Jordi Camí, presidente del comité de ética: “La autonomía universitaria debería tener límites”

El médico y mago aficionado Jordi Camí es una de las figuras clave de la ciencia española. Hace un cuarto de siglo impulsó la creación del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, en una zona de playa históricamente ocupada por chabolas. De su chistera surgió un imponente edificio elíptico, que todavía hoy dirige con algunos de los mejores científicos de España en su interior. Camí, nacido en la localidad barcelonesa de Terrassa hace 72 años, también es el primer presidente del Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano consultivo independiente creado el año pasado por el Gobierno y las comunidades autónomas para velar por la integridad científica. Una de sus primeras misiones ha sido enfrentarse al mayor escándalo de la ciencia española: las trampas de Juan Manuel Corchado, ahora rector de la Universidad de Salamanca, que por el momento ha sufrido la retirada de 75 estudios de su grupo por prácticas fraudulentas.

Camí recibe a EL PAÍS en su despacho de director, sin vistas al mar porque al repartir los espacios consideró que sería poco ético otorgarse a sí mismo un ventanal a la playa. Esta es la primera entrevista que concede tras el escándalo del rector y recalca que habla a título individual. El Comité Español de Ética de la Investigación comenzó en mayo a estudiar el caso, después de que este periódico publicase pruebas de que Corchado había fingido con trampas ser uno de los científicos más citados del mundo, incluyendo miles de autocitas irrelevantes en sus publicaciones, dando instrucciones a sus trabajadores para que citasen sus estudios y beneficiándose de al menos 30 perfiles fraudulentos de investigadores inexistentes dedicados a mencionar compulsivamente sus artículos.

Ante “la presunta gravedad” de las prácticas del rector, el comité urgió a la Universidad de Salamanca a realizar una inspección independiente. La institución salmantina respondió en septiembre con un informe exculpatorio y superficial que ignoraba las numerosas evidencias en contra de Corchado. El comité de ética lo rechazó inmediatamente e insistió en la necesidad de investigar a fondo estas “prácticas irregulares”. Sin embargo, y pese a los 75 estudios retirados y las pruebas de manipulación sistemática de su currículum, el rector sigue en su puesto, con el apoyo del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco (PP), que se escuda en la autonomía universitaria.

Pregunta. Es el mayor escándalo de la ciencia española, por el número de estudios retirados, pero el rector ha dicho que no va a dimitir. ¿Y ahora qué?

Respuesta. El comité ha sido muy preciso y explícito en sus consideraciones y propuestas. No cabe añadir ni una palabra más.

P. En su último comunicado, el comité reitera la necesidad de una auténtica investigación independiente sobre el rector. Parece que nadie la va a hacer.

R. No voy a añadir nada más, pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las universidades y centros de investigación españoles gestionan bien sus problemas de integridad científica, porque tienen capacidad inspectora y sancionadora de sus integrantes. El problema surge cuando las presuntas faltas implican a los dirigentes de las universidades. Es una situación insólita que demuestra que la autonomía universitaria, una gran conquista a preservar, debería tener algunos límites razonables que permitieran abordar este tipo de situaciones.

Me avergüenzo cuando leo que España aparece en las primeras posiciones en algunas estadísticas

P. No hablemos entonces de Corchado, sino de casos hipotéticos: un rector tramposo, por ejemplo, o un director de un centro al que le pillan haciendo trampas a escala industrial. ¿No hay mecanismos para echarlo u obligarlo a dimitir?

R. Un centro de investigación tiene un patronato, y al frente de ese patronato generalmente está el consejero o la consejera de turno. Ya ha habido precedentes de conflictos de integridad, en los que el presidente del patronato ha tomado decisiones que afectaban a un director de un centro. Pero, si esto sucede en una universidad, se antepone la autonomía universitaria.

P. El responsable del Laboratorio de Cibermetría del CSIC, Isidro Aguillo, lamenta la impunidad absoluta que hay para los tramposos en España. ¿Usted cree que hay impunidad?

R. En países como los mediterráneos, donde hay una menor tradición en autorregulación, hay determinadas trampas que, si no están tipificadas como delitos, no progresan [hasta recibir un castigo]. Mentir, afortunadamente, no es delito. Pero una cosa es que estas faltas no estén tipificadas en el Código Penal y otra cosa es que no comporten delitos administrativos. Quien engaña siempre tiene un objetivo, que es obtener ventajas: lograr una subvención, promoverse profesionalmente de manera injusta... No son delitos, pero son siempre prácticas inaceptables. Estamos ante una cuestión fundamentalmente de valores, no de leyes.

P. La revista científica en la que más publicaron los científicos españoles en los últimos cinco años, con 5.400 estudios, fue International Journal of Environmental Research and Public Health, de la editorial MDPI. Esa revista la han expulsado por sospecha de fraude de la base de datos internacional Web of Science. ¿Qué le sugiere a usted este dato?

