De los invernaderos al fondo del mar: la plaga del plástico agrícola en Almería

La mancha blanca que ven los astronautas desde el espacio cuando miran al sureste español contamina desde hace décadas el medio natural terrestre y marítimo. Los invernaderos con hortalizas que en Almería cubren una colosal superficie de 32.000 hectáreas diseminan sus residuos plásticos por la costa, las ramblas y las montañas, pero ahora la evidencia científica ha demostrado el grave impacto sobre el medio marino, cloaca final de todas las basuras que arrastra la lluvia ladera abajo.

“La concentración de microplásticos en la posidonia de Roquetas de Mar empezó a aumentar cuando se instauraron los invernaderos y tenemos una coincidencia temporal muy alta. Los microplásticos son peligrosos para la cadena trófica, y nos los comemos a través del pescado”, ilustra Nerea Piñeiro-Juncal, biogeoquímica de suelos marinos del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, perteneciente al CSIC. Los científicos analizaron los sedimentos bajo la pradera de posidonia en Roquetas, Agua Amarga (Almería) y la isla de Cabrera (Baleares), y publicaron sus conclusiones esta primavera en la revista Environmental Pollution: si las micropartículas de plástico de menos de cinco milímetros en cada kilo de sedimento en Cabrera oscilaban entre 68 y 362, en Roquetas se disparaban hasta las 2.173, hasta 30 veces más.

El milagro económico de Almería, que durante los últimos 45 años ha transformado esa provincia gracias a la agricultura intensiva, tiene un alto coste medioambiental con vertederos espontáneos de residuos plásticos en cualquier rincón y visibles desde cualquier carretera. Esta contaminación tan perjudicial, que deriva en la ingesta de nanoplásticos a través de las verduras y frutas, también afecta a otras provincias plagadas de invernaderos como Murcia y Huelva, y en menor medida a otras al norte de la Península cuya ganadería genera residuos plásticos como el ensilado.

Hasta 2018 China compraba la inmensa mayoría de estos residuos generados en España para reciclar, pero ese año el gigante asiático decidió cerrar el grifo de la importación, luego llegó Paquistán, que también cerró, más tarde India, y finalmente Turquía, que este año anunció el sellado de sus fronteras para evitar los incesantes vertidos de sus propios desechos al Mediterráneo. Estos tres años de bloqueo progresivo a la exportación han multiplicado la basura de los plásticos agrícolas en territorio nacional, cuyo reciclaje sigue siendo voluntario para los agricultores, a la espera de que el Gobierno decrete su obligación, que podría retrasar hasta apurar el plazo que un proyecto de ley en tramitación parlamentaria fija en 2025.

“Desde 2018 hemos visto una explosión del problema, que ahora está desbocado. El reciclaje hay que integrarlo en el sistema mediante la trazabilidad. Si un agricultor entrega un residuo y se le exige el documento de identificación, sabemos que ha entregado de manera autorizada, pero si no tenemos un control por parte de la Administración, no tenemos nada”, advierte Mariano Tapia, portavoz de la asociación de gestores de residuos agrícolas en Almería (Agra).

En Almería se generan 33.500 toneladas de plásticos agrícolas al año, según la Junta de Andalucía, que subraya que se recicla un 85%, por lo que 5.000 toneladas se quedan sin tratar. Esa basura inunda el litoral almeriense hasta llegar al borde del Parque Natural Cabo de Gata, donde se acumulan los vertidos ilegales. “Cuanto más lo conoces, más deprimente es, esto es ubicuo. En el campo de Níjar al menos, está por todos lados. Desperdigado o enterrado por una riada, en los lugares más recónditos. En 2019 la dana [temporal de la gota fría] fue un tsunami con imágenes dantescas y creímos que sería el punto de inflexión, pero ahora la situación está peor, no hemos visto reacción”, denuncia Marcos Diéguez, portavoz de Ecologistas en Acción. Esta organización ha lanzado la aplicación #Stopvertederos para que los ciudadanos denuncien los vertidos incesantes, después de que un vídeo revelara el pasado otoño ingentes cantidades de plásticos en plena playa de Adra, a merced de las olas.

Mientras habla, Diéguez pisa una montaña de 300 metros cuadrados de plásticos arrojados en el barranco de La Serrata, escondida tras un depósito de agua y denunciada hace más de un año ante las autoridades. Ni la Junta ni el Ayuntamiento de Níjar, a 10 kilómetros en línea recta, lo han recogido. Al tocarlo, el plástico se deshace debido a la erosión del intenso sol y el viento, mientras escarabajos y otros insectos quedan atrapados entre los pliegues. En un paseo por casi cualquier lugar del campo almeriense se hallan, acumulados, escombros de plásticos de suelo y cubierta, así como gomas de riego, mantas térmicas, cuerdas de rafia, semilleros de corcho, telas mosquiteras, sacos y botes de fitosanitarios.

Todos los actores implicados son conscientes del problema medioambiental y la mala imagen. ¿Por qué no se han frenado a tiempo esta basura cuyo reciclaje integral permanece en el limbo?

