La ONU fija las reglas contra las trampas climáticas: una empresa no es ‘verde’ si sigue apostando por el petróleo o el gas

El Acuerdo de París es vinculante para todos los países que lo ratifican, y estos deben comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para lograr que el calentamiento global se quede dentro de los límites menos catastróficos. Pero, a medida que los efectos de esta crisis climática son más evidentes y duros en todas las regiones y aumenta la presión social, también crece el papel de los llamados actores no estatales —regiones, ciudades y empresas de todo tipo—. Muchos de estos actores son los que presentan planes en los que declaran que serán climáticamente neutros dentro de dos o tres décadas para combatir el calentamiento global. Sin embargo, por esa ventana se cuelan infinidad de programas considerados por analistas y organizaciones ecologistas como greenwashing o lavado de imagen verde, porque, lejos de ayudar a combatir el cambio climático, pueden hasta acelerarlo.

Hace un año, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció que iba a conformar un grupo de expertos para que elaboraran una guía contra la ecoimpostura con recomendaciones concretas para aquellos que quieren presentar compromisos de emisiones cero netas. Este martes, en la cumbre del clima que se está celebrando en Sharm el Sheij, la COP27, esos 17 expertos han presentado su informe final con una decena de preceptos. Y los combustibles fósiles, responsables de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta, están en el centro de este documento. Los expertos dejan claro que para que los planes climáticos de las ciudades, regiones y compañías sean creíbles, estos actores no pueden aumentar las extracciones de petróleo, gas y carbón. “No hay espacio para nuevas inversiones en el suministro de combustibles fósiles y es necesario desmantelar y cancelar los activos existentes”, sostiene el documento de los expertos.

Una de las 17 especialistas internacionales que ha participado en la elaboración de este programa es Helena Viñes, consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. “La ciencia nos dice que el 90% de las reservas conocidas de combustibles fósiles no pueden ver la luz si se quiere cumplir con el objetivo de que el calentamiento no supere los 1,5 grados Celsius”, explica Viñes por teléfono a EL PAÍS desde Sharm el Sheij. Por eso, en el documento presentado este martes se deja claro que las empresas no pueden desarrollar ni explotar nuevas minas de carbón, ni ampliar las existentes. Y las energéticas deben cerrar sus plantas que generan electricidad con este combustible como tarde en 2030 en los países de la OCDE y en 2040 en el resto.

En el caso del petróleo y el gas natural, se señala que no se pueden explotar nuevos yacimientos y las compañías deben directamente ponerle fecha de fin a la producción actual. “Los objetivos de adquisición de energía renovable deben incluirse como parte de los planes de transición a las emisiones netas cero”, se apunta. Lo contrario se entiende como ecopostureo. También contiene importantes directrices el documento para las entidades financieras: sus planes climáticos deben incluir el fin inmediato de las “inversiones en cualquier empresa que planifique nuevas infraestructuras, centrales eléctricas y minas de carbón”, además de trazar un plan de desinversión. Lo mismo ocurre con la explotación de petróleo y gas, cuya financiación debe terminarse.

Sueldos de los directivos

Además de las recomendaciones que se realizan sobre las explotaciones de combustibles fósiles, Viñes pone también el acento en las políticas de gobernanza. Por ejemplo, en que los planes de emisiones netas cero no sean para mediados de siglo, sino que establezcan objetivos concretos para cada cinco años. “Las metas deben ser a corto plazo y las políticas de remuneración de los directivos deben ir vinculadas a esos objetivos”, añade esta experta. “Debe haber un cambio en el sistema de remuneración”, enfatiza.

Un reciente informe del grupo de analistas Carbon Tracker incidía en este asunto cuando señalaba a importantes empresas de combustibles fósiles —como BP, Eni, Total Energies y Repsol— que vinculaban una parte destacada de la remuneración de sus directivos a objetivos que incentivan directa o indirectamente el crecimiento de la producción de petróleo y gas. Eso a pesar de que presentan planes climáticos en los que prometen reducir las emisiones de sus negocios para finales de esta década y mediados de siglo.

Uno de los mayores coladeros del greenwashing se produce gracias al concepto de emisiones netas cero. Ese término se refiere a que una empresa o una ciudad solo expulsará los gases de efecto invernadero en su actividad que puedan ser capturados por sumideros (por ejemplo, los bosques). La trampa puede estar en qué se considera un sumidero o en la doble contabilidad (que un mismo bosque se cuente varias veces para compensar emisiones) o en soluciones tecnológicas de captación de gases poco claras o en no tener en cuenta el ciclo completo de vida de un producto o todas las áreas de negocio. Viñes incide en que este tipo de soluciones, que suelen aplicarse a través de la compra de los llamados créditos de carbono, no pueden ser para los objetivos de corto y medio plazo. “Solo se pueden usar para el final del plan”, añade. En política climática se introdujo el término de emisiones netas cero, pensando en los procesos que tienen prácticamente imposible su descarbonización total con la tecnología existente. Pero el riesgo es que lo que se considera una excepción acabe como norma y, al final, no se produzca una verdadera reducción bruta de las emisiones, solo un lavado de cara verde.

Respecto a las medidas que afectan a los bosques, el documento presentado este martes deja claro que “las instituciones financieras deben tener una política de no invertir ni financiar negocios vinculados a la deforestación” y tienen que “eliminar la deforestación impulsada por productos agrícolas de sus carteras de inversión y crédito para 2025″.

El documento de este grupo de expertos designados por el secretario general de la ONU hace hincapié en que para que no se considere una táctica de ecoimpostura, cualquier plan de emisiones netas cero “debe cubrir toda la cadena de valor de una ciudad, Estado o negocio, incluidas las emisiones de uso final”. Además, “debe comenzar rápido y no retrasar la acción hasta el último minuto”. La guía deja claro que las compañías y otros actores no estatales no pueden presionar o hacer lobby “para socavar” las políticas climáticas de los gobiernos, ya sea directamente o a través de alguna asociación u otros organismos. “Este informe pone los puntos sobre las íes, y deja claro lo que son los compromisos creíbles”, concluye Viñes.

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