Los bajos precios de la fruta bloquean el convenio del campo

El convenio del campo, el acuerdo entre sindicatos y patronales que debe regir las relaciones laborales, esencialmente con los temporeros que trabajan en las campañas de cosecha, está bloqueado desde 2018 en Cataluña. Las patronales agrarias argumentan que los precios cada vez más bajos con los que venden sus productos, especialmente de la fruta, así como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del año pasado, han puesto en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Los sindicatos, en cambio, creen que se trata de una “excusa” y avisan de que el salario tiene que seguir aumentando.

En las relaciones laborales del campo pocas veces las cosas son o blanco o negro. Los sindicatos comparten muchas de las reivindicaciones de las patronales, que al fin y al cabo son sindicatos agrarios que representan comunidades de agricultores. Todas las voces consultadas, tanto de agricultores propietarios, como de sindicatos de trabajadores, coinciden en que la situación de la agricultura catalana es cada vez más insostenible económicamente.

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Sin embargo, los sindicatos consideran que eso no puede ser una excusa para bloquear un convenio que ha de blindar los derechos laborales de los más vulnerables del sector: los temporeros que, en su mayoría inmigrantes, acuden cada año a las campañas de recogida.

Mañana martes se celebrará una nueva reunión entre sindicatos y patronales para abordar la negociación del convenio, pero ambas partes son pesimistas en llegar a un acuerdo. La experiencia la tienen en el año 2019, en el que la negociación estuvo bloqueada, principalmente por el impacto de ka subida de un 22% del SMI, hasta los 900 euros, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez hace ahora un año. Los sindicatos denuncian que las patronales se negaron a aplicar el nuevo salario mínimo a los temporeros, y lamentan que solo consiguieron esta subida mediante un arbitraje del tribunal laboral en el sector de la fruta de Lleida.

“La patronal tiene problemas, pero pone la escopeta donde no toca: el problema del campo no son los temporeros”, explica Xavier Perelló, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro en Lleida de UGT. Perelló lamenta que el bloqueo del convenio es “sistemático”, y que el aumento del SMI es solo una “excusa”. “Lo que irá bien es que el Gobierno irá subiendo el SMI, y esto nos irá acercando a nuestro objetivo de convenio”, añade. Desde CC OO coinciden en el diagnóstico: “La subida del salario mínimo distorsionó la negociación del convenio. Decían que este incremento acabaría con el sector, pero lo cierto es que en la campaña pasada, cuando ya conseguimos aplicarlo, las contrataciones aumentaron un 33% según la propia Unió de Pagesos”, explica Santi Vidal, responsable de negociación colectiva de CC OO.

La propuesta de los sindicatos es blindar un sueldo mínimo que se anticipe a las próximas subidas del SMI, ya anunciadas por el Gobierno de Sánchez. “Nuestro objetivo es que sean 14.000 euros anuales, y estamos dispuestos a dar una progresividad de dos años para conseguirlo”, explica.

La tormenta perfecta

El convenio afecta a trabajadores asalariados y a temporeros, pero la polémica por el salario mínimo solo tiene que ver con los segundos, que copan las categorías más bajas pero representan tres cuartas partes de los 50.000 trabajadores del campo en Cataluña. Las patronales avisan de que en el campo hay una “tormenta perfecta”. “En estos momentos, muchos cultivos están pasando por una crisis importante.

Con los bajos precios que nos pagan por el producto nos encontramos con que muchas veces tenemos que producir casi por debajo de coste, aunque luego la gente no lo vea: el melocotón, que en el supermercado cuesta dos euro el kilo, a los agricultores se le paga a 30 céntimos”, explica Jaume Domènech, jefe sectorial de la patronal Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). “Los trabajadores no tienen ninguna culpa, no es que estemos en contra de pagar un salario digno”, aclara. “Es que las empresas, si no pueden ser rentables, acabarán cerrando. El problema es global, tenemos que proteger el producto de proximidad”, añade.