El nuevo campo de batalla de la lucha ecologista: el supermercado

La crisis del mar Menor o el robo del agua en Doñana aumentan la presión sobre los agricultores, que ven cómo los hipermercados europeos, y ahora también algunas cadenas presentes en España, les piden que rindan cuentas

Finca de cultivo de fresas y frutos rojos en Palos de la Frontera (Huelva).
Finca de cultivo de fresas y frutos rojos en Palos de la Frontera (Huelva).PACO PUENTES (EL PAÍS)

Quizás la solución a los graves problemas del mar Menor y al robo del agua en Doñana no esté en los campos de Murcia y Huelva, ni en los despachos de Madrid o en los tribunales. Tal vez la clave esté en la sección de frutas y verduras de un supermercado de Berlín, de Mánchester o de Gijón. Porque la batalla ecologista contra las malas prácticas de la agroindustria se está trasladando precisamente ahí, al súper. Presionadas por los consumidores, varias cadenas centroeuropeas llevan años siguiéndole la pista a las frutas y hortalizas en el sur de España, el segundo país con más producción agrícola de la UE. Más del 90% de las exportaciones españolas de estos productos tienen como destino precisamente los mercados de la Unión, por lo que las acciones que tomen los supermercados europeos tienen una importancia vital. Tras el enésimo episodio de mortandad de peces en el mar Menor, la cadena alemana ALDI ha sido la última en tomar una medida de presión: ha anunciado que rechazará a partir de ahora vender frutas y verduras que contribuyan a agravar el problema del uso irregular del agua en las zonas más conflictivas de España, como Murcia, Huelva y Daimiel. La medida afectará a sus alrededor de 5.000 supermercados repartidos por nueve países europeos, incluidos los 350 establecimientos que tiene en España.

Nico Muzi, director en Europa de la ONG Mighty Earth, dedicada al seguimiento de los efectos negativos de la agricultura en el medioambiente y los derechos humanos, cree que los consumidores de Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia “son de los más concienciados del mundo respecto a los impactos de la agricultura industrial”. Esta organización ha sido una de las que ha empujado para que la Comisión Europea elaborara la nueva ley contra la deforestación que se acaba de presentar y que veta en la UE las importaciones de productos que favorezcan la reducción de los bosques tropicales. La norma se centra mucho en la huella que deja el consumo europeo en la Amazonia y el sudeste asiático. Pero Muzi advierte: “Nuestro nivel de consumo y nuestra forma de abaratar los costes hacen que no solo haya impactos en Sudamérica o Asia, sino también en los valiosos ecosistemas que aún quedan en Europa”. En su opinión, el caso del mar Menor puede ser un “punto de inflexión” al tratarse de un impacto local dentro de la UE, en un litoral que no le es ajeno al consumidor centroeuropeo. “Para un ciudadano alemán, por ejemplo, el litoral de Murcia o de Almería forma parte de su vida porque lo conoce bien”, explica Muzi.

Las patronales de agricultores saben que cada reportaje que los medios de comunicación europeos difunden sobre daños medioambientales por el uso irregular del agua en Murcia y Huelva, pero también por la falta de reciclado del plástico agrícola que cubre los invernaderos en Almería, es una puerta que se les cierra para mantener o ampliar mercados dentro del continente. “Tras el primer colapso ecológico del mar Menor, emitieron un documental en Inglaterra y, a la semana, los distribuidores ingleses llamaron porque querían asegurarse de que no contribuían a ese problema”, ilustran fuentes del sector que piden el anonimato. En el Reino Unido, la organización Ethical Consumer publica una guía que analiza la ética y el respeto al medio ambiente detrás de 40.000 productos de 23 supermercados.

Desde Alemania, la cadena Edeka, que contrata empresas de teledetección para verificar la localización de sus fincas y el uso legal del agua en Huelva, defiende: “Nuestros empleados y empresas externas realizan visitas con frecuencia a las fincas para detectar cualquier violación de los sistemas de certificación. Los operadores del sur de España nos dan evidencias de la legalidad del agua empleada”, subrayan fuentes de la cadena, con 4.100 tiendas en Alemania, informa Elena G. Sevillano.

Recolección de fresas en una finca de Palos de la Frontera, Huelva.
Recolección de fresas en una finca de Palos de la Frontera, Huelva.PACO PUENTES (EL PAÍS)

Hasta ahora la pelea para exigir a los agricultores españoles altos estándares medioambientales solo la libraban gigantes británicos y alemanes como Tesco y Edeka, que mandaban con regularidad a sus propios auditores a Huelva para verificar que sus proveedores de fresas no esquilmaban el acuífero bajo los humedales más valiosos de Europa. La mayoría de grandes cadenas españolas alegan que mantenían una relación de confianza con sus proveedores tradicionales y estos solían mostrar licencias de riego cuya veracidad no era comprobada más tarde con las confederaciones hidrográficas que las autorizan.