Hace décadas los plásticos se quemaban o enterraban, tal y como reconocen los agricultores más veteranos, luego se exportaban a China y desde 2018 el problema queda en casa. La nueva Ley de Residuos que remitió el Gobierno al Congreso el pasado mayo le obliga a redactar un Real Decreto que fije un sistema de reciclaje obligatorio financiado por la poderosa industria del plástico antes de 2025. Para adelantarse a la norma, los 15 productores que fabrican el 85% del plástico agrícola prevén poner en marcha a mediados de 2022 su sistema para recoger estos plásticos en la finca de los agricultores y ganaderos, denominado Mapla, y que pagarán en el precio por la recogida. Es decir, cualquier empresario podrá avisar al sistema y una furgoneta o camión acudirá a su finca, sin importar lo remota que sea su ubicación, según fuentes de la patronal Anaip.

Sin embargo, el procedimiento seguirá siendo voluntario y los empresarios que hoy vierten al medio natural ilegalmente no sentirán la obligación moral ni económica de darse de alta en la aplicación prevista. “El sistema arbitrará la operativa y quizás haya que pagar por los plásticos de suelo”, plantea Blanca de Arteche, responsable de plásticos agrícolas en Anaip. Hoy el agricultor recibe unos tres céntimos por kilo de plástico de cubierta de las empresas que lo reciclan, pero paga entre 12 y 15 céntimos por cada kilo de plástico de suelo (por ser de peor calidad y más complicado de tratar), cuando hasta 2018 recibía dinero por esto mismo de los empresarios chinos. Es decir, los agricultores que arrojan plásticos de suelo sin control ahorran dinero. También tiempo: la normativa para depositar cada clase de residuos es una maraña compleja de entender y les obliga a constantes desplazamientos a distintos centros de tratamiento. No todos están dispuestos.

En contra de los agricultores contaminadores están las organizaciones y sindicatos agrarios, conscientes del daño medioambiental pero también de la mala imagen que genera la basura plástica en la naturaleza. Las principales cadenas de supermercados europeos, destino final de sus pimientos y tomates, exigen certificados que verifiquen el correcto reciclado de los residuos y mientras ese pequeño porcentaje contamina, los reportajes en los medios de comunicación europeos se suceden con posibles consecuencias que en Almería temen: que se reduzcan las ventas.

El problema de fondo es que persisten gestores piratas de residuos que reciben la mercancía de agricultores incumplidores, unos 2.700 del total de 18.000 almerienses si tomamos como referencia la cifra del 15% sin reciclar que fija la Junta, porcentaje rebajado por la patronal a entre el 5% y el 10%.

Antonio Berro tiene una planta no autorizada por la Junta en El Ejido, a escasos metros de la autovía. Responde con desparpajo. ¿Dónde va el plástico que sale de su planta?: “No lo sé, son intermediarios que no me dicen dónde va. Para hacer factura a mis clientes depende, si el hombre no quiere no la hago, y si quiere entonces sí, qué le voy a hacer”, alega. “Llevo un año esperando los permisos de la Junta, pero gestiono 1.200 toneladas de plástico al año”, añade Berro, que pese a carecer de autorizaciones lleva seis años a pleno rendimiento y asegura que ha invertido 800.000 euros para ampliar este año sus instalaciones.

La Junta ha impuesto un centenar de sanciones a agricultores y gestores no autorizados desde que el pasado otoño firmó el Compromiso Blanco con 13 Ayuntamientos almerienses para reducir los vertidos incontrolados, según Raquel Espín, delegada de Desarrollo Sostenible del Gobierno andaluz en esa provincia. Pero la clave sigue siendo que la multa compensa: aunque el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil consiga identificar al agricultor infractor gracias a una investigación tras hallar una etiqueta abandonada o cualquier detalle, tirar plásticos al medio natural no es delito sino una infracción administrativa -salvo que se consiga demostrar que contaminan gravemente-.

Los agentes se limitan a informar a la Junta, que multa pero no cierra las plantas ni explotaciones agrícolas. “Solo llega al ámbito penal cuando los residuos suponen un daño sustancial a la calidad de las aguas, suelos o aire, o puede conllevar un gran perjuicio para la salud”, explica Sergio López, teniente jefe del Seprona en esta provincia andaluza. Su última gran operación fue hace tres años, con ocho empresas y 16 personas investigadas por exportación ilegal de residuos. Sin embargo, las ocho firmas investigadas siguen operando, algunas tras subsanar su error y otras no, según fuentes del Instituto armado.

Mientras, bajo el agua los científicos cogieron testigos de los últimos 100 años en la pradera de posidonia para reconstruir la historia de los vertidos con técnicas de datación. “A pesar de que el Mediterráneo está en general bastante contaminado con microplásticos y que aumentan en la cercanía de las ciudades, la concentración que encontramos en la pradera de Almería es muy alta comparada con otros suelos costeros, que no suelen pasar de 700 microplásticos por kilo”, ilustra Martin Dahl, investigador de la Universidad de Södertön en Estocolmo y responsable del estudio sobre cuatro décadas de vertidos. Almería triplica la invasión media de microplásticos en el fondo marino del litoral mediterráneo.

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