La regulación del alquiler agrieta al Govern en plena campaña electoral

La regulación del precio y duración de los contratos de alquiler ha provocado, en plena campaña electoral de las municipales, una nueva grieta en el Govern, entre los socios de ERC y Junts per Catalunya. A diez días del 26-M, la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), ha anunciado este jueves que el ejecutivo catalán aprobará el martes un decreto ley para regular los alquileres. Un texto que deben pactar los socios del Govern, porque depende de Justicia y también de Territorio, que tiene las competencias en materia de vivienda. Y fuentes de este departamento, que dirige Damià Calvet (de JxCat) han sido tajantes: “No hay acuerdo”.

La burbuja de precios del alquiler, que está expulsando a vecinos de Barcelona de sus barrios, se ha convertido en uno de los grandes temas de la campaña en Barcelona. En la capital todos los partidos acusan a la alcaldesa y candidata a la reelección Ada Colau de no haber cumplido sus promesas en construcción de parque de pisos sociales y no haber evitado los desahucios. A Colau fue precisamente su lucha contra por el derecho a la vivienda le aupó a la alcaldía. Y mientras acusan a la alcaldesa de haber “fracasado”, prometen hacer miles de pisos. Otro frente es el legislativo: regular el mercado del alquiler, algo que Colau lleva pidiendo desde 2016.

Con estos mimbres, y con el principal adversario de Colau en las elecciones, el republicano Ernest Maragall, prometiendo en campaña que conseguirá que la Generalitat regule el alquiler en la ciudad, la consejera Capella se ha reunido con agentes inmobiliarios y ha anunciado el decreto ley para la semana que viene.

De hecho, la consejería de Justicia anunció en marzo que se ponía a trabajar para regular los alquileres, tanto el precio como la duración de los contratos, a través del Código Civil catalán, que aseguró que era la vía jurídica para evitar conflictos de competencias. La noticia llegó solo tres días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informara de que alargaría los contratos de tres a cinco años. Sánchez no había regulado los precios, tal y como le había prometido a Colau en octubre pasado.

Este jueves la consejera de Justicia ha anunciado que acelera la legislación anunciada, y se materializará por decreto ley, una fórmula por la que las novedades legislativas entran en vigor de forma inmediata. Capella ha adelantado que el decreto permitirá alargar la duración de los contratos hasta un plazo de entre seis y diez años; obligará a las sociedades a hacer contratos más largos que a los particulares; limitará los precios, e impedirá que los inquilinos tengan que adelantar tres meses en concepto de fianza.

La consejera ha explicado que se facultará al departamento competente en materia de vivienda (el de Territorio y Sostenibilidad) para que pueda regular los precios o bien capacite a los ayuntamientos para hacerlo. Pero su titular, Damià Calvet (Junts per Catalunya), siempre se ha mostrado reacio a esta regulación. Horas después del anuncio de Capella fuentes de Territorio han asegurado: “No hay ningún acuerdo. Nosotros no anunciamos acuerdos si no están cerrados. Si cuatro días antes lo anuncian por electoralismo nosotros decimos que no está cerrado”. Otras fuentes del mismo departamento alertan de los conflictos de competencias que el decreto puede provocar y recuerdan que incluso la Autoridad Catalana de la Competencia ha expresado dudas al respecto.

Sobre la urgencia en aprobar el decreto, Capella ha justificado que lo plantea después de la votación, la semana pasada, de una moción presentada por ERC y aprobada en el Parlament con Junts per Catalunya y los comunes, que pedía “medidas urgentes” para “limitar el incremento de los precios del alquiler en zonas de fuerte demanda acreditada”. La consejera ha señalado que las actuales subidas “no se ajustan a la realidad social ni a los salarios de las personas”.

Al conocer la discrepancia del departamento de Calvet, fuentes de Justicia han respondido que el decreto “se aprobará el martes que viene” y han recordado que Junts per Catalunya votó la moción del Parlament que pedía medidas de urgencia.

Tras hacerse público el anuncio del decreto ley, la portavoz de los comunes en el Parlament, Susanna Segovia, ha afirmado: “En políticas de vivienda la Generalitat se dedida a gesticular, esta vez lo hace ERC y en campaña electoral. Ahora dicen que regularán los precios después, de un año de decir que no y después de impedir que el Parlament inste al Gobierno del Estado a hacerlo”.