Los vecinos de la Sagrada Familia acusan al templo de “soberbia” por querer echarles de sus casas
Convocatoria de manifestaciones contra el plan urbanístico del que piden su retirada
Primero fue el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) y ahora son los vecinos del barrio de la Sagrada Familia, muchos de ellos afectados por la expansión que pretende el templo, los que piden al Ayuntamiento que retire la tramitación de un plan urbanístico porque no afronta el meollo de la cuestión: el crecimiento que pretende la Junta Constructora por encima de la calle de Mallorca. Los afectados, unas 3.000 personas que viven y trabajan en las dos manzanas que corren peligro, se defienden en las alegaciones y han decidido pasar a la acción convocando manifestaciones y otros actos a partir del próximo mes y hasta la celebración de las elecciones municipales de mayo. “Nos asombra la soberbia de la Junta Constructora de pretender derribar edificios por su interés. No tienen ningún derecho a echarnos”, apuntaba Carmen Anta, una de las afectadas en la presentación de las alegaciones.
Los vecinos, muchos de ellos con la doble condición de estar afectados, reclaman a los políticos la valentía de afrontar el problema de fondo y que pesa sobre ellos como una espada de Damocles desde 1976 cuando se decidió afectar el tramo central de las dos manzanas contiguas al templo, desde Mallorca hasta Aragó. En las alegaciones se oponen a “trocear el pastel para dejar fuera a los vecinos”, algo que, en su opinión, se ha pactado de forma deliberada y secreta entre el templo y el ayuntamiento. Lo que se está tramitando en este momento es una modificación puntual para legalizar un volumen que sobresaldrá algo más de dos metros por la calle de Provença y el Plan estricto de toda la manzana que ocupa el templo.
Es en este último documento donde se avanza la construcción de un voladizo de cinco metros de ancho por unos 50 de largo y a 25 metros de altura en la fachada de la Glòria, la que da en la calle de Mallorca: “No nos pueden decir que el debate de la afectación de los vecinos se hará más adelante porque ese voladizo ya nos afecta”, insistía Joan Itxaso, de la asociación de vecinos de la Sagrada Familia que, además, está perpleja con la actitud del consistorio. “Lo que se pretende es ir consolidando volúmenes y permitir tirar adelante con las obras”, sostiene el escrito. “Dan el aprobado inicial a los planes del templo, lo presentan como un gran acuerdo y luego viene la alcaldesa y nos dice que está con nosotros. ¿Es qué no sabe qué han pactado?”, remachaba Rosa Izquierdo, otra de las afectadas. El acuerdo se firmó en octubre y suponía la tramitación de los planes urbanísticos para legalizar las obras del templo –nunca ha tenido permisos ni licencias ni ha pagado impuestos- y a cambio la Sagrada Familia aportaría 36 millones de euros en 10 años a la ciudad para costear parte del desgaste y los recursos de movilidad. Sería después de que el plan se apruebe cuando la Sagrada Familia pagaría la correspondiente licencia de unas obras que han estado fuera de control más de un siglo.
En las alegaciones se niega tajantemente que el proyecto de las escalinatas de la calle de Mallorca sea de Gaudí “como lo demuestran documentos que también tiene el ayuntamiento”. Rechazan frontalmente la afectación que se decidió en 1976 y demandan que se levante de una vez: “Se trata de unas 100 viviendas completamente consolidadas, en las que vivimos 3.000 personas además de unos 300 locales y oficinas”.
A vueltas con el informe de Patrimonio
Uno de los informes preceptivos en el plan urbanístico de la Sagrada Familia es el de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, que es la encargada de velar por un bien protegido como es la fachada original de Gaudí. Los vecinos —y también otras alegaciones presentadas al Ayuntamiento—sostienen que ese informe no ha podido ser consultado. Desde la Generalitat se argumenta que lo tiene el consistorio y éste explica que no se puede ver online sino que hay que pedir “vista” del expediente.
Los vecinos dan por sentado que los planes urbanísticos acabarán en los tribunales. De momento, se han presentado varias alegaciones que deberán ser resueltas por el consistorio: la del COAC, la de los vecinos, la de la agrupación escolta que se ve también afectada por las obras, la presentada por Ramón García Bragado –que fue regidor de Urbanismo en la etapa del alcalde Jordi Hereu- y una quinta más. Para que la postura de los vecinos se conozca más han decidido manifestarse en el barrio de la Sagrada Familia a partir de febrero, el sábado 16 será la primera concentración, en la convocatoria de actos divulgativos y en un debate con los grupos que concurran en las elecciones municipales.
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