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Pero el desastre del mar Menor ha hecho que ALDI mueva ficha también en sus supermercados localizados en España. Además de interrogar a 80 productores murcianos para que aclaren si son ajenos a los pozos y plantas desalobradoras ilegales, el grupo analizará el riego de sus 16 artículos de fruta y verdura más vendidos procedentes de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, identificados como “puntos calientes” con escasez y mala calidad del agua. “Hay un efecto estético en la decisión de esta cadena, pero no he visto un movimiento tan grande hasta ahora”, opina Jesús de la Cort, consultor internacional para los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y que trabaja para empresas onubenses que cultivan frutos rojos, el 80% de cuya producción se exporta a Europa.

Si hace décadas la preocupación era la seguridad alimentaria para evitar posibles intoxicaciones del consumidor, ahora el foco del consumidor responsable ha virado hacia la sostenibilidad medioambiental. “Las secciones de productos ecológicos en los supermercados europeos se están multiplicando”, pone como ejemplo Muzi, quien recuerda que la Comisión Europea tiene en marcha una estrategia, respaldada ya por los Veintisiete, para impulsar una producción más verde. El compromiso es que al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE sean de producción ecológica a finales de esta década. Además, Bruselas está haciendo un marcaje a los efectos negativos de la agroindustria y la ganadería; y acaba de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no evitar la contaminación con nitratos de las masas de agua. El Ministerio de Agricultura español ha rechazado ofrecer su visión a EL PAÍS para este reportaje.

La inmensa mayoría de las cadenas de supermercados españolas disponen del sello Global Gap, pero este no obliga a los agricultores a justificar la procedencia del agua con la que riegan. Poco a poco, se ha extendido por centroeuropa el módulo Spring, que obliga a los auditores a pisar el terreno y verificar que el regadío coincide con la cartografía pública de cultivos legales y que en Huelva fijó la Junta andaluza en un plan de 2014. Los grandes grupos españoles de distribución responden que confían en los certificados que les remiten los agricultores desde Huelva. Spring, en cambio ―ahora un anexo adquirido por Global Gap—, multiplica el trabajo y la inversión para comprobar los permisos de riego. Prueba de ello es que ALDI ha debido posponer su exigencia a los proveedores de contar con Spring del próximo 1 de enero hasta el 1 de julio de 2022.

Episodio de mortandad de peces en las playas del mar Menor a finales de julio de este año.
Episodio de mortandad de peces en las playas del mar Menor a finales de julio de este año.Pedro Martínez

Ignacio Ortiz, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), sostiene que su organización, que aglutina los intereses del 75% del sector de la distribución, “no puede hacer recomendaciones”: “No es nuestra función y, además, las normas de defensa de la competencia nos lo impiden”. Sobre el riego con agua ilegal, Ortiz añade: “Hablamos de graves incumplimientos de normas medioambientales, que las autoridades deben empezar por perseguir y eliminar. La mayoría de productores cumple las normas y, antes de plantear otras exigencias de calidad, los distribuidores necesitamos que las autoridades hagan su trabajo y eliminen actuaciones ilegales”.

“Si las cadenas no se ponen las pilas para garantizar el uso legal del agua, tendrán problemas por las exigencias de los consumidores”, augura Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura en WWF. Esta organización conservacionista ha elaborado una herramienta global para compañías e inversores —llamada filtro del riesgo del agua— que identifica un mapa de puntos calientes con escasez hídrica que señala en la Península a Murcia, Daimiel, Segovia, Ávila, Sevilla y Huelva. En todo el mundo, España encabeza la clasificación denominada “riesgo físico”, que mide si las extracciones son acordes con la disponibilidad natural de recursos, solo después de países como Israel, Líbano o Jordania.

“Es un paso importante, pero los supermercados españoles deben asegurarse de la capacitación de los auditores y certificadores para conocer la normativa legal del contexto que auditen”, advierte Fuentelsaz, que ha elaborado la guía de WWF para que los supermercados verifiquen el uso legal del agua en la agricultura. Desde el otro lado de la barrera en esta lucha, el presidente de la asociación de los productores onubenses Interfresa, José Luis García-Palacios, alega sobre los agricultores irregulares: “Nosotros ni animamos ni limitamos, pedimos que se cumpla la ley, porque en Huelva cada gota de agua cuenta. No toleramos a los que incumplen la normativa, pero desde luego tendremos que buscar una solución entre todos, la vía no puede ser denunciar en Europa, que nos da una imagen nefasta”. La patronal fresera ha contratado a un equipo de expertos que diseñe un plan estratégico para “la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad humana”, así como un comité ético de buenas prácticas.

Los invernaderos onubenses son un mar de contrastes entre las técnicas de riego más avanzadas y eficientes, los pozos ilegales, cultivos en hidroponía en auge —con las raíces en un sustrato mineral elevado sobre el suelo— y la miseria de los braceros inmigrantes empleados para doblar el espinazo y recoger bayas. Fuentelsaz, que cifra los cultivos ilegales en 1.653 hectáreas gracias a la teledetección por satélite, concluye con una advertencia: “Tenemos que ser valientes: los consumidores exigiendo, la Administración velando por que se cumpla la ley y la distribución chequeando sus proveedores para ofrecer productos saludables. Todos remando en la misma dirección porque siguen creciendo fincas ilegales que introducen su producto en el mercado”.

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