Los científicos de la institución del químico Damià Barceló piden su suspensión cautelar tras su implicación en el escándalo de la trama saudí

Los 14 científicos principales del Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA) han pedido este jueves la suspensión cautelar inmediata de su director, el químico Damià Barceló, apenas una semana después de que este periódico revelara que el directivo declara falsamente desde 2016 que su lugar de trabajo principal es la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí), en lugar de su instituto de Girona. “Queremos aclarar que nosotros estamos totalmente en contra de estas malas praxis y que, si se han hecho, han sido a título individual”, afirman los investigadores en el comunicado, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Barceló es uno de los químicos más premiados de España. En 2007 ganó el Premio Rey Jaime I, con una dotación de 100.000 euros, por sus investigaciones sobre contaminantes en las aguas residuales y naturales, como la detección de trazas de cocaína en los ríos españoles. Seis años después, recibió el Premio Internacional del Agua Príncipe Sultan Bin Abdulaziz, un galardón acompañado de unos 120.000 euros que le entregó el actual rey saudí, Salmán bin Abdulaziz. Y, hace solo un par de semanas, fue galardonado por la Sociedad Europea de Química por su trayectoria.

Casi dos decenas de científicos en España han aceptado desde 2014 una oferta económica saudí para mentir en una de las bases de datos que utiliza el ranking de Shanghái, que designa cada año a las mejores universidades del mundo. El engaño ha logrado que las instituciones saudíes asciendan artificialmente en esta influyente clasificación académica. La química Mira Petrovic, también investigadora en el ICRA, muestra la oferta que recibió ella en 2019. Un profesor de la Universidad Rey Saúd le envió un mensaje con cinco puntos. El primero era: “Tu afiliación primaria debe ser la Universidad Rey Saúd en https://hcr.clarivate.com/ [la base de datos que utiliza el ranking de Shanghái]”. El segundo punto explicaba que Petrovic recibiría un contrato después de que hiciese esa mudanza ficticia. El tercer punto iba al grano: “Tras la firma del contrato y la aprobación del director del Programa de Becas para Científicos Distinguidos, recibirás 70.000 euros en tu cuenta bancaria”. Petrovic rechazó la oferta inmediatamente.

Barceló, nacido en Lleida hace 69 años, empezó en 2016 a mentir en esa base de datos, un listado con los 7.000 científicos más citados del mundo, elaborado por la empresa especializada Clarivate. El químico asegura que a él no le ofrecieron esos 70.000 euros anuales en su cuenta, sino la financiación de un proyecto para analizar los contaminantes en cultivos regados con aguas residuales en Arabia Saudí. “La solución para poder realizar estos estudios era que tuviésemos como primera afiliación la Universidad Rey Saúd. Era una condición sine qua non: sin afiliación a la Rey Saúd yo no podría recoger muestras en Arabia Saudí”, explicó el 11 de abril a este periódico.

A los científicos del ICRA no les convencen las explicaciones de su jefe. El director general de Investigación de la Generalitat, Joan Gómez Pallarès, ha pedido al Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña que estudie el caso de Damià Barceló, pero los firmantes exigen medidas inmediatas. “Con el fin de restituir la buena imagen del ICRA ante la ciudadanía y la comunidad científica internacional, hemos pedido que se suspenda de funciones a nuestro director hasta que se resuelva el informe del comité”, señala el comunicado. La Universidad de Córdoba ha suspendido por 13 años sin empleo y sueldo al químico Rafael Luque, que en 2019 empezó a declarar falsamente que su lugar de trabajo principal es la Universidad Rey Saúd. Los firmantes —incluidos los tres jefes de área del ICRA: Maite Pijuan, Vicenç Acuña y Mira Petrovic— subrayan que adoptan “los más altos estándares éticos” definidos en el código de conducta de los Centros de Investigación de Cataluña, financiados por la Generalitat.

Barceló es además profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo de ciencia en España. La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha enviado este jueves una carta a toda su plantilla. “El CSIC no ha querido precipitarse en sus juicios y reacciones. Por ello, se ha solicitado al Comité de Ética que estudie estos casos con detalle. En concreto, es el Subcomité de Conflictos, cuyo cometido es velar por la integridad de la práctica científica, el que está asumiendo esta tarea. Además, hemos solicitado a la empresa Clarivate la aclaración de diferentes cuestiones que nos plantean dudas”, informa Del Pino en su misiva. EL PAÍS ha contactado con Barceló para preguntarle por la suspensión exigida por sus compañeros, sin obtener respuesta por el momento.

Damià Barceló es un científico hiperprolífico. Ha firmado más de 1.600 trabajos en su vida, según la base de datos de referencias bibliográficas Scopus, alcanzando algún año picos de una nueva obra cada tres días. John Ioannidis, experto en estadísticas biomédicas en la Universidad de Stanford (EE UU), ha analizado la producción de Barceló para este periódico. Ioannidis subraya que el químico español llegó a un máximo de 67 estudios publicados en 2015, sin contar capítulos de libros, editoriales y otras aportaciones menores. “Lo que impresiona en el historial de Barceló es que ha publicado 196 artículos en una misma revista, Science of the Total Environment, en la que ha sido coeditor jefe durante muchos años”, opina Ioannidis. “Es muy controvertido publicar muchos artículos en la revista en la que uno mismo es editor jefe”, añade.

Ioannidis publicó en 2018 un análisis en la revista Nature sobre los miles de científicos hiperprolíficos, que llegan a publicar un estudio cada cinco días o menos. “Hay que tener cuidado de no penalizar la productividad. Es bueno que los científicos sean productivos y, de hecho, algunos de los mejores científicos son los más productivos. Sin embargo, al mismo tiempo, los incentivos —de reputación y financieros, como los pagos saudíes— son por desgracia muy problemáticos y conducen a situaciones extrañas”, argumenta el profesor de Stanford. A su juicio, la trama saudí destapada por EL PAÍS confirma que “los rankings universitarios son muy discutibles y crean incentivos aberrantes que tienen poco que ver con la buena ciencia”.

Además de Barceló, el físico Andrés Castellanos, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, aparece desde hace tres años como científico de la Universidad Rey Saúd en la lista de Clarivate. “Me pidieron esa condición para concederme una beca de visitante con un proyecto de colaboración”, ha explicado Castellanos a este periódico. Según su versión, el dinero ha sido para “dotar de más recursos” a su grupo de investigación. Castellanos ganó el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes hace seis meses, por sus avances en materiales ultrafinos, de espesor atómico.

El investigador Francisco Tomás Barberán, exdirector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CSIC), también mintió en la base de datos en 2020 y puso que su lugar de trabajo principal es la Universidad de Taif, en Arabia Saudí, en vez de su auténtica institución, en Murcia. Tomás Barberán, experto en microbios intestinales y colaborador de la Agencia Estatal de Investigación, no ha querido explicar a este periódico en qué consistía ese acuerdo. “Estoy aportando toda la información de que dispongo al Comité de Ética del CSIC”, se ha limitado a contestar, tras una semana de silencio, ante la insistencia de este periódico.

¿Tienes más información sobre este caso u otros similares? Puedes escribirnos a mansede@elpais.es.

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