R. Estamos asistiendo a las consecuencias de las malas prácticas científicas. Siempre se han hecho trampas, pero hay un punto en el que el problema comienza a generalizarse, cuando se empiezan a enfatizar los indicadores bibliométricos [el número de estudios y cuántas veces son citados] para evaluar a un investigador, para promocionarse o para solicitar una subvención. En los últimos decenios, el panorama de malas prácticas ha evolucionado. Hay un blog, que se llama Retraction Watch, que cada semana informa de una docena de nuevos casos de malas prácticas en el mundo. En 2023 se retractaron más de 10.000 publicaciones, todo un récord.

P. 10.000 estudios retirados.

R. Correcto. Otra cosa que ha crecido mucho en los últimos años es lo que llamamos fábricas de estudios: organizaciones que te fabrican textos y se inventan los autores. Hay revistas que aceptan sin filtros lo que sea, todo siempre a cambio de dinero. Esto ha crecido tanto que todas las revistas que publican masivamente trabajos científicos comienzan a estar bajo sospecha. Y todo esto es lo que explica que hayan aparecido personas con currículums desproporcionadamente extensos. El número de autores extremadamente productivos se ha disparado en todo el mundo. Es un fenómeno en el que destacan países como Arabia Saudí, India, Pakistán… y España. Esto no es bueno.

Todas las revistas que publican masivamente trabajos científicos comienzan a estar bajo sospecha

P. Los científicos hiperprolíficos son los que publican al menos un estudio cada cinco días.

R. ¡Y sin respirar! [se ríe]. El sistema debería encontrar maneras de cortar el paso a estas prácticas, porque provocan un daño reputacional enorme.

P. La editorial MDPI está en el centro de las críticas de los expertos en integridad científica, porque acepta publicar casi la mitad de los estudios que recibe y en muy poco tiempo, lo que sugiere que es mucho menos exigente. Los científicos españoles publican el 15% de sus estudios en revistas de MDPI, el doble que el resto del mundo. ¿Por qué cree que sucede?

R. No creo nada, me avergüenzo. Me incomoda mucho cuando leo que España aparece en estas primeras posiciones en algunas estadísticas. Es de una incomodidad enorme. Esto es una muy mala noticia y algo hay que hacer. No sé las razones, lo único que sé es que esto nos hace un daño enorme.

P. “Las universidades españolas se han convertido en macrogranjas de gallinas ponedoras de estudios”, en palabras de Emilio Delgado y Alberto Martín, expertos en bibliometría de la Universidad de Granada. Estos especialistas cuentan que se ha hecho popular un nombre para los profesores que ascienden publicando decenas de estudios insustanciales: catedráticos MDPI.

R. Todo esto exige que seamos entre todos más diligentes en frenarlo y en prevenirlo, porque socava la credibilidad de la ciencia española. La ciencia es un asunto totalmente internacional. En este edificio, un 30% de las personas son de fuera de España. Competimos con el mundo y no podemos dar esta imagen. Es complicado entender que uno pueda realmente supervisar más de 40 o 50 estudios cada año. Ahora, por si no fuera suficiente, han salido chiringuitos privados en internet que, si pagas 1.000 euros, te venden citas para hinchar o tunear tu currículum. ¿Pero esto qué es? Esto quiere decir que el sistema está degradado.

P. Usted dio una conferencia en mayo sobre integridad científica y apostó por la autorregulación. Seis meses después, con lo que ha pasado con el rector de Salamanca, ¿sigue apostando por la autorregulación?

R. Yo, con el tiempo, he perdido una buena parte de mi fe en la autorregulación. Cualquier universidad o institución científica que se precie ya dispone de su código de buenas prácticas científicas, pero esto no es suficiente, ya se ve. Creo que a largo plazo el foco debe estar en la formación en valores, pero, mientras no cambie radicalmente este sistema de incentivos, prevalecerán los problemas de integridad.

He perdido una buena parte de mi fe en la autorregulación

P. Cristina Candal, especialista en integridad científica en la Universidad de Santiago Compostela, pide que el Comité Español de Ética de la Investigación tenga poder sancionador, como en Estados Unidos. “Es como si los radares de tráfico, cada vez que te pillan con un exceso de velocidad, te hacen una foto, pero no te multan”, ha dicho.

R. Es una frase muy buena.

P. ¿Usted se siente como un radar que hace fotos y luego no hay multa?

R. Las capacidades del comité son limitadas, por ahora, pero este no es el problema, porque nuestro funcionamiento es comparable al de la mayoría de los comités nacionales europeos. Lo que pasa es que, tras un comunicado no vinculante del comité, que puede tener una determinada fuerza moral, nadie mueve ficha. El Ministerio de Ciencia acaba de reaccionar proponiendo al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación una ampliación de las capacidades del comité. Es una reforma que nos permitirá abrir diligencias y, por ejemplo, solicitar comparecencias. También cambiará el nombre, pasará a denominarse Comité para la Integridad Científica de España.

P. Usted ya alertó en 1997 de “la impactolatría”.

R. El culto o la adoración al factor de impacto [un índice basado en el número de veces que se mencionan los estudios científicos].

