“Tenemos un problema radical, las empresas tienen derechos y la naturaleza no”

Cuenta la abogada Teresa Vicente (59 años, Lorca) que hace unos días se subió a un taxi y el conductor le preguntó si quería respaldar con su firma una propuesta para crear una ley que otorgue derechos propios al mar Menor y poder así defender en los tribunales esta laguna murciana en estado crítico. El taxista no sabía que la pasajera que llevaba en el coche era justamente la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia que ha impulsado esta iniciativa legislativa popular (ILP). Y la anécdota muestra hasta qué punto se han implicado ciudadanos en esta región para llegar al objetivo alcanzado: más de medio millón de firmas para que la proposición de ley pueda ser debatida en el Congreso.

Pregunta. ¿Cómo surge la idea de dar derechos al mar Menor?

Respuesta. Fue en 2019, después de venir de la Universidad de Reading [en Reino Unido], del Centro de Justicia y Clima, donde estuve becada para estudiar los casos en todo el planeta que ya habían reconocido personalidad jurídica y derechos propios a ecosistemas con gran valor ecológico y en peligro. Cuando yo vuelvo se lo cuento a mis alumnos y ellos proponen hacerlo para el mar Menor, porque ya había ocurrido el episodio de los peces muertos por la DANA de octubre de ese año.

P. ¿Cuáles son esos ecosistemas a los que han dado ya derechos en otras partes del mundo?

R. Hay muchos casos, pero yo estudié tres: el del río Atrato (en Colombia), que se hizo por vía del Tribunal Constitucional; el del río Whanganui (en Nueva Zelanda), que fue en el Parlamento; y el del lago Erie (entre Estados Unidos y Canadá), que surgió con un referéndum apoyado por el municipio de Toledo. En Nueva Zelanda, una ley dio la razón al pueblo Whanganui, que llevaba desde el siglo XIX reivindicando los derechos del río. La Corona británica había reconocido los derechos de los indígenas, pero estos no entendían por qué no podía tenerlos también un río. Ellos decían: ‘Yo soy el río, el río soy yo’.

P. Al mismo tiempo que se otorgan derechos a la naturaleza en distintos puntos del mundo, también hay juristas que tratan de incorporar el ecocidio, como delito contra el medio ambiente, en la Corte Penal Internacional. ¿Qué está pasando con el Derecho y el medio ambiente?

R. El ecocidio y los derechos de la naturaleza tienen un gran paralelismo con lo que ocurrió en el siglo pasado con el genocidio y la carta de los derechos universales de las personas. Hay una novela preciosa de Philippe Sands, La calle Este-Oeste, que cuenta las discusiones entre los juristas con el delito del genocidio, después de la Segunda Guerra Mundial. No era algo que estuviera en la mente de nadie. Y justo Sands está ahora metido con el nuevo delito del ecocidio. Si en el siglo XX, después de vivir la catástrofe de las guerras mundiales, nos damos cuentan que las personas tenemos derechos básicos, que no pueden ser exclusivos de una minoría y que cuando se violan de forma colectiva es un grave delito, ahora nos está pasando lo mismo con la naturaleza. Los derechos se reconocen y se lucha por ellos cuando se violan. Este movimiento es imparable.

P. Algunas personas piensan que estos planteamientos son muy radicales.

R. Las críticas que nos hacen a nosotros son las mismas que se hacían cuando se intentaba pasar del modelo liberal al modelo social. Los del modelo liberal decían que lo que proponían los otros se cargaba el estado de Derecho. Siempre que se avanza en un modelo más justo, el grupo que mantiene el statu quo intenta que la otra corriente no salga adelante. Esta es la historia del pensamiento jurídico. Esto es algo radical porque tenemos un problema radical, las empresas tienen derechos y la naturaleza no.

P. También ha comparado lo que supone otorgar personalidad jurídica al mar Menor con los avances en los derechos de las mujeres en España.

R. Cuando yo era pequeñica, veía a mujeres que venían a casa donde mi padre tenía el despacho de abogado. Se quejaban de maltrato familiar o de violaciones, pero no podían ir ellas mismas a los juzgados. Yo preguntaba a mi padre por qué no podían y él me decía: no tienen personalidad jurídica, no tienen capacidad jurídica, no tienen capacidad de obrar. A mí eso se me quedó grabado. He discutido muchas veces con profesores de Civil que me dicen que las mujeres sí tenían personalidad jurídica, pero qué es una personalidad jurídica si tú no tienes derechos. Eso no vale para nada.

P. ¿Qué vinculación tiene con el mar Menor?

R. Para todas las murcianas y murcianos, el mar Menor es una seña de identidad. Para todos, para los ricos, para los pobres, para los de izquierdas, para los de derechas… es nuestra identidad cultural. Mi adolescencia la pasé en el mar Menor, es donde íbamos a navegar y donde hacíamos las fiestas. Es algo que nos toca el corazón.

P. ¿Cómo ha influido en la campaña de firmas para dar derechos a este ecosistema la aparición de toneladas de peces muertos el pasado mes de agosto?

R. Para nosotros, el mar Menor habló. Lo que pasó en el mes de agosto fue un grito: esa semana recogimos 100.000 firmas.

P. ¿Se sorprende de haber conseguido tanto apoyo ciudadano?

R. Lo hemos conseguido sin tener ninguna estructura, ni ninguna organización detrás. No ha habido ningún partido político, ninguna ONG, ni siquiera Greenpeace, nadie, no hemos tenido ninguna estructura que nos haya apoyado, hemos sido nosotros solos. Somos como un equipo de fútbol de un país pobre sin recursos que de pronto se pone el primero. Y en el camino, nos han pasado cosas preciosas. Los reclusos de las dos cárceles y del centro de internamiento de la Región de Murcia solicitaron que fuéramos a explicarles qué era esta iniciativa legislativa popular y quisieron firmar para dar derechos al mar Menor. Los presos firmaron. Esto es algo que te emociona.

P. ¿En qué consiste de forma específica su propuesta para el mar Menor?

R. Lo que proponemos es que el mar Menor tenga una carta de derechos y esos derechos deben garantizar el derecho a vivir, el derecho a desarrollarse según sus propias estructuras internas, el derecho a respetar su ley ecológica, el derecho a reparar el daño y el derecho a la resiliencia, es decir, a recuperarse. El mar Menor está en la UVI, pero no está muerto.

P. ¿Y cómo se van a defender esos derechos?

R. Pues como una organización independiente, que está formada por tres patas: científicos independientes de reconocido prestigio; los que se llaman guardianes o guardianas del ecosistema, que son personas ribereñas que viven del ecosistema; y los tutores legales, donde estaría la Administración y representantes de la ciudadanía. La administración va a estar, pero ya no va a ser la voz del mar Menor.

P. ¿Cree que se puede realmente detener la degradación de la laguna en los tribunales?

R. Podemos ver qué está pasando en países más avanzados en este modelo, como en Ecuador, en cuya Constitución se dice ya que la naturaleza tiene derechos propios. Y no pueden violarse esos derechos. Así queda patente en una sentencia contra una empresa en defensa del río Vilcabamba.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal