la financiación climática para los países en desarrollo

La cumbre del clima que se está celebrando en Sharm el Sheij, la COP27, puede ser la cumbre de las cuentas pendientes. Porque las naciones más vulnerables han llevado hasta esta ciudad egipcia sus reproches contra los países más desarrollados por no cumplir con sus promesas de financiación climática. Además, estas naciones, apoyadas por la ONU, presionan para que en esta cita se establezca algún mecanismo o fondo de compensación para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a las pérdidas y daños vinculados al calentamiento global, como los estragos que causan los fenómenos meteorológicos extremos.

Las cumbres del clima como esta COP27 sirven para que los países se comprometan con medidas más o menos concretas para combatir el calentamiento global. En otra de estas conferencias, la que se celebró en 2009 en la ciudad danesa de Copenhague, los países desarrollados prometieron que a partir de 2020 movilizarían 100.000 millones de dólares al año (la misma cantidad en euros, al cambio actual) de financiación climática para que el resto de naciones puedan transformar sus economías y reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero. También debían ayudarles a adaptarse a los impactos del calentamiento global con esos fondos. Dentro del término movilizar se incluye el dinero público y privado que llega a las naciones en desarrollo en forma de créditos (en la mayoría de casos) y las ayudas a fondo perdido. A pesar de la promesa, en 2020 no se alcanzó esa cifra. Se llegó a los 83.300 millones de dólares, según el balance realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El grupo de análisis británico Carbon Brief ha estudiado las contribuciones de cada una de las naciones ricas. Y concluye que la aportación de Estados Unidos está muy por debajo de lo que le correspondería si se atiende a su responsabilidad histórica sobre el cambio climático. Canadá, Australia y el Reino Unido están también por debajo.

El compromiso de los 100.000 millones vincula a las naciones que están incluidas en el anexo segundo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se firmó en 1992 y que, desde entonces, es el paraguas legal bajo el que se desarrollan este tipo de negociaciones medioambientales y las cumbres. Dentro de ese listado están todos los miembros de la Unión Europea, además de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Noruega y Japón (23 países y la UE). Ya en la convención marco se establecía que estas naciones debían ayudar al resto por ser las responsables históricas del cambio climático. Y en 2009 se tradujo en cifras esa ayuda: los 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020.

Si EE UU hubiera pagado una parte justa equivalente a lo que ha contribuido al cambio climático con sus emisiones históricas, explica en su análisis Carbon Brief, debería haber movilizado 39.900 millones de dólares. Pero, en realidad, “solo entregó 7.600 millones de dólares (el 19% de lo que le correspondería) en 2020, el año más reciente del que hay datos disponibles”. Ese año todavía estaba en el poder el republicano Donald Trump, que sacó a su país del Acuerdo de París y redujo a mínimos la ayuda climática internacional.

Según este análisis, Canadá también estuvo por debajo, ya que solo movilizó el 37% de la “cuota justa” que le correspondería, mientras que Australia se quedó en el 38%. El Reino Unido movilizó el 76% de su “cuota justa”. En el otro lado están Alemania, Francia y Japón, que movilizaron proporcionalmente más dinero de su contribución al calentamiento histórico. Aunque, según Carbon Brief, una parte importante de su financiación es en forma de préstamos y no subvenciones. La contribución económica de España es prácticamente la misma que le correspondería por sus emisiones históricas.

La financiación climática es uno de los puntos críticos de las negociaciones que se celebran bajo el auspicio de la ONU. Tras el incumplimiento en 2020, el último dato disponible, los países desarrollados aseguraron que alcanzarán la meta de los 100.000 millones en 2023. Pero las críticas de las naciones más vulnerables no solo se centran en que no se haya alcanzado esa cifra todavía, sino también en el destino que se le da al dinero. Porque, mayoritariamente, los fondos van a parar a acciones de mitigación, es decir, inversiones para reducir las emisiones con medidas como la implantación de renovables.

Sin embargo, los países más vulnerables quieren que se destinen más fondos para la adaptación, es decir, para realizar inversiones que les permitan reducir los impactos negativos que ya está causando la crisis climática, como, por ejemplo, la construcción de diques para contener las inundaciones. Pero en 2020, de los 87.000 millones de dólares movilizados, solo el 34% (29.000 millones) se destinaron a adaptación. La cumbre de Glasgow del pasado año se cerró con una declaración en la que los Estados desarrollados se comprometieron a duplicar como mínimo el apoyo a la adaptación, hasta llegar a los 40.000 millones de dólares al año para 2025.

Sistemas de alerta temprana

Entre las acciones de adaptación están también los sistemas de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos extremos, que buscan reducir los impactos de unos desastres que están aumentando en intensidad y frecuencia debido al cambio climático. Sin embargo, la mitad de los países del mundo carecen de este tipo de medidas, lo que aumenta su vulnerabilidad ante unos desastres que se han “multiplicado por cinco” impulsados “en parte por el cambio climático inducido por el hombre”, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Este organismo presentó ayer en Sharm el Sheij un programa para lograr cubrir esa brecha y que todos los habitantes del planeta estén protegidos por estos sistemas de alerta temprana. Para ello, la OMM estima que son necesarios 3.100 millones de dólares en los próximos cinco años, que podrían salir de los fondos de financiación climática que los países desarrollados deben poner sobre la mesa de negociación. “Las alertas tempranas salvan vidas y proporcionan enormes beneficios económicos. Con solo 24 horas de aviso de un evento peligroso inminente se puede reducir el daño resultante en un 30%”, ha explicado el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

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