P. En aquella reflexión de 1997 incluyó frases como esta: “El elevado número de trabajos que nunca reciben citas responde a una cultura académica enfermiza que encubre la producción de muchas publicaciones espurias”. Otra frase: “La competitividad entre investigadores, las presiones institucionales para que exista mayor productividad, las vanidades personales y otros factores inconfesables no fomentan nada más que un publicacionismo exacerbado y unos entornos en los que existe un riesgo elevado de mala conducta”. ¿Esto que usted denunciaba hace 27 años se ha multiplicado?

R. El sistema de incentivos y de reconocimiento basado en indicadores se ha degradado a marchas forzadas. El panorama ha cambiado mucho, a peor. Estamos ante un problema sistémico, porque más o menos existe en todos los países que hacen ciencia. Y no son solo malas prácticas que hacen los investigadores, ahora vemos que las malas prácticas también se hacen desde las instituciones. EL PAÍS desveló, no hace mucho, pagos a científicos españoles a cambio de declarar una afiliación a una universidad saudí. Los saudíes querían escalar en los rankings a golpe de talonario.

Hay un clamor internacional, todo el mundo se da cuenta de este tipo de manipulaciones y manoseos

P. En esa práctica también destacaba España. Uno de cada 10 científicos españoles en la lista de los más citados del mundo se vendió a Arabia Saudí. Solo China alcanzaba esos niveles.

R. Es increíble.

P. La entidad que decide si un profesor universitario puede ascender o si merece aumentos salariales, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), está cambiando sus criterios para dejar de evaluar a los científicos al peso. ¿Qué opina?

R. Hay un clamor internacional. Todo el mundo se da cuenta de este tipo de manipulaciones y manoseos. Ya en el año 2012, en San Francisco, se promulgó la declaración DORA, que decía que había que evitar el uso inapropiado de estas métricas. El clamor está, pero la situación no parece cambiar mucho por ahora. La ANECA está haciendo esfuerzos para modular este uso adictivo y monopolístico de unos determinados indicadores. Por lo tanto, creo que está en una buena dirección. Esto incomoda a todo el mundo, porque la gente estaba acostumbrada al automatismo: “Tengo tantos estudios y tantas citas, ¿qué pasa?”.

P. ¿Usted cree que el Comité para la Integridad Científica de España debería tener capacidad de sancionar a los tramposos? O por lo menos de sugerir sanciones, como la del químico Rafael Luque, suspendido 13 años sin empleo y sueldo por la Universidad de Córdoba por declarar falsamente que su lugar de trabajo principal era una universidad saudí.

R. Yo creo que son las instituciones las que tienen que resolver esto. A mí no me entusiasma un órgano central que tenga todos los permisos del mundo. Todavía creo en parte en la autorregulación, es una cuestión que tienen que resolver y sancionar los centros, de manera implacable. Tiene más fuerza que sea la universidad la que dé la cara.

Yo propongo que se ignore el currículum completo y solo se evalúen los 10, 15 o 20 estudios más importantes de una persona

P. Otro dato que usted suele dar en sus charlas es que el 8% de los científicos holandeses encuestados admitió haber falsificado o falseado datos. Invita poco a la autorregulación.

R. Sí, es sorprendente. Es una cifra alta y nos dice que en ciencia es perfectamente posible hacer trampas, no tanto pasar desapercibido, pero la maquinaria está tan degradada desde este punto de vista que metaboliza esto y la vida sigue.

P. ¿Cree que en España saldría una cifra parecida?

R. No lo sé, no se sabe.

P. ¿Qué hacemos con este nivel de trampas creciente?

R. Creo que hay soluciones concretas ante esta locura de la impactolatría. Yo propongo que los órganos que evalúan trayectorias científicas —ya sea en solicitudes de subvención, en promociones profesionales o para ocupar puestos de trabajo— tengan en consideración exclusivamente una selección de 10, 15 o 20 trabajos científicos, los mejores, escogidos por la propia persona candidata. Es una política que comenzó hace casi medio siglo en la Escuela de Medicina de Harvard, tras descubrirse que uno de sus cardiólogos se había inventado docenas de publicaciones. Yo añado una segunda condición, igual de importante: hay que ignorar expresamente el resto de la producción bibliográfica del autor. Estoy proponiendo que la ANECA y las entidades que subvencionan proyectos pidan los mejores trabajos de los autores, pero que prescindan del currículum bibliográfico entero. El día que se desprecie la cantidad de producción científica que uno haya podido acopiar, dejarán de tener sentido muchas de las absurdidades de las que hemos estado hablando.

P. ¿Qué se le dice al científico que llega con un currículum de 200 páginas?

R. Que nos dé un informe breve, comentado, sobre sus 10, 15 o 20 estudios más importantes. Yo propongo que se ignore el currículum bibliográfico completo, que deje de solicitarse, que no haya ni la posibilidad de cotillearlo. Que uno se tenga que centrar en sus mejores publicaciones. La única medicina que hay para parar esto es que deje de tenerse en cuenta.

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