Tres ex altos cargos y 38 empresas agrícolas de Murcia, al borde del banquillo por sus vertidos contaminantes al mar Menor

Tres ex altos cargos del Gobierno de la Región de Murcia y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) están al borde del banquillo acusados de haber permitido durante años el uso de desalobradoras ilegales ―máquinas que quitan la sal del agua salobre extraída de acuíferos― al menos a 38 empresas agrícolas del Campo de Cartagena. Las compañías también están implicadas en la causa por, presuntamente, haber arrojado los vertidos resultantes, contaminantes, al mar Menor. El juez del denominado caso Topillo, que se abrió en diciembre de 2017, ha finalizado la instrucción de la primera parte del mismo y concluye que esas compañías pudieron cometer delitos medioambientales en sus explotaciones, mientras que ve indicio en los responsables públicos de delitos de prevaricación por su “actitud permisiva” y su “omisión de las inspecciones obligatorias”.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Antonio Garrote, considera que el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, del PP; la expresidenta de la CHS Rosario Quesada y el excomisario de Aguas de esa entidad Manuel Aldeguer, estos dos últimos del PSOE, omitieron su deber de inspeccionar las explotaciones y miraron hacia otro lado. Según el escrito del juez, era responsabilidad de la consejería elaborar la normativa sobre usos agrícolas y velar por su cumplimiento realizando controles sobre el uso de nitratos, pero, en su opinión, “es claro que se omitió la regulación de un sistema autónomo y eficaz de control” en esa materia, lo que provocó que no hubiera inspecciones.

El juez considera a Cerdá responsable de la falta de vigilancia porque él era “la máxima y única autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo”, y advierte de que hay indicios de que “esta omisión pudo ser deliberada” porque aparentemente no le preocupaba la posible afectación de los nitratos de origen agrícola al estado del mar Menor, hoy en situación de colapso. En cuanto a los responsables de la CHS, el instructor recuerda que a ellos les corresponde el control del correcto uso del dominio público hidráulico y la sanción al uso indebido de desalobradoras, para lo que se preveían multas de hasta un millón de euros. Pero de la investigación se deriva que la expresidenta y el excomisario de Aguas sabían, al menos desde 2007, que en numerosas explotaciones del Campo de Cartagena se empleaban máquinas privadas y sin autorización, y que los vertidos contaminantes que generan (las denominadas salmueras) terminaban en el acuífero o en una red de salmueroductos “que vertía a escasos metros de la desembocadura de la rambla del Albujón en el mar Menor”.

Para el juez, la actitud permisiva de los altos cargos de la CHS “facilitó y motivó que una multiplicidad de agricultores y empresas agrícolas ubicadas en el Campo de Cartagena utilizaran máquinas desalobradoras careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso”, extrayendo en muchos casos agua de “pozos clandestinos, no autorizados, y careciendo a su vez de contador o elementos de control que permitiesen racionalizar su uso”.

En el auto, que supera el centenar de folios, el magistrado detalla de forma muy exhaustiva y para cada una de las empresas agrícolas investigadas los hechos en los que ha participado, cuantifica los vertidos y su destino y detalla los indicios en los que se fundamenta respecto de cada explotación. Concreta también en cada caso los metros cúbicos de agua que se extrajo del subsuelo, la concentración de nitratos y la conductividad del pozo que presuntamente alimentaba la máquina y los metros cúbicos de rechazo de la actividad de desalación al salmueroducto que desemboca en la rambla del Albujón.

Según la resolución, esos vertidos suponen “un grave riesgo para el equilibrio de los diversos sistemas naturales y hábitats que conforman el mar Menor” y “han podido ser una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico del ecosistema” de la albufera. El juez calcula también en su auto el perjuicio económico que causaron estas empresas, de casi 19,5 millones de euros. Entre todas ellas, destaca el caso de GS España, que, según estima el texto, ha generado un perjuicio de 2,5 millones de euros, mientras que otras cuatro compañías —Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños— han provocado daños por importes superiores al millón de euros.

Instalación de máquinas

El juez incluye también entre las compañías que supuestamente han cometido delitos a Insal, dedicada a instalar estas máquinas “a sabiendas de que la desalación en la zona estaba prohibida”.

El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a 19 investigados, en su mayoría apoderados o coadministradores, que seguían instrucciones de otros responsables de las empresas encausadas y respecto de los que no hay indicios de criminalidad. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen 10 días para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Además, el juez continúa la instrucción de una segunda pieza separada de este caso en la que se investiga a otras 43 empresas agrícolas por hechos similares.

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