La Sagrada Familia precipita el debate sobre si el templo crecerá por la calle de Mallorca

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Junta Constructora de la Sagrada Familia han revelado este miércoles que iniciarán en septiembre las negociaciones y el proceso participativo para determinar si se construye la escalinata de la fachada de la Glòria. Esta estructura, en la calle de Mallorca, arrancaría desde un voladizo previsto en la actual fachada y obligaría a derribar varias fincas para abrir un nuevo acceso al templo de Gaudí desde la avenida de la Diagonal, lo que supondría echar a 3.000 personas que viven y trabajan en la zona. La semana pasada el juzgado de lo contencioso administrativo número catorce de Barcelona admitió a trámite el recurso presentado contra la licencia de obras concedida al templo y ha dado un plazo de 20 días al Ayuntamiento para que entregue el expediente administrativo. El recurso fue presentado por la Plataforma de Afectados por la Sagrada Familia, que reúne a unas 250 familias que ven peligrar sus pisos y negocios, que también han impugnado el plan especial urbanístico ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La aprobación del plan urbanístico del templo supone, de facto, la construcción de una plataforma de 57 metros de largo por cinco de ancho en la fachada de la calle de Mallorca, un primer paso, imprescindible, para ampliarlo después a 10 metros y construir las columnas que soportarían la escalinata y que desbordarían por completo la acera y llegarían a la mitad de la calzada.  "El proyecto del puente con la escalinata (...) queda fuera del ámbito del presente PEUIA", se precisa en la memoria del citado plan. Y es ese debate sobre las escalinatas el que ahora precipita la Junta Constructora y al que se aviene el consistorio.

El Ayuntamiento y la Junta Constructora han anunciado el inicio de las conversaciones durante el acto de entrega de la licencia de obras al templo, una licencia que llega 133 años después de comenzar a construirse y por la que la ciudad ha cobrado 4,6 millones de euros. Es la más cuantiosa jamás pagada por un promotor y se ha concedido cuando solo faltan siete años para terminar el templo, en 2026. Los afectados recurrieron en junio pasado ante los tribunales el plan urbanístico y la licencia. Y también el Colegio de Arquitectos pidió la retirada del plan para abrir el melón y decidir definitivamente si el templo crece más allá de lo que ocupa. Un debate que pone sobre la mesa la discusión sobre la autenticidad del proyecto de la Sagrada Familia y, más en concreto, las tan citadas escaleras que se le imputan a Gaudí cuando hay documentos que lo niegan.

En la solemnidad del Saló de la Ciutat del consistorio, y después de la entrega y las fotos oficiales, cuando el presidente delegado de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha tomado la palabra no ha podido ser más claro al afirmar que después de acordar que la Sagrada Familia pagará 36 millones de euros en 10 años para paliar el impacto que tiene en su entorno y pactar el plan urbanístico del templo y la licencia, el siguiente paso es "iniciar el estudio para resolver la segunda fase para finalizar la totalidad de la obra de Gaudí". "La afrontamos con cierto entusiasmo", ha remachado, aunque hay documentos que avalan que el genial arquitecto no proyectó la escalinata.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha confirmado que las negociaciones comenzarán pasada La Mercè (a finales de septiembre) y ha alertado del "impacto" que tendrá la decisión que se tome. "Es una propuesta que hay que someter a debate, tiene impacto entre los vecinos y la conectividad, no podemos evitar debates desde una perspectiva global. La solución que defenderá el Ayuntamiento es la que tenga menos afectaciones en dos elementos prioritarios, la pacificación de la ciudad y el derecho a la vivienda".

Camps ha insistido en la idea de la Junta Constructora: "La Sagrada Familia siempre pagará lo que toca, ya ha pagado, ahora iniciamos esta nueva etapa con ilusión, hemos conseguido desatascar un problema que se remontaba 133 años atrás y ahora estamos validados para la segunda fase con diálogo, diálogo y diálogo", ha añadido Camps, que ha admitido que la licencia pactada se restringe a "construir en vertical" sobre la manzana comprendida entre las calles de Provença, Sardenya, Mallorca y Marina. "A partir de septiembre iniciamos negociaciones sobre el transporte público, urbanismo y los vecinos y si se cree pertinente comenzaremos la segunda fase", ha insistido.