El Gobierno aumenta un 60% la inversión en ciencia gracias a los fondos de la Unión Europea

La extrema anomalía que ha generado la pandemia de covid se ha extendido a la financiación de la ciencia en España con un resultado inesperadamente positivo. La inyección de fondos de la Unión Europea destinada a España para resistir el embate del virus ha permitido que el Gobierno aumente su gasto total en ciencia para 2021 en 1.200 millones de euros, una subida del 60% respecto a 2020.

Sería el mayor aumento desde 2000, el primer año para el que guarda registros el Observatorio Español de la I+D. El detalle es que la mayor parte de esta subida —1.100 millones de los 1.200 totales— se adscribe a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE para España. Esa partida va íntegramente destinada al Ministerio de Ciencia que dirige Pedro Duque. Según fuentes de su departamento, el 100% de ese dinero extra son subvenciones: no hay ni un euro de créditos con los que hasta hace un año se inflaba de forma falsa la inversión en ciencia, lo que provocó que en 2018 no se gastase uno de cada dos euros destinados a la investigación.

La avalancha de dinero de la UE —26.000 millones de euros solo en subvenciones para 2021— ha remodelado el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021, presentado hoy y aún pendiente de aprobación parlamentaria, hasta dejarlo casi irreconocible. Esto hace que la cantidad total destinada a I+D+i civil, repartida entre varios ministerios, sea de 11.483 millones de euros, un 80% más que en 2020. Pero buena parte de esa partida son fondos dedicados a digitalización, que incluyen la implantación del 5G y otras cuestiones adscritas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que normalmente no computaban como I+D+i. Si de toda esta partida se restan los 4.752 millones que aporta la UE, la subida real de la I+D+i civil propuesta para 2021 es del 5,5%.

La I+D+i militar experimenta una subida inversa: el Gobierno pretende destinar 182 millones de euros más a esta partida, un aumento del 26,8%. La contribución de la UE en este campo sería nula.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), principal organismo de investigación pública del país, aumenta su financiación un 43% hasta los 907 millones, 148 millones de euros a cargo de los fondos europeos. También crece un 29% la Agencia Estatal de Investigación que se encarga de gestionar los principales proyectos de investigación del país y casi un 50% el Instituto de Salud Carlos III, principal organismo de investigación biomédica. Otros organismos públicos de I+D que habían estado muy castigados en los últimos años por la crisis y las trabas burocráticas reciben aumentos considerables, como el de oceanografía (62%), el de tecnología alimentaria (43%) y el geológico y minero (22%).

“Este sería un crecimiento récord, nunca se ha dado un aumento semejante", resalta Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec para la Innovación. “Aún así hay que recordar que por ahora es solo un proyecto que debe ser debatido y aprobado en el Congreso”, advierte. También señala otro reto: que un sistema de ciencia público acostumbrado durante años a una financiación exigua sea capaz de absorber con eficiencia esta inyección de fondos. “Solo vamos a tener una oportunidad como esta y hay que aprovecharla bien”, resume Barrero.

“En una primera mirada, el gasto en I+D+i presenta un incremento sustancial respecto de los presupuestos prorrogados en vigencia; es una buena noticia si se consolida este aumento de forma constante y progresiva en los sucesivos presupuestos anuales", opina Perla Wahnón, presidenta de las sociedades científicas españolas.

“Es un aumento muy positivo, supone un cambio cualitativo”, resalta Xosé Bustelo, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA). “Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos fondos vienen de fuera y debemos pensar si cuando dejen de llegar volveremos a la situación de antes”, advierte.

Hoy se ha presentado una estrategia a largo plazo por la ciencia y la innovación en España que apoyan cerca de 50 sociedades científicas, empresas y organizaciones del ámbito de la I+D. El documento ha sido impulsado por ASEICA, la asociación española de empresas biotecnológicas Asebio y Somma, la organización que aglutina a los mejores centros de investigación del país. El documento recoge 20 medidas que van más allá de la financiación para reformar el sistema de I+D de España. Una de sus peticiones era que el presupuesto destinado al plan nacional de investigación, que está en los mismo niveles que en 2007, aumentase su cuantía en un 50% este año y otro 50% el siguiente, algo que según Bustelo no consigue este proyecto de presupuestos “que se quedan en un aumento del 21%”, explica.

Muchos científicos explican que hay reformas más allá de los presupuestos que son cruciales, pues sin ellas será difícil poder gastar el dinero. Así lo explica Luis Serrano, presidente de Somma. “Este aumento en el presupuesto está muy bien, pero falta eliminar todas las medidas burocráticas que en la actualidad nos impedirán gastarlo”, señala. El Gobierno aprobó en febrero de 2019 un paquete de medidas urgentes para aliviar las trabas, pero según Serrano un 80% de los centros de Somma siguen sin poder aplicar esas medidas porque el Ministerio no les garantiza “seguridad jurídica”.

Además de los presupuestos el Gobierno está promoviendo un pacto nacional en investigación para conseguir un gran consenso entre las fuerzas políticas para que España salga del vagón de cola europeo en I+D+i y se ponga a la altura de su entorno. El Ejecutivo de Sánchez ha enviado este pacto a las sociedades científicas, los rectores, la patronal, los sindicatos y hasta 50 organizaciones del sector para conseguir su apoyo. El siguiente paso será planteárselo a las comunidades autónomas y llevarlo también al Congreso de los Diputados para consensuarlo con el resto de partidos dentro de la negociación de los presupuestos generales del Estado.

El pacto ha sido recibido con tanta positividad como escepticismo. El plan del Gobierno fija objetivos de crecimiento de la I+D en función del PIB y eso en el contexto de una gran incertidumbre económica y las previsiones de contracción económica provocadas por la pandemia. Para Barrero este es uno de los puntos débiles del pacto, del que a pesar de todo es partidario. “Sería más razonable establecer objetivos utilizando criterios que pudieran ser menos sensibles a la coyuntura económica, como podría ser el nivel de financiación pública por habitante”, explica.

“Es un pacto muy vago; nadie se va a oponer a él pero claramente le falta mucha sustancia y hay que llenarlo de contenido”, opina Bustelo.

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