Una iniciativa ciudadana logra más de medio millón de firmas para dotar al mar Menor de derechos propios

La iniciativa legislativa popular que busca dotar al mar Menor de derechos propios ha alcanzado el medio millón de firmas necesario para que su proposición de ley sea debatida en el Congreso. A pesar de las dificultades para lograr algo así en medio de la pandemia, el recuento este fin de semana en el despacho de la Universidad de Murcia de Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho y principal impulsora de la idea, ha confirmado que ya tienen los apoyos suficientes para llevar la propuesta a Madrid. El objetivo es conseguir sacar adelante una ley para otorgar personalidad jurídica al mar Menor —tal y como tienen las personas o las empresas—, lo que convertiría a esta laguna amenazada en el primer ecosistema de Europa con derechos propios y permitiría a sus representantes legales acudir a los tribunales en su defensa.

“Nadie nos apoyaba al principio, nos decían que estábamos locos, que no teníamos organización, pero esto demuestra la enorme fuerza social de esta iniciativa”, comenta exultante Vicente después de 11 meses de recogida de firmas cargados de incertidumbre. Como incide la profesora, las instituciones regionales les dieron la espalda desde el principio y durante mucho tiempo han estado solos, ni siquiera han tenido ayuda de grupos ecologistas. Sin embargo, esto contrasta con el más de medio millón de apoyos conseguido, número que sigue creciendo, pues los promotores continúan recibiendo pliegos con más firmas: “De Canarias a Helsinki, han sido miles las personas comprometidas con el mar Menor”.

En este fuerte apoyo ciudadano ha influido, sin duda, el estado crítico de este ecosistema, que el pasado agosto sufrió un nuevo episodio de mortandad de peces por la falta de oxígeno en el agua provocada por la gran cantidad de nitratos en la laguna, procedentes sobre todo de la actividad agraria. De hecho, a comienzos de octubre miles de murcianos volvieron a salir a la calle para protestar por la degradación del mar Menor.

Aunque han recabado firmas de ciudadanos de toda España e incluso de residentes en otros países, la gran mayoría de los apoyos conseguidos son de Murcia. “No solo hemos alcanzado el medio millón de firmas, a día de hoy hay 23 municipios de la Región de Murcia, que representan más del 81% de la ciudadanía murciana, que han apoyado esta iniciativa legislativa popular”, destaca Vicente, que no entiende que con este respaldo social de los propios murcianos el Parlamento regional no haya escuchado sus peticiones para elevar directamente la proposición de ley al Congreso del país. Fuera de Europa, el río Atrato en Colombia y el del río Whanganui en Nueva Zelanda ya cuentan con este tipo de protección.

Conseguido el medio millón de firmas que estipula la legislación española para las iniciativas legislativas populares, corresponderá a la Junta Electoral Central proceder a su comprobación y recuento definitivo. A continuación, una vez notificada la validez de los apoyos, será la Mesa del Congreso la que deberá ordenar la publicación de la proposición de ley, que a partir de ese momento deberá ser incluida en el orden del día del pleno de la Cámara en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.

En la proposición de ley impulsada por Vicente se declara la personalidad jurídica de la laguna del mar Menor y de su cuenca, y se reconocen sus derechos “a la protección, conservación, mantenimiento y en su caso restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños”, así como “el derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente”.

Para ello, la idea es que la representación y gobernanza de este ecosistema se concrete en tres figuras: “una tutoría y representación legal de la Laguna, que se ha de ejercer a través de un representante de las administraciones públicas que intervienen en este ámbito y un representante de los ciudadanos de los municipios ribereños; una comisión de seguimiento (los guardianes o guardianas de la Laguna del Mar Menor); y un comité científico, que asistirá a la tutoría y a la comisión,” del que formará parte un grupo “independiente de científicos y expertos, las universidades y los centros de investigación, a nivel regional, nacional e internacional”.

Asimismo, la propuesta que se quiere aprobar en el Congreso pretende que toda conducta que vulnere los derechos reconocidos y garantizados por esta ley, por cualquier autoridad pública, entidad de derecho privado, persona física o persona jurídica, genere responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa, y pueda ser perseguida y sancionada de conformidad con las normas penales, civiles, ambientales y administrativas en sus jurisdicciones correspondientes.

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