Varapalo a Almeida: dos jueces obligan a mantener Madrid Central por “la salud y el medio ambiente”

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por PP y Ciudadanos gracias al apoyo de Vox, se está chocando contra un muro judicial a la hora de dejar en suspenso el plan que restringe el acceso de los coches más contaminantes a la zona céntrica de la capital. Dos juzgados diferentes confirmaron ayer la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central tras escuchar a las partes (el Consistorio presentó sus alegaciones el viernes). Y en ambos casos los jueces alegan motivos de salud y medio ambiente para no permitir —aunque solo sea de forma temporal— que se elimine el área de bajas emisiones de la capital.

El juez Jesús Torres Martínez, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 24, entiende que "la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente" y que "ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal [que la suspendía] no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental".

El segundo auto, emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7, responde al recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid firmado por el magistrado Carlos Sánchez Sanz quien asegura que la Administración local "no ha acreditado de forma clara que las medidas que suponen la zona de bajas emisiones Madrid Central hayan supuesto un perjuicio para el medio ambiente y la salud de las personas, teniendo la facilidad probatoria de acreditar este hecho. Tampoco que haya resultado ineficaz para los fines que pretendía. Y en este sentido se puede considerar de forma indiciaria que concurren perjuicios de imposible o difícil reparación como consecuencia de la moratoria de Madrid Central, al afectar la contaminación a la salud de las personas y al medio ambiente". Los autos podrán ser recurridos por las partes en el plazo de 15 días.

La moratoria de sanciones impuesta por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP) —con el apoyo de Ciudadanos—, estuvo vigente tan solo una semana: las multas se reactivaron el 8 de julio por decisión judicial. En el segundo trimestre de este año, los datos de contaminación de la capital han sido los mejores de la década, además de reducirse el tráfico y mejorar las frecuencias de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte. El Ayuntamiento en sus alegaciones ante el juzgado justifica la supresión de Madrid Central por los problemas derivados del sistema de multas. A principios de junio, el Consistorio, con Manuela Carmena como alcaldesa en funciones, tuvo que anular 6.000 multas por errores en los registros. 

El juez Torres Martínez responde en su auto que "aun admitiendo las deficiencias, están por encima los derechos al medio ambiente y a la salud que establecer una moratoria para Madrid Central por el hecho de que se hayan producido deficiencias en el sistema de multas". Y recuerda al Ayuntamiento que "cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador, mediante el archivo de los expedientes, la revisión de oficio o eventualmente la estimación de los recursos que pudieran interponerse, y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones, sin perjuicio que tales deficiencias deben ser corregidas lo antes posible para que el sistema funcione con todas las consecuencias, incluida la sanción al infractor".

La Plataforma en Defensa de Madrid Central, integrada por más de 90 colectivos sociales, la FRAVM entre ellos, celebra la decisión de mantener las sanciones, anteponiendo la protección de la salud y el medio ambiente frente a los intereses particulares de los automovilistas.

El juez Torres Martínez, en su escrito, afea al Ayuntamiento de Madrid que no haya un plan alternativo y que en la actuación de los poderes públicos debe primar la protección de la salud y el medio ambiente. "Lo primero que debe destacarse es que ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente como es Madrid Central, el acuerdo municipal no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar, ello en el plano medioambiental. La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales".

Multas tras una fase de avisos

El área de bajas emisiones de la capital arrancó el 30 de noviembre. En un primer momento, los conductores infractores recibían únicamente una carta de aviso para informarles de que no debían acceder al centro. A partir del 16 de marzo, se activó la fase de multas.

Martínez-Almeida afirmó la semana pasada que el equipo anterior —el gobernado por Carmena— "dio instrucciones de no multar en Madrid Central". "Con una mano decían que entraba en vigor y con la otra, que no se multase", ha acusado. Almeida aseguró, sin mostrar pruebas —afirmó que la orden fue verbal—, que Carmena e Inés Sabanés ordenaron no multar a los vehículos con etiqueta B y C hasta cuatro días después de las elecciones. "No he dado nunca ninguna orden verbal a nadie", aseguró Sabanés, que subrayó que "las multas nunca han sido el centro del sistema", sino la concienciación. "Siempre he explicado que era un sistema gradual, que se iba controlando y evaluando remesa a remesa, para garantizar la seguridad de los usuarios", explica.

El juez, autor del primero de los autos, recuerda al Ayuntamiento que de no suspenderse el acto impugnado, teniendo en cuenta que el tema se encuentra en un proceso ordinario, "se estarían emitiendo gases contaminantes en la zona afectada al establecer una moratoria en relación con las sanciones que pudieran producirse por la comisión de presuntas infracciones por la entrada de vehículos no autorizados en la zona de Madrid Central, que afectaría al medio ambiente y a la salud de las personas, sin que estos daños pueden ser objeto de reparación por cuanto una eventual indemnización no resuelve el problema de salud creado o agravado al ciudadano, y en cuanto a la lesión al medio ambiente, no se aprecia cómo podría ser eliminada si no es con el transcurso de un prolongado espacio temporal. Una posible sentencia estimatoria tendría efectos hacia el futuro, mas ya se habrían creado los daños en el pasado".