La ciencia llega al Congreso de los Diputados tras 14 legislaturas sin ella
La nueva Oficina C, asesorada por los mejores investigadores españoles, contribuirá a que los parlamentarios tomen decisiones “informadas por el conocimiento científico”
Las hemerotecas están llenas de patadas a la ciencia dadas por algunos diputados. En plena crisis de las vacas locas, en 2001, la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, proclamó por la radio: “Yo le digo al ama de casa [...] que no eche huesos de vaca cuando haga una comida, que eche huesos de cerdo”. Sus declaraciones provocaron la alarma social y fueron un varapalo para el sector cárnico, al confundir la médula espinal —situada en el interior de la columna vertebral y afectada por la enfermedad animal— con la médula ósea, que es el tuétano de los huesos que se echan al caldo y se podían comer perfectamente. A partir de este lunes, esas meteduras de pata serán menos probables. La nueva Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso ha presentado esta mañana sus primeros informes, de apenas 10 páginas cada uno, con los que pretende “contribuir a la toma de decisiones informadas por el conocimiento científico”.
La llamada Oficina C —por la letra inicial de ciencia y congreso— es una iniciativa de la Cámara Baja y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El nuevo equipo, formado por ocho personas asesoradas por algunos de los mejores investigadores de España, recoge la evidencia científica sobre temas candentes y la sintetiza para los diputados. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha presentado este lunes los cuatro primeros informes, sobre los avances en el tratamiento contra el cáncer, la inteligencia artificial en la salud, el hidrógeno verde y la ciberseguridad.
Celia Villalobos, que empezó la carrera de Derecho pero no la terminó, es un ejemplo de cómo cambian los tiempos. La entonces ministra de Sanidad fumaba. Dejó el tabaco gracias al empeño de su secretario general, que insistía en que ella fuera con él todas las mañanas a pasear por el parque madrileño del Retiro, según contó en su día este periódico. Cinco años antes, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, presumía de que fumaba puros incluso en las reuniones con el ministro de Sanidad.
El informe de la Oficina C sobre el cáncer hace hincapié, precisamente, en que se podrían evitar más del 40% de los tumores actuando sobre los principales factores de riesgo. “A nivel global, para ambos sexos el factor más perjudicial es el consumo de tabaco, seguido por el de alcohol y un alto índice de masa corporal. Si se reduce la exposición a los factores de riesgo, los cánceres de pulmón, cavidad oral y esófago serían potencialmente evitables en un 90%; y el de estómago y melanoma, en un 75%”, explica el documento.
Los informes no proponen medidas políticas concretas, pero algunas se intuyen. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo lleva años exigiendo que se endurezca la ley antitabaco, con propuestas como ampliar los espacios libres de humo y prohibir la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2010. Una de las expertas consultadas por la Oficina C es la médica brasileña Elisabete Weiderpass, directora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Weiderpass fue muy contundente en una entrevista con EL PAÍS hace poco más de un año: “Hay que prohibir fumar en los lugares al aire libre donde haya gente”. Los diputados todavía no le han hecho caso, pese a que el tabaco mata a más de 50.000 personas cada año en España.
El informe sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la salud también incluye algunas sugerencias para los parlamentarios. El dosier recuerda que “existe una pérdida de eficiencia sanitaria” en España por la falta de estandarización de los datos médicos y por las dificultades para acceder a ellos y hacer análisis masivos. “Pese a la alta digitalización del sistema sanitario en España, los datos médicos están infrautilizados en I+D+i”, lamenta el informe, en el que han colaborado expertos como el bioinformático Alfonso Valencia, del Centro Nacional de Supercomputación, y la ingeniera industrial Elena García Armada, del Centro de Automática y Robótica.
La presidenta del Congreso ha aplaudido la iniciativa, iniciada con el apoyo de su predecesora, Ana Pastor, política del PP y licenciada en Medicina. “Hoy es un día importante para el Congreso. Después de 14 legislaturas en democracia sin que la ciencia tuviera un lugar bien establecido dentro de la Cámara, contamos por primera vez con un instrumento eficaz de asesoramiento científico”, ha celebrado Batet. “La ciencia no nos prescribe qué políticas debemos adoptar, pero sí nos dice cuál es la realidad a la que deben responder esas políticas”, ha subrayado.
Las coordinadoras de la Oficina C en la FECYT son la química Izaskun Lacunza y la investigadora biomédica Ana Elorza. Lacunza ha insistido en el acto en que su intención no es en absoluto promover una especie de tecnocracia. “El objetivo final de la oficina es conseguir, de verdad, que la ciencia permee a la política. Creemos que nuestro servicio ha de favorecer políticas informadas por la evidencia, que no basadas solo en ella. Somos plenamente conscientes de que el debate parlamentario es muy rico y hay muchísimas dimensiones que han de tenerse en cuenta. Así que venimos a sumar y a contribuir”, ha declarado Lacunza.
Otro de los informes de la Oficina C recoge las últimas novedades sobre el hidrógeno verde, una prometedora, aunque incipiente, alternativa como combustible limpio y método de almacenamiento de la energía producida en exceso por fuentes renovables. “Los nuevos usos del hidrógeno como material energético no están reflejados en la legislación europea actual, lo que supone una barrera para su entrada al mercado”, advierte el documento.
Finalmente, el informe de ciberseguridad recuerda que, solo en 2021, en España se gestionaron centenares de miles de ciberincidentes. “Los cibercriminales ya no necesitan conocimientos informáticos avanzados: los ataques se han industrializado y automatizado y el cibercrimen aumenta rápidamente hacia modelos de negocio como servicio bajo demanda. Basta tener acceso a Internet para poder promover un ataque de denegación de servicio por algo más de cinco euros. Motivos como perder una partida en un videojuego o evitar hacer un examen pueden motivar hoy en día un ciberataque”, expone el informe a los diputados.
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