El sombrío historial represivo de Egipto marca el inicio de la cumbre del clima de la ONU

La cumbre de la ONU sobre cambio climático que se celebra desde el domingo hasta el día 18 en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij podría ser un congreso clave para el sur global. El evento se ha enmarcado como la COP de África, y muchos países y grupos ecologistas quieren situar en el centro del debate una cuestión urgente y espinosa: la responsabilidad histórica de los países ricos en el cambio climático y su deuda con los países en desarrollo, que a menudo son los más afectados a pesar de que su contribución haya sido mínima. Sin embargo, organizaciones de derechos y activistas, y más recientemente un grupo de expertos de la ONU, llevan meses alertando del dilema que representa celebrar esta cita, conocida como la COP27, en un país con un dilatado historial de violaciones de derechos humanos, draconianas restricciones a la sociedad civil, persecución sistemática de voces críticas, y severas limitaciones a la prensa y a la libertad académica.

“Hay una correlación directa entre el espacio que tiene la gente para discutir y exigir mejores políticas y el éxito de [este tipo de] negociaciones”, señala Richard Pearshouse, director de la división de medio ambiente y derechos humanos de Human Rights Watch, y añade: “No vamos a conseguir políticas climáticas ambiciosas sobre el fin de la financiación de subsidios a los combustibles, la descarbonización de las industrias intensivas o el impacto del clima sobre los grupos más vulnerables sin activistas, periodistas, grupos ecologistas y científicos independientes que puedan subrayar la urgencia de estos asuntos”.

Uno de los aspectos de la cumbre que más críticas ha recibido ha sido el lugar que la va a alojar, ya que Sharm el Sheij es una ciudad de difícil acceso para la mayoría de la población egipcia, pues la urbe se sitúa en el sur de la península del Sinaí, muy lejos de los grandes centros urbanos del país. Estas características la han convertido en la opción predilecta de las autoridades egipcias para albergar conferencias internacionales exentas de movilizaciones sociales como contracumbres y protestas, muy habituales durante estos encuentros por el clima.

Para la COP27, el gobernador del Sur del Sinaí, Jaled Fouda, afirmó en una entrevista con la cadena local Sada Elbalad que han habilitado un espacio “chic” en Sharm el Sheij para celebrar protestas. Pero avanzó que solo podrán acceder quienes se hayan registrado, y las directrices del lugar limitan las horas de acceso de diez de la mañana a cinco de la tarde. “El espacio designado para protestas por las autoridades egipcias es una broma”, desliza Bahey eldin Hassan, director del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo. “El enfoque de las autoridades egipcias sobre activismo y espacio cívico es sencillamente demasiado represivo como para permitir que se celebre una COP tradicional”, agrega.

En los días previos al inicio de la cumbre, las autoridades han detenido al menos a 138 personas en distintas gobernaciones a raíz de una vaga llamada en las redes sociales que convoca a los egipcios a manifestarse por la situación en el país el día 11 de noviembre, coincidiendo con la COP27, según han documentado 12 grupos de derechos locales. Otra de las medidas que ha generado quejas por limitar la accesibilidad a la conferencia ha sido un “aumento coordinado” de las tarifas de hotel en Sharm el Sheij por las autoridades, según ha explicado un grupo de expertos de la ONU, adelantándose al inicio de la cumbre. Ante las críticas recibidas, los organizadores han habilitado finalmente alojamientos más asequibles, pero algunos activistas lamentan que se ha actuado demasiado tarde.

Por otro lado, al menos a cinco organizaciones egipcias independientes que llevan años en el punto de mira de las autoridades se les ha bloqueado el acceso a la cumbre. En este sentido, las acreditaciones a las COP pueden conseguirse por dos vías: solicitando el estatus de observador al órgano de la ONU responsable de estos eventos (la UNFCCC), o mediante admisiones únicas abiertas a organizaciones del país anfitrión gestionadas en primera instancia a través del Gobierno.

Egipto recibió el encargo de acoger la COP27 en noviembre de 2021, pero los plazos imposibilitaron que la sociedad civil del país llegara a tiempo de recibir el estatus de observador. Y según ha explicado a EL PAÍS en condición de anonimato un miembro de una de las organizaciones apartadas, el proceso extraordinario por el que el Gobierno ha permitido que varios grupos pidan la admisión única solo se ha abierto a organizaciones elegidas a dedo. “Por eso la COP27 va a estar llena de ONG controladas por el Gobierno”, señala. La lista de ONG admitidas por la UNFCCC incluye a 36 de Egipto, y solo una parece tener el estatus de observadora. El ministerio de Exteriores egipcio y la Presidencia de la COP27 no han contestado a las solicitudes de este medio para conocer su postura. Y la UNFCCC no ha aclarado si pueden garantizar que no se excluya a algunos grupos de la sociedad civil por motivos políticos.

Los días previos a su inicio, la COP27 ha ido adquiriendo tintes aún más orwellianos. La aplicación móvil oficial para el evento que ha desarrollado el Gobierno, por ejemplo, solo permite registrarse facilitando datos como el número de teléfono y el de pasaporte. Y sus términos y condiciones detallan que la aplicación podría usar información como datos de localización y el acceso a la cámara, las fotos y el wifi por motivos de seguridad.

En esta línea, el gobernador Fouda explicó en la anterior entrevista con Sada Elbalad que, bajo el pretexto de controlar a los conductores, han equipado 500 taxis en Sharm el Sheij con cámaras que registran imagen y audio y que conectan con un centro de seguridad.

Los temores por este afán de vigilancia tienen además un precedente. En 2019, una cumbre en Sharm el Sheij de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el principal órgano de la Unión Africana sobre derechos humanos, ya fue criticada por miembros de algunos grupos asistentes por las restricciones e intimidaciones recibidas.

“Normalmente, los Estados que acogen [sesiones de] la Comisión Africana suelen ser muy receptivos”, explica Diana Gichengo, que estuvo presente como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC). “Así que en Egipto no esperábamos ese nivel de vigilancia e incluso agresividad de los agentes de seguridad”, añade la investigadora, que afirma que solo percibieron un cambio después de que los delegados expresaran su malestar.

Llamadas a la solidaridad

En un intento de aprovechar la atención internacional que está acaparando Egipto a raíz de la cumbre, 12 organizaciones de derechos del país han formado una coalición ad hoc para subrayar la necesidad de conectar justicia climática y libertades políticas, pedir una COP27 inclusiva, y exigir la liberación de los presos políticos y el fin de la represión. El caso que más inquietud genera es el del activista Alaa Abdelfatá, uno de los presos políticos más conocidos del país, que lleva más de 200 días en huelga de hambre y que ha anunciado que cuando arranque la cumbre dejará también de ingerir agua.

Una petición que reúne las anteriores demandas ha sido firmada por más de 300 organizaciones y 1.000 individuos. Entre quienes han mostrado su apoyo figuran grupos como Amnistía Internacional y la Red de Acción Climática (CAN), y activistas como Greta Thunberg y Naomi Klein. Pero otros, como Greenpeace, han rechazado sumarse.

“Que Egipto acogiera la COP27 siempre iba a suponer un dilema moral para la comunidad de la justicia climática, y está claro que durante meses se ha mantenido una conversación sobre cómo abordarlo”, señala el director de cine Omar Robert Hamilton, primo de Abdelfatá y activo en la campaña. “La propuesta de la coalición ha sido galvanizadora y clarificadora, y al final ha forzado esa conversación a un ámbito más público”, concluye.

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